Defensa encuentra objeciones legales para sancionar a los militares que apoyan a Franco

La decisión del Gobierno Sánchez es firme: responder de forma contundente a los militares que se han adherido o vayan a adherirse en el futuro a cualquier manifiesto que respalde la figura de Francisco Franco. Y hacerlo con sanciones.

Hasta ahora son cinco los reservistas que Defensa ha ordenado investigar para determinar si su firma adjunta en la denominada “Declaración de respeto y desagravio al General D. Francisco Franco Bahamonde, soldado de España” podría ser constitutiva de una falta contra la neutralidad política que se exige por ley al personal militar.

El teniente general Miguel Ángel Villarroya ha sido designado por el ministerio como instructor del caso. La administración ha iniciado la tramitación de una “información reservada” –un expediente- para determinar posibles responsabilidades de estos cinco militares.  Y también el de otros firmantes que figuran en la lista.

Margarita Robles decidirá sobre su sanción

Los investigados ya han sido llamados a declarar para comprobar si se reafirman en su apoyo al contenido del escrito o se retractan. Tras la declaración, se elevará un informe a la ministra Margarita Robles, que será la que decida si la conducta es merecedora de una sanción.

Estos cinco militares son los únicos de los cientos de firmantes que aún tienen vinculación profesional con el Ministerio, por lo que una manifestación política podría costarles una sanción e incluso su expulsión. Sin embargo, tal y como explican fuentes próximas al proceso consultadas por ECD, no es “ni mucho menos fácil”. El encaje legal de la sanción “va a ser muy complejo” admiten.

Un texto abierto a interpretación

Según estas voces, la forma en la que está redactada la declaración podría dificultar significativamente un proceso de sanción. El trasfondo del texto, admiten, queda demasiado abierto a interpretaciones acerca de si se trata de una manifestación política -que constituiría un delito- o la defensa de la figura histórica de un militar.

En eso se apoyan los argumentos de defensa de los cinco militares, que reivindican que se trata de “un apoyo a un personaje histórico que fue compañero de milicia”. Algo que ni la ley de Memoria Histórica ni la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas prohíben explícitamente.

El deber de neutralidad política

El punto de fricción surge cuando se interpretan los límites a los derechos de libertad de expresión de los militares, que aparecen cuando se trata de asuntos que afectan a la seguridad o defensa nacional, a la dignidad de las personas y de las instituciones.

La neutralidad política que contempla la legislación impide a los militares pronunciarse a favor o en contra de un partido, sindicato, o candidato concreto, e incluso hacia una opción política concreta.

Sin embargo, tal y como admiten a ECD fuentes próximas al proceso, el texto “no es fácilmente atribuible a una opción política” por la manera en que está escrito, centrado en la figura de Franco como personaje histórico y a su carrera como militar.

Franco, personaje “histórico” y no político

En el documento se habla textualmente de “defensa de la figura militar del General Franco”, algo que según argumentan en la propia declaración viene recogido dentro de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas:

-- “Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra”.

Los firmantes centran el relato efectivamente sobre la figura y méritos de la carrera militar de Franco, recomendando la “lectura sosegada y objetiva de su Hoja de servicios”. “Desde el joven Segundo Teniente de 17años, hasta los 33 como General de menor edad de Europa, siempre solicitó los puestos de mayor riesgo y fatiga, disciplinado, subordinado y siempre preocupado por los soldados a sus órdenes, a los que mandaba con el ejemplo, fue herido de gravedad en combate y ascendido varios empleos por méritos de guerra”.

Defensa, con las “manos atadas”

La redacción del texto “está pensada, valorada, sopesada y medida al milímetro para evitar cualquier tipo de objeción política” explican las voces consultadas. Y eso deja a Defensa con las “manos atadas”.

“Lo más probable es que haya una sanción a quienes aún tienen vínculos laborales o profesionales con el Ministerio, pero el problema es lo que viene después” admiten. “Seguramente habrá recurso y esto acabe en los tribunales, posiblemente hasta en el Constitucional. Y el resultado es incierto”.

Por ello, aseguran estas voces, en Defensa hay opiniones encontradas sobre cómo actuar en este asunto, aunque parece que hay muchas opciones de que derive en un expediente disciplinario abierto contra los cinco reservistas firmantes. Pero posiblemente el caso no acabará ahí.