Dinero

Trabajadores del Santander demandan al banco por exigir test de antígenos a los no vacunados

Los empleados que han decidido no informar al banco de su estado de inmunización son citados por los servicios médicos para realizarse la prueba semanalmente

Sede Banco Santander
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El equipo jurídico de la Asociación Liberum, en unión a varios trabajadores del Banco Santander, interpuso el pasado 13 de octubre acciones administrativas y demandas jurisdiccionales ante la Jurisdicción Social por discriminación y vulneración de derechos constitucionales. 

Han demandado el protocolo de acceso al Banco Santander en lo referido a la obligatoriedad de realización de test de antígenos para aquellos trabajadores que no hayan comunicado, voluntariamente, su estado de vacunación.

Buscan tumbar las pruebas para estos trabajadores y que sean indemnizados por daños y perjuicios morales. Además, han solicitado como medida cautelarísima que se suspendan los tests.

El protocolo de acceso al Banco Santander y los test de antígenos

El Santander envió un email el pasado día 4 de octubre en que informaba a los trabajadores de las nuevas medidas contra el Covid adoptadas en la sede central. 

Para facilitar el acceso seguro a los centros de trabajo, el banco ha establecido que los empleados deben realizarse un test semanal de antígenos para poder acceder al puesto de trabajo a partir del 11 de octubre. El coste de los test corre a cargo del Santander y se realizan dentro de la jornada laboral. 

Una vez obtenido el resultado negativo en la prueba, el trabajador ve activado en su teléfono o tarjeta corporativa el acceso para entrar en las instalaciones del banco los siguientes siete días. 

Sin embargo, el Santander permite exentarse de las pruebas de antígenos a los empleados que “de forma voluntaria” hayan reportado a los servicios médicos, a través de la app MiVuelta, que han iniciado su vacunación o tienen la pauta completa. Desde el pasado día 7 los servicios médicos han comenzado a citar a todos aquellos que deben hacerse el test. 

Cabe señalar que en comunicaciones previas el propio Banco Santander ha difundido el siguiente contenido:

¿Puedo contraer la Covid-19 si me he vacunado? Es posible. Por lo tanto, es de esperar que haya un porcentaje de personas que enfermen de Covid-19 a pesar de estar vacunadas.

 

¿Las personas vacunadas pueden infectase y seguir contagiando? Según los estudios realizados la probabilidad es muy baja, pero es posible.

Más de doscientas consultas

El equipo jurídico de Liberum cuenta a ECD que ha recibido más de dos centenares de llamadas de empleados preguntando la legalidad de las medidas impuestas por el banco y cómo denunciar esta situación.

Explican que la obligación de realizarse los test “atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores y es discriminatoria en cuanto un vacunado puede igualmente contagiar e infectar”.

Además, denuncian que a través de estas campañas de sensibilidad el único fin que se persigue no es la detección laboral del virus para mantener “un supuesto entorno sano y seguro del virus” sino imponer la vacunación.

Contra los derechos fundamentales

Denuncian que atenta contra los derechos fundamentales en tanto que “la aplicación del protocolo incluye un trato discriminatorio y arbitrario ante la ley (art. 14 CE), vulneración del derecho al honor e intimidad (art. 18 CE)”.

Además, consideran que el impedimento incluso al acceso al trabajo y la apertura de expedientes disciplinarios laborales provoca un quebranto económico injustificado y desorbitado a aquellos que quieran acceder a su puesto y no estén vacunados o no deseen someterse al test de antígenos.

Este hecho estaría forzando, según el gabinete jurídico de Liberum, “una violación a la integridad física y moral al abocar al ciudadano a vacunarse en contra de su voluntad o someterse en incontables ocasiones a pruebas de diagnóstico, para evitar convertirse en un paria de la sociedad (art. 15 CE)”.

El fundamento de la medida cautelarísima

Apoyan su solicitud de adopción de medidas cuatelarísimas de especial urgencia basándose en que la ejecución del protocolo “ocasionaría un perjuicio irreparable y generalizado, que haría perder a este recurso de protección de derechos  fundamentales su finalidad urgente, permitiendo como ya se ha dicho se viole los referidos  derechos fundamentales que tienen todos los trabajadores”.

Consideran que la suspensión de la ejecución del protocolo no perjudica al Banco Santander y, de adoptarse la medida cautelar no se produciría tampoco ningún perjuicio o perturbación grave de los intereses generales o de terceros o afectaría en modo alguno a la seguridad y salud de los trabajadores.

El Santander busca adaptar las medidas de seguridad vigentes

Fuentes del Santander explican a Confidencial Digital que las medidas son aplicables a todos los empleados del Centro Corporativo y de Santander en España. El objetivo que persiguen estas es “seguir protegiendo la salud de empleados y clientes”. 

Además, buscan conocer el estado de vacunación de los empleados para “adaptar las medidas de seguridad vigentes dentro de los edificios” como distancias en comedores, zonas comunes, uso de mascarillas…

Dichas medidas se han tomado después de haber consultado a los representantes sindicales y autoridades sanitarias, y tras analizar la legislación vigente, tanto en lo que respecta a la protección de datos como a los derechos fundamentales de los trabajadores. 

El Santander, subrayan desde la sede de Boadilla, en ningún caso está obligando a que los empleados se vacunen y la decisión de reportar el estado de vacunación es totalmente voluntaria. 

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