Bruselas fuerza a Pedro Sánchez a facilitar en dos meses la salida de Ferrovial de España

Le ha advertido en plena campaña para frenar la mudanza a Países Bajos que debe transponer la norma europea que armoniza las reglas para traslados en el espacio comunitario

Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
  1. Facilitar el cambio de sede
  2. En un plazo de dos meses
  3. Denuncia a España ante el TJUE
  4. Choca con el derecho comunitario

 

Nunca una junta de accionistas de una empresa privada española había despertado tanta expectación ante la opinión pública. El Gobierno ha amenazado con la Agencia Tributaria a Ferrovial a pocas horas de la junta de accionistas. Pero Bruselas ha advertido a Pedro Sánchez que lo que debe es facilitar en dos meses la salida de la constructora de España.

La presión se ha elevado al ser la propia ministra de Hacienda la que ha amenazado veladamente con un veredicto negativo de la Agencia Tributaria a la operación en vísperas de la junta. “La legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa”, ha advertido María Jesús Montero.

Mientras tanto Rafael del Pino y su equipo ganan adeptos para el traslado, porque el fondo soberano noruego Norges, ha oficializado que votará finalmente a favor del cambio.

Es un accionista minoritario, pero sumado a la familia Del Pino y fondos como el anglosajón TCI asegura prácticamente una mayoría en la junta de este jueves si se mantienen los quórum tradicionales de presencia.

Facilitar el cambio de sede

Por si fuera poco, la Comisión Europea abrió hace unas semanas un expediente sancionador contra España por no haber cumplido el plazo que expiró el pasado 31 de enero para transponer a su legislación nacional -e informar de ello a Bruselas- e incorporar la nueva norma que armoniza las reglas para traslados, fusiones y divisiones de empresas en el espacio comunitario

Esa transposición facilitaría ahora a Ferrovial el cambio de sede a Países Bajos. Y Bruselas le ha puesto fecha para cambiar la normativa.

En un plazo de dos meses

El inicio del procedimiento de infracción comenzó con una carta de emplazamiento que informó a las autoridades españolas de que no han habían cumplido los plazos de transposición y estableció un plazo de dos meses para que pongan remedio.

La nueva legislación comunitaria tiene entre sus objetivos facilitar estas operaciones a nivel transfronterizo, pero también establecer salvaguardias para evitar que las compañías utilicen este tipo de soluciones para evitar rendir cuentas fiscales en los Estados miembros que les corresponda o que se vulneren los derechos de los trabajadores afectados.

 

Denuncia a España ante el TJUE

En caso de que no se resuelvan los problemas, los servicios comunitarios podrán enviar un dictamen motivado, segunda fase del expediente, que ofrece un nuevo plazo de diálogo para avanzar en la solución antes de decidir si pasan a la tercera y última fase del proceso, que supone denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Junto a España, el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por no aplicar esta nueva norma a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.

Choca con el derecho comunitario

En Bruselas también han advertido a Moncloa de que una eventual intromisión del Gobierno a través de la ley ‘antiopas’ chocaría frontalmente con el derecho de la Unión Europea.

El Ejecutivo estaría actuando contra la libre circulación y el mercado interior, en definitiva, contra la base del marco jurídico comunitario”, según explican fuentes próximas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la misma línea, otras fuentes comunitarias avisan de que, dado que se trata de un traslado dentro de la propia UE se estaría, desde un punto de vista legal, ante la misma situación de aquellas empresas que en el marco del ‘procés’ independentista optaron por llevarse sus sedes de Cataluña a otras regiones españolas, principalmente a Madrid.

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