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Temor entre los vecinos de Cambrils por el Plan de Ordenación Urbanística que podría dejar sin vivienda a 1.500 familias

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Alrededor de 1.500 familias de la localidad costera de Cambrils (Tarragona) ven amenazados sus domicilios por el nuevo Plan de Ordenación Urbanística que acometerá el Ayuntamiento en un plazo de 6 años. El mencionado plan, aprobado el 16 de diciembre del pasado año, pretende dotar a la ciudad de calles más anchas, zonas verdes, aparcamientos, hoteles de lujos y edificios de altura entre otras propuestas.

Alrededor de 1.500 familias de la localidad costera de Cambrils (Tarragona) ven amenazados sus domicilios por el nuevo Plan de Ordenación Urbanística que acometerá el Ayuntamiento en un plazo de 6 años. El mencionado plan, aprobado el 16 de diciembre del pasado año, pretende dotar a la ciudad de calles más anchas, zonas verdes, aparcamientos, hoteles de lujos y edificios de altura entre otras propuestas. Las mejoras urbanísticas supondrían la demolición de edificios y bloques de apartamentos —algunos de ellos todavía en construcción- que afectarían al barrio del Regueral en su totalidad y a una parte de Horta de Santa María. En este sentido, los vecinos han comenzado con movilizaciones y protestas, y muchos se plantean recurrir a la vía judicial a instancias de los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento. ECD se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cambrils para confirmar los hechos, desde donde se advierte que “todavía no hay nada decidido”. Además, se añade, los vecinos “conocerán la decisión definitiva el 26 de enero en la sesión informativa que se dará en la Sala de Plenos del Ayuntamiento”. Curiosamente, sólo dos días después, el 28, expira el plazo para formular alegaciones. Los edificios actuales se encuentran cercanos al puerto y fueron construidos entre los años 60 y 70. Por lo pronto y tras el anuncio de la reorganización inmobiliaria, el precio de las viviendas del Regueral —según denuncian los afectados- han sufrido una devaluación. En este barrio, los vecinos ya han acordado constituir una asociación de propietarios así como una junta gestora para unificar las quejas junto con otras zonas afectadas. Sobre el realojamiento de las 1.500 familias afectadas, un portavoz oficial del Ayuntamiento se ha limitado a decir que “serán compensadas” y que se conocerán las decisiones últimas el próximo 28 de enero.

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