Ferrovial acaba de quedar absuelta de la financiación irregular a Convergencia

ACS y OHL toman nota del caso Palau: los supuestos pagos ilegales al PP han prescrito

Insistirán ante los jueces de los casos Gürtel, Púnica y Lezo en el vencimiento de los presuntos delitos de tráfico de influencias y administración desleal

Palau de la Música, en Barcelona.
Palau de la Música, en Barcelona.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto por prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias a los dos directivos de Ferrovial, acusados por el saqueo de 23 millones en el caso Palau. En ACS y OHL, involucradas por algunos acusados en escándalos de supuesta financiación ilegal del PP, han tomado nota de la sentencia.

Los ex directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura Juan Elízaga, se enfrentaban a una pena decuatro años y medio de prisión. En cambio, la sentencia les acaba de declarar inocentes de la acusación de administración desleal. Concluye que no hubo perjuicio para la compañía.

Por otro lado, el delito de tráfico de influencias, vinculado a las comisiones de CDC, ha prescrito. En todo caso, Ferrovial ha reiterado que las adjudicaciones en las que ha participado fueron correctas.

ACS y OHL toman nota de la sentencia

Ante esta sentencia, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del sector, otras de las grandes constructoras inmersas en procesos judiciales por presunto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, como es el caso de ACS o OHL con el PP, han tomado buena nota de este fallo.

Ahora, defenderán ante el juez en las causas que les quedan pendientes en Gurtel, Púnica y Lezoque, a pesar de que pudieran probarse los hechos de los que se les acusa, los directivos presuntamente señalados por supuestos pagos irregulares en estas tramas deben ser absueltos al considerar que los delitos de administración desleal y tráfico de influencias han prescrito.

Absuelta por la prescripción de los delitos

En efecto, la sentencia destaca que Ferrovial cesó a Buenaventura de sus funciones (era director territorial en Barcelona) el 23 de febrero del 2006 y el último hecho en el que habría intervenido sería un pago de la constructora al auditorio días antes, en concreto el 16 de febrero.

Entre esta fecha y el 16 de marzo de 2011, cuando fue imputado, pasaron más de tres años, que es el plazo contemplado para la prescripción del tráfico de influencias.

Algo similar ocurre con Lízaga. Ha sido exculpado de administración desleal y ha prescrito el delito de tráfico de influencias. Pasaron más de tres años desde que el 22 de junio de 2009 hiciera su último ingreso de dinero en el Palau hasta que fuera citado a declarar como imputado, el 10 de abril de 2013.

 

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