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La Policía española carece de un protocolo para la repatriación de inmigrantes violentos: copia una norma europea para “regular” expulsiones

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Navegan a la deriva. No existen normas que expliquen a los agentes cómo hay que expulsar a un ciudadano que se resiste con violencia a su expulsión. Los policías actúan según les suele dictar su propio criterio, arriesgándose a un expediente, una sanción o poniendo en juego su propia integridad. La Dirección General de Policía remite a una normativa europea. Los partidos políticos han olvidado el tema.

Desde que en el verano de 1996 se procediera a la expulsión de 103 inmigrantes sedados con Haloperidol, nadie ha movido ficha para establecer protocolos de actuación, pautas de obligado cumplimiento que garanticen los derechos de los expulsados y doten de seguridad jurídica a la actuación de los policías.

Se trata de una vieja reivindicación de los sindicatos y de las unidades de extranjería y documentación que se agrava y aumenta con el aumento de la inmigración ilegal. Hace unos días, un ciudadano nigeriano falleció en un avión de Iberia cuando iba a ser deportado a su país en circunstancias que están siendo investigadas. Hace unas semanas, un avión tuvo que aterrizar en Málaga después de que varios inmigrantes se amotinaran a bordo. Los casos sólo salen a la luz si hay víctimas o incidentes graves. Los demás y, son muchos, se quedan en informes policiales que no acaban en nada.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, el asunto está sobre la mesa desde hace años. “En 2003 la respuesta de la Dirección General fue que lo redactáramos nosotros. Así la responsabilidad recaía en los agentes”. Y el asunto quedó, de nuevo, en tierra de nadie.

El tira y afloja acabó un año después. La Dirección envió un protocolo de actuación, al que ha tenido acceso ECD. El documento es copia de un acuerdo aprobado por la Unión Europea sobre Asistencia en casos de tránsito de repatriación o alejamiento por vía aérea y sobre la Organización de vuelos conjuntos de dos o más Estados miembros. Aún así, el documento se recibió como un primer punto de partida sobre el que todas las partes podrían efectuar propuestas para adoptar un texto en común.

La Confederación Española de Policía fue una de las organizaciones que efectuó alegaciones, que aún no han recibido respuesta. Entre los puntos en discordia, están los que afectan al uso de medidas de fuerza contra los individuos que se opongan a la expulsión de forma violenta. El texto otorga la decisión de “levantar” dicha medida al responsable del vuelo cuando, según estas fuentes, debería ser responsabilidad del agente responsable del dispositivo.

Además, los agentes plantean la necesidad de regular cuestiones como:

-- Evitar las expulsiones de inmigrantes con enfermedades infecciocontagiosas.

-- La necesidad de que los expulsados estén documentados con salvoconductos o lese passez expedidos por sus consulados así como los funcionarios que los acompañan.

-- La obligatoria vacunación de los agentes con tiempo suficiente.

-- Proporcionar al agente responsable dinero suficiente para posibles contingencias ya que la norma es que tengan que hacer frente con dinero de su bolsillo.

-- El Plan prohíbe el uso de armas. Los agentes piden la posibilidad de llevar medios de defensa dado que las agresiones no son inusuales.

-- A cada inmigrante le deberá acompañar, al menos, dos policías.

-- Se emplearán lazos o chalecos inmovilizadores de seguridad cuando proceda.