Sánchez alcanzó un pacto secreto con Pere Aragonès para prohibir el español en Cataluña
Pere Aragonès, asegura que pactó que el Gobierno no recurriese la normativa catalana, aprobada a mediados de este año
Así lo desveló anoche en una entrevista en TV3, donde explicó que este fue uno de los pilares para reimpulsar hace unos meses la negociación de la mesa de diálogo, que había quedado congelada a raíz del espionaje a varios líderes independentistas, el denominado caso Pegasus.
En el marco de los "acuerdos de protección de la lengua catalana" presentados a finales de julio, tras la reunión entre ambos Ejecutivos celebrada en Madrid, el president dijo anoche que lo primero que se pactó fue "que no se impugnara la ley del catalán en la escuela". "Era imprescindible para contribuir a generar confianza en las partes de la negociación", enfatizó.
"Si empiezas a negociar y te impugnan la ley que defiende el modelo lingüístico y que tiene una amplia mayoría parlamentaria, ya podemos terminar", añadió el jefe del Govern durante la entrevista en la televisión autonómica.
En el Ejecutivo central remiten a que el asunto está en manos de la Justicia. Fuentes del Ministerio de Educación explican que, cuando el TSJC les requirió su opinión acerca de elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, enviaron un escrito a través de la Abogacía del Estado donde mostraban su conformidad con esta consulta para que se valorase la cuestión de inconstitucionalidad. Recuerdan desde el departamento liderado por la ministra Pilar Alegría que el TSJC elevó la consulta con el aval no solo de la Abogacía del Estado, sino también de la Fiscalía.
Pacto oculto con la Generalitat
Interrogado esta mañana por las palabras de Aragonès, Félix Bolaños se ha limitado a señalar que el pacto alcanzado con la Generalitat supone "garantizar que el catalán y el castellano se impartirán en las aulas". El ministro de la Presidencia, uno de los miembros del Gobierno que participa en la mesa de diálogo, ha dejado todo en manos de la consulta elevada por el TSJC, sin entrar más en el fondo sobre el pacto desvelado por Aragonès. "Hay un procedimiento judicial abierto, el propio TSJC presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que se está dilucidando. Lo que finalmente decidan los tribunales es algo que las administraciones públicas tenemos que aplicar sin más", ha expuesto.
Tras la última reunión del foro bilateral, el pasado julio, el ministro ya dijo que el Ejecutivo central avala la ley de usos lingüísticos en la enseñanza no universitaria, aprobada con el voto favorable del PSC, porque representa "al 80% de la ciudadanía". "El catalán es una lengua española y, por tanto, existe una obligación de impulso para el Gobierno central. Se fortalecerá su impulso en la escuela y se reafirma el compromiso del pleno dominio del catalán y el castellano al acabar los estudios", señaló Bolaños entonces.
Por su parte, la asociación Escuela de Todos, que aglutina a 15 entidades que reclaman la vehicularidad del castellano en las aulas catalanas, ha anunciado que informará al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, "del pacto del Gobierno de España y la Generalitat para incumplir la sentencia del 25%". Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, una de las 15 integrantes de la plataforma, reprochó recientemente, en declaraciones a El Mundo, "la pasividad del Gobierno después de que tanto el consejero como directores de centros no acatasen las resoluciones judiciales".
