Dinero

El TC ya se pronunció contra esta práctica

Los empresarios llevarán al Gobierno a los tribunales para reclamar 4.000 millones destinados al paro

Patronales de toda España preparan un recurso para que Empleo devuelva el dinero que debería haber destinado a cursos de formación para trabajadores

Fátima Báñez.
photo_camera La ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Las Cortes Generales están tramitando un Real Decreto-Ley por el que el Ministerio de Empleo va a reordenar el sistema de formación que gestionaban organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores. En paralelo, varias patronales trabajan en recursos judiciales contra el uso que el Gobierno da a las cuotas destinadas a formación de ocupados.

Así lo revelan a El Confidencial Digital fuentes empresariales que están estudiando la fórmula y la vía para reclamar en los tribunales el dinero que en los últimos años el Ejecutivo ha destinado a sufragar prestaciones por desempleo y cursos del INEM a parados, pese a que se recaudaron a través de las cotizaciones que los trabajadores y las empresas pagan para financiar la formación continua de personas ocupadas.

En estas páginas ya se contó cómo varias patronales sectoriales de toda España se estaban organizando para presionar a la cúpula de la CEOE y que ésta pidiera al Gobierno que dejara de utilizar el dinero que tiene como fin mantener la formación de trabajadores ocupados a sufragar los cada vez mayores gastos que el Estado tiene que acometer en pagar prestaciones a desempleados y también cursos para tratar de reinsertarlos en el mercado laboral.

La tramitación del decreto-ley del Gobierno que quita poder a los sindicatos y las patronales sobre los cursos de formación, a raíz de los escándalos de malversación de fondos que han ocurrido en Andalucía y Madrid, ha provocado que varias organizaciones empresariales se unan para tratar de tumbar este sistema por el que, según calculan, en los últimos años se han utilizado al paro 4.000 millones de euros recaudados para formación a ocupados.

Patronales de hostelería, comercio...

Desde la Federación Española de Hostelería explican que están preparando recursos para reclamar ante los tribunales la devolución de ese dinero que, año tras año, el Gobierno destina a prestaciones de desempleados y cursos para personas que no tienen ocupación. En esta iniciativa están implicadas otras patronales sectoriales de ámbito nacional, como la Confederación Española de Comercio, la Federación Empresarial de la Dependencia, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la Federación Nacional de Clínicas privadas, entre otras organizaciones, además de organizaciones regionales y locales.

Fuentes de estas patronales consultadas por ECD señalan que los gabinetes jurídicos de estas organizaciones están trabajando para diseñar la fórmula legal para poder reclamar ante los tribunales que el Gobierno destine el dinero de las cuotas a su fin establecido y devuelva el dinero que ha destinado a otro objetivo, como es pagar prestaciones por desempleo y cursos a parados.

Actualmente, en las nóminas de los empleados se retiene un 0,1% de la base para financiar la formación continua a los trabajadores. La retención para este mismo objetivo es superior para las empresas, una cotización de un 0,6%.

Los empresarios denuncian que el Gobierno está utilizando cerca del 50% del dinero recaudado por esta vía en los últimos años para hacer frente a los pagos de prestaciones por desempleo y a cursos dirigidos a parados, no a ocupados. Por ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado se explicita en algunos casos que la mitad de lo recaudado irá a cursos para ocupados, y la otra mitad se destinará a desempleados.

Más de mil millones de euros al año

Este fenómeno, según los empresarios, se ha intensificado en los últimos cuatro años, de forma que se han llegado a trasvasar más de mil millones de euros al año hasta sumar 4.000 millones de euros. Por ejemplo, en 2013 el Gobierno recaudó 1.860 millones de euros a través de las cuotas de formación: de esta cantidad, 1.059 los destinó a otras finalidades distintas de lo establecido, en concreto las políticas en favor de los parados.

Lo que están estudiando las patronales, según explican las fuentes consultadas, es cómo articular el recurso judicial, ya que son conscientes de la complejidad del caso. Algunas fuentes consultadas apuntan a que podría hacerse por vía penal, denunciando al Gobierno por mala utilización de esos fondos, mientras que un conflicto contencioso-administrativo sería más complicado.

 

Otras fuentes implicadas en la preparación de esta iniciativa para llevar al Ejecutivo ante los tribunales señalan que la vía para recuperar el dinero de las cotizaciones sociales para formación de ocupados podría ser similar a la del céntimo sanitario impuesto en la gasolina: tras la primera sentencia, tendrían que ser los trabajadores y las empresas los que fueran reclamando la devolución del dinero indebidamente destinado al paro.

En cualquier caso, en los próximos meses definirán cómo articulan el recurso judicial: además, tratarán de conseguir la adhesión de otras organizaciones empresariales, incluida la CEOE, que hasta ahora se está manteniendo en un segundo plano en este asunto.

El Gobierno retira a patronales y sindicatos el control del dinero

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura a El Confidencial Digital que si bien no han recibido ninguna comunicación de las patronales de que van a emprender acciones judiciales para reclamar el dinero de las cuotas, sí les ha llegado noticia de que se están preparando estos recursos.

Sin embargo, en el departamento que dirige Fátima Báñez se muestran convencidos de que no tendrán ningún recorrido judicial, ya que destacan que “no hay ningún desvío de fondos”. Su explicación es que lo recaudado por las cuotas de formación el Estado decide cómo se utiliza, siempre dirigido a la formación tanto de ocupados como de parados.

Además, destacan que este ataque de varias organizaciones empresariales de toda España responde también a que el Real Decreto-Ley retira a patronales y sindicatos buena parte del control sobre el dinero que se destina a la formación de parados y ocupados, lo que ha provocado enfado. Sin embargo, añaden que en las conversaciones sobre este decreto desde CEOE nunca se ha planteado este problema.

Las patronales impulsoras echan mano de más de una quincena de sentencias del Tribunal Constitucional en los últimos años que destacan el carácter finalista de este dinero recauda y se pronuncian contra esta práctica del Gobierno asegurando que “la formación profesional no forma parte del sistema de Seguridad Social, ni las cuotas abonadas en tal concepto son recursos de la Seguridad Social integrados en su caja única”.

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