Dinero

La reforma legislativa contempla penas de hasta tres años de cárcel

Empleo crea su propia ‘UDEF’ para perseguir los delitos laborales

Integrada por 150 inspectores de élite, está enviando ya denuncias a juzgados y fiscalías notificando trabajos ilegales y fraudes a la Seguridad Social

Rajoy y Fátima Báñez.
photo_cameraRajoy y Fátima Báñez.

El ministerio de Empleo ha creado su propia 'UDEF'. Se trata de la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a la Justicia, conocida entre los inspectores de Trabajo como la 'nueva UDEF' contra la delincuencia laboral. Su misión es elaborar informes y enviarlos a los jueces para que estos a su vez inicien procedimientos judiciales que penalicen actuaciones ilegales en el mercado de trabajo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) lleva tiempo en primer plano de la actualidad, por la publicación en la prensa de sus informes sobre casos de corrupción, unos trabajos con gran repercusión mediática, como las supuestas cuentas en Suiza de la familia Pujol, la implicación de Ana Mato en la trama 'Gürtel', sobre las donaciones al PP, y el último identificando las siglas PAC que aparecen en los papeles de Bárcenas con Paco Álvarez Cascos.

Sus investigaciones, realizadas por los más de 300 agentes que forman la UDEF, van dirigidas sobre todo a perseguir cinco tipos de delitos económicos: fraude fiscal, blanqueo de capitales, fraudes al consumo, a la Seguridad Social y fraudes bancarios y bursátiles.

Persecución de los delitos laborales

Los efectivos dedicados dentro de la UDEF a investigar fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social se consideran insuficientes por el Gobierno, y son, además, los únicos que no trabajan en el complejo policial de Canillas, sino en un edificio del Ministerio de Empleo.

Ante esas carencias, según ha sabido El Confidencial Digital, el ministerio de Empleo ha creado su propia 'UDEF', que tendrá una dedicación exclusiva: la lucha contra la delincuencia laboral.

Esa unidad de investigación alertará a los tribunales de Justicia y les facilitará las pruebas de los empleos irregulares y los fraudes a la Seguridad Social que descubra como resultado de sus inspecciones.

El nuevo organismo dependerá de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, dentro del departamento que dirige Fátima Báñez, y no de la Policía Nacional..

150 inspectores y subinspectores de élite

Según las fuentes consultadas por ECD, la Unidad Especial contra los delitos laborales está integrada por un cuerpo de 150 inspectores y subinspectores de élite.

Se configura, según explican personas conocedoras de su existencia y funcionamiento, como una estructura especializada de inspección y coordinación altamente cualificada.

Primeros informes a la Fiscalía del Estado

Esos equipos se encargarán de facilitar a jueces y magistrados todas las informaciones recogidas cuando, según sus comprobaciones aprecien la comisión de un delito laboral. Y responderán a las nuevas demandas de información e investigación que puedan solicitar los juzgados.

Las investigaciones se iniciarán, bien por una denuncia individual, bien por los avisos recibidos de los controles realizados por los inspectores del cuerpo. Si existen indicios de delito, la 'nueva UDEF' laboral enviará un informe de requerimiento al juzgado, para realizar las indagaciones pertinentes.

De hecho, fuentes judiciales a las que ha tenido acceso ECD confirman que la Fiscalía General del Estado ha recibido ya algunos informes de esta nueva unidad de élite de la Inspección de Trabajo. En breve, aseguran, iniciará de forma sistemática y oficial las primeras investigaciones.

Penas de tres años de cárcel

Expertos en derecho laboral consultados por este confidencial explican que la reciente reforma del artículo 307 del Código Penal otorga mayor potestad a los jueces para imponer fuertes sanciones a los infractores, no solo administrativas:

Dice así: “Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida de la misma, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía que informar, causando con ello un perjuicio a la Administración, será castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión”.

Además, se puede imponer al infractor o infractores la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un de tres a seis años.

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