La Abogacía del Estado se retrasa también con las pensiones y el salario mínimo
El Gobierno le solicitó hace una semana un dictamen sobre cómo aplicar esos incrementos estando todavía en funciones
La Abogacía del Estado no ha presentado aún su escrito sobre cómo dar cauce a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio la razón a Oriol Junqueras en la defensa de su inmunidad como eurodiputado, aunque tiene plazo hasta el 2 de enero. Pero el Gobierno está también a la espera de otros dos informes urgentes.
Hace unos días, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social comenzó a considerar “complejo” aprobar antes de que termine el año la subida de las pensiones en un 0,9% para aplicarla desde el 1 de enero de 2020 si continúa en funciones, al igual que elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio indicaron, a comienzos de esta semana, que las decisiones sobre la actualización de las pensiones y el SMI estaban condicionadas por la investidura de Pedro Sánchez.
A día de hoy, se asume que el Gobierno continuará en funciones hasta, al menos, las primeras semanas del año que viene.
En cualquier caso, antes de que finalice este 2019 se debe aprobar un decreto “por seguridad jurídica”, que despeje lo que sucederá con las pensiones en 2020. Y este viernes está convocado, en principio, el último Consejo de Ministros del año en el Palacio de La Moncloa.
Otro retraso en la Abogacía del Estado
Para ello, Confidencial Digital ha podido confirmar que el Ministerio de Trabajo solicitó la semana pasada un informe a la Abogacía del Estado respecto a las posibilidades que tiene para subir las pensiones y el salario mínimo estando en funciones.
Lo pidió tras constatar que iba a ser complicado sacar adelante la investidura antes de finales de año y teniendo en cuenta que esta semana contaba dos días inhábiles en la Administración (martes 24 y miércoles 25). Hay que recordar que la Abogacía del Estado es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
Aún así, las fuentes consultadas por ECD confirman que el Ministerio de Trabajo tampoco ha obtenido respuesta por ahora de la Abogacía del Estado sobre estas dos importantes decisiones, que afectan en su conjunto a diez millones de españoles. Los temas pendientes, por tanto, se le acumulan al Gobierno en los últimos días del año.
