Se agotan los plazos para la fusión de Caja Duero y Caja España: quedan 10 días para reducir el número de consejeros (280), pactar las prejubilaciones y solucionar la movilidad

Los primeros días de enero serán decisivos para el progreso de la fusión entre las principales cajas de Castilla y León. Antes del siete de enero tendrán que presentarle al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un plan definitivo para su integración. “Si no llegan, no podrán pedirle dinero del FROB” adelantan desde el banco central. Cuatro días más tendrán para solventar los aspectos de logística y personal, antes de que se reúna por segunda vez la mesa laboral el 11 de enero.

“Su tema lo han solventado rápidamente, de forma que no sobre ningún consejero, a ver si tienen la misma prisa para garantizar el trabajo al resto de la plantilla”, denuncian fuentes sindicales con representación en ambas cajas castellanoleonesas.

Estas mismas fuentes explican a El Confidencial Digital que gracias a “una reforma exprés” de la ley de cajas de Castilla y León, aprobada el pasado 16 de diciembre, se ha duplicado el número máximo de representantes en la asamblea de la entidad que resultará de la fusión, por lo que el total de los 280 consejeros actuales tiene asegurado su sillón en las reuniones directivas de la nueva caja.

No obstante, esta ‘inmunidad’ se acabará en 2012, fecha tope para aquellos consejeros que hayan agotado el tiempo legal de permanencia establecido de 12 años. Durante esos dos años –tiempo que se espera dure el proceso de fusión- los consejeros que lleven más de doce años en Caja Duero o Caja España deberán abandonar sus cargos, de forma que la asamblea de la caja fusionada volverá a tener un máximo de 160 miembros, siempre y cuando no vuelva a modificarse la ley de cajas.

Directivos de ambas cajas reconocen a ECD que desde el 28 de diciembre, día en que se reunió la mesa sindical, “las posiciones se han distanciado mucho”. El encuentro sirvió para conocer las líneas generales del plan de viabilidad elaborado por la consultora KPMG, que supone la amortización de 846 puestos de trabajo (300 en Caja Duero y 546 en Caja España) y el cierre de 253 oficinas, 116 de Caja Duero y 147 de Caja España. Los aspectos que más ampollas han levantado fueron los siguientes:

-- Prejubilaciones. La patronal ha ofrecido a todos aquellos empleados que opten por la jubilación anticipada un 75% de su sueldo, siguiendo algunas de las recomendaciones recogidas en el informe de KPMG. En cambio, aquellos empleados que superen la media del convenio, recibirán el 65%. Todos los sindicatos presentes en esta negociación (CC.OO.,UGT y CSICA) han logrado ponerse de acuerdo en un solo punto y rechazar de forma unánime “cualquier propuesta por debajo del 90%, que es lo que se ha dado siempre en las dos entidades”.

-- Movilidad. Aunque en el análisis confidencial realizado por la consultora se habla de movilidad voluntaria, algunos de los presentes en la primera reunión de sindicatos, comité de empresa y patronal, aseguran que “lo que quieren en las cajas es movilidad forzosa, en función de las necesidades de la entidad, no del trabajador”. Otra reclamación compartida por los sindicatos es que “no hay kilometraje ni contraprestaciones concretas, son todo generalidades”