“Caso Banco Popular”. La Asociación de Accionistas Minoritarios denuncia presiones para condicionar al juez

1. Anuncio del cierre de la instrucción
2. Sobreseimiento de la causa contra Saracho
3. Sabe lo que va a hacer el juez
4. Ataque a la independencia

La Asociación de Accionistas Minoritarios ha elevado a la Audiencia Nacional, el 15 de junio, un escrito en el que denuncia presiones periodísticas para influir en el “caso Banco Popular”, condicionar al juez en su independencia, e intentar proteger al último presidente, Salvador Saracho.

La AEMEC (Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) está personada en el sumario, centrada en pedir responsabilidades por la quiebra del banco al que ese momento era el presidente, Emilio Saracho, por considerar que sus filtraciones interesadas llevaron al hundimiento de la entidad.

El escrito al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional lo firma el abogado de la asociación, Juan Ortiz Úrculo, que fue Fiscal General del Estado (1996-1997) y ahora forma parte del despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.

Anuncio del cierre de la instrucción

El documento elevado a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, relata que, el 9 de junio, OkDiario publicó, con la firma de Eduardo Segovia,  una información titulada “El juez cerrará la instrucción del ‘caso Banco Popular’ antes de fin de mes y exonerará a Saracho”.

La información citada afirma que “el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene previsto cerrar la instrucción del caso Banco Popular en las próximas semanas, y en todo caso antes del 30 de junio, según fuentes conocedoras de la situación. Estas fuentes añaden que no planteará una acusación contra el expresidente Emilio Saracho, salvo un remoto giro de última hora, pero sí mantendrá imputados a su antecesor, Ángel Ron, y a parte de su cúpula directiva”.

Dice que existen dos piezas separadas en la Audiencia Nacional. “La primera y principal investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016, durante la presidencia de Ron, por posibles delitos de estafa a inversores y falsedad contable. La segunda investiga una posible manipulación de información para hacer caer el valor de la acción en Bolsa en los 108 días de mandato de Saracho”.

Sobreseimiento de la causa contra Saracho

Añade OkDiario que, “según las fuentes, Calama va a sobreseer la segunda de estas piezas porque las acusaciones -básicamente, fondos de inversión que perdieron su dinero en la resolución del banco- no van a pedir su imputación al no haber encontrado ningún indicio de la operativa que se achaca a Saracho. Por el contrario, va a dictar auto de incoación de procedimiento abreviado para la primera pieza, el paso previo a la apertura de juicio oral, en el que tiene que plantear acusaciones formales y peticiones de penas para los imputados. En este caso, sí cuenta con numerosas evidencias de las irregularidades cometidas por Ron en la citada ampliación de capital, con el fin de poder colocarla entre los inversores e intentar así salvar el banco”.

“La prueba más contundente de estos presuntos delitos es el informe encargado a los peritos del Banco de España, Pablo Hernández y Santiago Ruiz-Clavijo, que concluye que la entidad debió dar pérdidas desde 2012 y que Ron ocultó la morosidad real del Popular a través de la sociedad luxemburguesa Thesan en la ampliación de capital de 2016. No obstante, estos peritos se negaron en marzo a reformular las cuentas de 2015 y 2016, como les había pedido el juez, alegando que los resultados de inspecciones posteriores no pueden trasladarse a las cuentas con efecto retroactivo”.

Sabe lo que va a hacer el juez

El escrito de Ortiz Úrculo en representación de la AEMEC afirma que el periodista “conoce -según sus fuentes- lo que su Señoría va a hacer, o está pensando hacer”. 

Por eso, traslada al Juzgado de la Audiencia Nacional “el citado artículo, para que, conociéndolo tome en consideración su contenido a los efectos legales pertinentes, porque vemos que, recurrentemente, se llevan a cabo estos hechos sin consecuencia alguna para quienes los realizan, obteniendo, aunque sea a través de “sus fuentes”, datos reales, modificados o inventados de las actuaciones judiciales, que después revelan y publican”.

Afirma también que se ha publicado esa información “con la intención de perturbar e inquietar al Juez en su independencia (art. 117. 1 CE), o para proteger públicamente a unos de los implicados frente a la defensa de los otros; de tal manera que estos últimos, que solo actúan dentro del proceso, ven limitado su derecho ante la imposibilidad de ejercerlo también ilegalmente, es decir, en el proceso paralelo creado. Y siempre con el artificio tan usado de que “no pueden revelar la fuente” sin percatarse de que la primera fuente lesiva de los derechos prevalentes y de la Ley son ellos, porque frente a la conculcación de la legalidad, no están amparados por el derecho a la información del art. 20 CE).

Ataque a la independencia

Sostiene Ortiz Úrculo que tales afirmaciones “pretenden presionar a su Señoría, al Juez, para que siga el camino que ellos le quieren trazar, por muy inviable que nos parezca semejante pretensión. Claro que no nos preocupa la repercusión que ello vaya a tener en el Juez, pero sí y mucho la intención con que se hace. Porque, creemos que una publicación de esta naturaleza lleva consigo un ataque a la independencia del Juez, ¡con la gravedad que ello entraña!”.

Termina diciendo que, “al amparo de lo dispuesto en el Art. 231 de la LEC, esta parte manifiesta su voluntad de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, solicitando al Juzgado cuide de la subsanación de aquellos defectos en los que esta parte pudiera incurrir”.

Según fuentes cercanas, la AEMEC sospecha que ese tipo de noticias intentan que el juez deje fuera del sumario al último presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, a quien ellos consideran el culpable del hundimiento del banco. La Asociación es uno de los primeros que denunciaron a Saracho, lo mismo que PWC.