Reunión secreta del presidente del Santander con la ministra de Economía tres días después de la ‘denuncia preventiva’ contra Emilio Botín y familia por el dinero de Suiza

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, celebraron el 19 de junio, domingo, una reunión, fuera del despacho oficial de cada uno de ellos, de la que no se ha facilitado información por ninguna de las partes. Ni siquiera de que tal cita se haya celebrado.

Según ha conocido El Confidencial Digital en fuentes de la Administración, el encuentro se concertó directamente entre los dos protagonistas, y, para que no trascendiera que había tenido lugar, acordaron que no se celebrara en el despacho de ninguno de los protagonistas, sino en otro escenario más discreto.

El lugar elegido fue la anónima sede de la “Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda”, situada en un edificio del Paseo de la Castellana número 106, en el que apenas hay rastros externos de que albergue esa dependencia del ministerio de Hacienda.

Ordenes de máxima discreción

Desde el equipo de Elena Salgado se notificó al personal afectado del ministerio de Hacienda, que, al ser domingo, tenían que ultimar los detalles materiales para posibilitar la celebración del encuentro, así como la orden de guardar la máxima discreción sobre esa cita de la ministra.

De hecho, en un primer momento no se les comunicó quién iba a ser el misterioso e importante interlocutor de la titular de Economía, al que recibiría en un despacho que no es el suyo de la calle Alcalá.

Incluso circuló entre los funcionarios la hipótesis de que se trataba de un personaje “del extranjero”, y finalmente se llegó a comentar que el visitante era “de Rusia”.

Duró una hora

La reunión del presidente del primer banco español con la vicepresidenta económica se celebró tres días después de que se difundiera la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu había admitido a trámite una denuncia, presentada por la Fiscalía Anticorrupción, contra Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos cinco hijos, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental a propósito de un dinero depositado en Suiza por su padre y abuelo, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso ECD, la reunión entre la vicepresidenta económica y el presidente del Banco Santander se prolongó durante una hora, al cabo de la cual abandonaron el edificio del Paseo de la Castellana con la misma discreción con que llegaron.

Una ‘denuncia preventiva’

Como ya se informó en ECD, Emilio Botín considera que la actuación de la Agencia Tributaria contra su familia ha sido “un atropello”. Algunas fuentes económicas consultadas por El Confidencial Digital apuntan incluso que, como resultado, podrían producirse algunos ceses en la Agencia Tributaria por lo ocurrido: la denuncia hecha a toda prisa con la excusa de evitar la prescripción de los hechos.

Expertos fiscales han destacado la singularidad de que se haya producido una ‘denuncia preventiva’.

A la Agencia Tributaria acaba de llegar un nuevo director, José María Meseguer, hasta ahora director del Departamento de Recaudación, en sustitución de Juan Manuel López Carbajo, nombrado secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos tras la salida de Carlos Ocaña

La compra de deuda española

Cuando se produjo la ‘denuncia preventiva’, fuentes del sector financiero a las que tuvo acceso El Confidencial Digital aludieron a una tensa conversación de Emilio Botín con un alto cargo del Gobierno en relación con la compra de deuda española por parte del Banco Santander.

Según esas informaciones, el banquero puso dificultades a que la entidad siguiera comprando deuda, dada la mala situación en que se encuentra y el riesgo que se asumía, y la respuesta de ese alto cargo ante la negativa a seguir comprando fue: “Tú verás…”.

Y a los pocos días se produjo la iniciativa de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía con la denuncia ante la Audiencia Nacional.

Sin embargo, en fuentes cercanas al propio Banco Santander se niega esa versión, y se insiste en que la política del banco en relación con la compra de deuda sigue siendo la misma que desarrolla desde hace tres años.

Cuentas en el banco HSBC

En mayo de 2010, las autoridades francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de españoles con fondos en cuentas del banco suizo HSBC, entre ellos doce miembros de la familia Botín (Emilio Botín y sus cinco hijos, junto con Jaime Botín y sus cinco hijos), y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. Los Botín procedieron a regularizar su situación fiscal, presentando voluntariamente declaraciones complementarias y pagaron 200 millones de euros.

Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el pasado 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que en las actuaciones de comprobación no había podido determinarse “si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces”. Ante lo cual, Anticorrupción presentaba la denuncia, debido a que el análisis de las declaraciones correspondientes a 2005 prescribía el próximo 30 de junio.

El juez Fernando Andreu expresó en su auto de admisión que “la propia Agencia Tributaria manifiesta su incapacidad para analizar toda la información facilitada en plazo”, y destacó que Anticorrupción había interpuesto la denuncia “a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta”.

Las comprobaciones serán realizadas por dos responsables precisamente de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (Mariano Cuesta y Mercedes Llacer-Fernández).

El caso HSBC, que se originó cuando un ex trabajador del banco entregó documentación confidencial a las autoridades francesas, ha llevado a la Agencia Tributaria española a investigar a 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.

Delegación de Grandes Contribuyentes

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes es un órgano central de la Agencia Tributaria, con competencias en todo el territorio nacional, que ejerce, respecto a los contribuyentes adscritos a la misma, todas las competencias y funciones propias de la Agencia Tributaria para la aplicación del sistema tributario estatal y el aduanero, así como la gestión recaudatoria de los demás recursos de naturaleza pública que correspondan a la Agencia conforme a la normativa vigente.

Se ocupa de los contribuyentes con más de 100 millones de euros de renta, y pueden acudir a ella de forma voluntaria quienes superen 1 millón de euros.

Básicamente, desarrolla, en relación con dichos contribuyentes, las actuaciones y procedimientos administrativos de: gestión tributaria (tramitación de declaraciones, certificados, solicitudes de devolución, información y asistencia, etc.), inspección tributaria y aduanera recaudación tributaria.