Los abogados rechazan el plan de Hacienda para que denuncien sospechas de fraude fiscal en sus clientes

El pasado 2 de julio, la Agencia Tributaria y nueve asociaciones de profesionales jurídicas se reunieron para votar la aprobación de un Código de Buenas Prácticas elaborado por la Agencia Tributaria. El objetivo del mismo es "avanzar en la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y los profesionales tributarios de modo que se logre mayor prevención del fraude fiscal".

Este código supone una adaptación a la Directiva de la Unión Europea sobre el intercambio de información fiscal. Ésta establece que los intermediarios fiscales que diseñen y promuevan esquemas transfronterizos de planificación fiscal agresiva para sus clientes están obligados a informar a la administración tributaria. Posteriormente, las administraciones tributarias intercambiarán la información, de manera automática, con el resto de los Estados miembros.

Según ha podido saber Confidencial Digital, este Código, al que se han adherido siete de las nueve asociaciones de profesionales, ha sido rechazado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) al considerar que algunas cláusulas del mismo tendrían efectos negativos en la configuración del secreto profesional.

La única excepción es el blanqueo de capitales

Desde el Consejo sostienen que, a la hora de prestar un servicio de asesoramiento, la Agencia Tributaria insta a los organismos a denunciar ante la Asociación o Colegio en caso de que detecten sospechas de fraude fiscal. Los abogados defienden que esto podría ser negativo, ya que este cliente podría terminar siendo un cliente en un juicio, donde está protegido por el secreto profesional.

La ley establece que los abogados tienen obligación de no revelar o difundir cualquier hecho o noticia de la que haya tenido conocimiento por razón de su actividad profesional, con excepción del blanqueo de capitales. En este caso, los abogados tienen la obligación impuesta de comunicar el delito.

Sin embargo, con este Código de Buenas Prácticas, Hacienda establece que "el profesional debe poner en conocimiento de la Asociación o Colegio, respetando los límites que impone el deber de secreto profesional, las irregularidades que detecte él o sus clientes respecto de presuntas conductas fraudulentas generalizadas en un sector que pueda afectar al normal funcionamiento del sistema tributario".

Además, señala que "el intermediario fiscal colaborará con la Agencia Tributaria para clarificar las cuestiones controvertidas (aludiendo a la directiva europea) que sean puestas de manifiesto en el marco del procedimiento inspector, con la mayor agilidad posible, y aportando toda aquella información que pueda ser relevante para el desarrollo del procedimiento de la forma más rápida y completa posible".

El Consejo General de la Abogacía ha aclarado a ECD que este Código no ha podido ser sometido todavía a pleno, por lo que no se ha decidido de forma definitiva que hará finalmente.

La Asociación Española de Asesores Fiscales se abstiene

La AEDAF, por su parte,  se ha abstenido en la votación al considerar que deben ser los asociados quienes decidan si se adhieren o no a este Código, al considerar que forma parte del respeto a la libertad de los mismos.