Dinero

Hay más de 350.000 pequeños accionistas afectados

Primeros movimientos judiciales para convertir la caída del Popular en un nuevo caso Bankia

El juez Andreu ha encargado a dos peritos del Banco de España que investiguen si hubo falseamiento de cuentas en la ampliación de capital. Abre la puerta a una oleada de demandas

Ángel Ron, presidente del Banco Popular España.
photo_cameraÁngel Ron, presidente del Banco Popular España.

Primeros pasos en la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación penal sobre las presuntas irregularidades que condujeron a la liquidación del Banco Popular, para convertir la caída de la sexta entidad del país en un nuevo caso Bankia. Y no sólo porque ambas causas comparten instructor, el magistrado Fernando Andreu.

El juez acaba de solicitar diversa información relacionada con la gestión del Banco Popular a varios organismos, entre ellos el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), así como informes de riesgos sobre la entidad realizados por sus competidores.

En un auto de nueve páginas, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 ha requerido cerca de 80 documentos relacionados con diferentes aspectos de la administración, desde el gobierno corporativo, a las actas de los Consejos celebrados entre 2014 y el pasado 7 de junio, fecha de la resolución, así como detalles de las auditorías internas y externas.

Inquietud en el Banco de España y el Santander

Sin embargo, según destacan fuentes financieras a El Confidencial Digital, Andreu ha encomendado una “tarea concreta” a dos inspectores del Banco de España que actuarán como peritos judiciales en la investigación de la liquidación del Popular. La misión que han recibido es clara: deben comprobar si la entidad “maquilló las cuentas”.

Un encargo similar que el magistrado realizó también en el comienzo de la instrucción del caso Bankia. Por ello, el movimiento ha comenzado a generar “cierta inquietud” en la cúpula económica del Gobierno, los reguladores (Banco de España y CNMV) y en el nuevo propietario del banco desde el pasado junio, el Santander.

Dos años después, y tras la elaboración de tres informes, los dos inspectores del supervisor, que trabajaron entonces para el juez Fernando Andreu en el caso Bankia, concluyeron que existió un “claro maquillaje contable”, avalado por el Banco de España y con “la participación” de la firma de consultoría Deloitte. Así, el análisis resultó contrario a las tesis del propio supervisor bancario.

Centrar la investigación en la ampliación de capital

Las fuentes financieras consultadas por ECD revelan que el “nerviosismo” se ha desatado después de que el juez Andreu haya vuelto a poner el foco de la investigación pericial, por segunda vez, en un aspecto que amenaza con provocar un aluvión de demandas de miles de afectados.

Llama la atención esta reclamación para que los dos inspectores del Banco de España “determinen si el folleto y documentación sobre la que se asentó la ampliación de capital”, que el Popular acometió en 2016, “ofrecía la imagen fiel de la entidad”, y si realmente “estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación”.

En el caso de Bankia, los peritos concluyeron tras su análisis que hubo falseamiento de cuentas en su salida a Bolsa y el Supremo declaró que la entidad debía compensar a los 200.000 minoritarios que adquirieron acciones en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) en 2011.

En el Banco Popular, el volumen de afectados es considerablemente mayor: 350.000 pequeños accionistas acudieron a la ampliación de capital de 2016, puesta ahora por el magistrado instructor en el foco de todas las sospechas.

Compensación inmediata a los pequeños accionistas

La caída de Bankia dejó sin ahorros a miles de accionistas. Pero los más afectados, y en los que los tribunales pusieron mayor énfasis, fue en los minoristas que acudieron a la salida a Bolsa, que se llevó a cabo en base a una contabilidad irreal.

Como en la ampliación del Popular, la salida a Bolsa se colocó en gran medida en las sucursales a los denominados “clientes de toda la vida”. Quizás por ello, el Santander se ha apresurado a compensar a los pequeños accionistas que acudieron a la ampliación de capital que lanzó Ángel Ron en 2016, puesto que las cuentas de ese año se tuvieron que reformular, pasando de unas pérdidas de unos 2.000 millones a casi 3.500.

En ámbitos próximos a la entidad que preside Ana Botín reconocen que el lanzamiento de esos bonos de fidelización forma parte de un plan para reducir los daños de “tener que digerir un Popular que acabe convertido en una nueva Bankia”. El Santander ha calculado en 680 millones de euros el coste “por potenciales compensaciones a los accionistas de Popular” tras su resolución.

Es decir, trata de ahorrarse parte del coste reputacional y económico de las demandas, el azote de los despachos mediáticos y la repercusión mediática y social de los varapalos judiciales durante más de cinco años. En el caso de Bankia fue la salida a bolsa; ahora en el Popular, la atención se fija en la ampliación de capital.

En cualquier caso, los accionistas del Popular han comenzado a pleitear, y en varias demandas ya han recurrido a esta argumentación: que acudieron a la ampliación de 2016 pensando que la evolución del banco era mejor que la que realmente era.

Una estrategia de defensa similar a la utilizada en las demandas por la salida a Bolsa de Bankia, que sentará en el banquillo este año a Rodrigo Rato y el resto de responsables de la nacionalización de la entidad.

Un proceso que ha dejado también en el camino un fuerte desgaste para Bankia con miles de demandas en los últimos años, que han llevado los recursos hasta el Supremo.

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