El Gobierno está dispuesto a congelar el salario mínimo en 900 euros

Pedro Sánchez afronta estos días intensas negociaciones con Unidas Podemos para tratar de formar Gobierno en diciembre. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020 es una de las decisiones más importantes que el Ejecutivo en funciones debe tomar antes de final de año. El PSOE apuesta ahora por congelarlo en los 900 euros.

Esta determinación supone contradecir una de las principales reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias: el incremento del SMI a 1.000 euros el año que viene.

En su programa electoral, Unidas Podemos promete acometer la subida “inmediatamente”. El Gobierno socialista también estudiaba aprobar este aumento a 1.000 euros en 2020 y así lo llegó a anunciar hace unos meses el propio Pedro Sánchez.

El aumento de 2019 se pactó con Podemos

Hay que recordar que, a finales del año pasado, Sánchez enfadó a los agentes sociales al ignorarles en la negociación de uno de los elementos clave para los que habitualmente el Gobierno suele contar con la opinión y las recomendaciones de la patronal y los sindicatos: la subida anual del SMI.

El PSOE necesitaba el apoyo de Pablo Iglesias a los Presupuestos para 2019 y, en el marco de la negociación presupuestaria, cedió a la petición del líder de Podemos de situar el salario mínimo interprofesional en 900 euros.

Se plantea congelar el salario mínimo en 2020

Pues bien. A pesar de que aún no se ha decidido oficialmente la propuesta para 2020, fuentes del Gobierno anticipan a Confidencial Digital que el equipo económico de Pedro Sánchez ha comenzado a barajar una congelación del SMI el año que viene.

La decisión provocaría un perjuicio a más de un millón de trabajadores vulnerables, que comenzarán el próximo año con el salario mínimo en los 900 euros actuales.

Supone además un giro importante en los planes del Ejecutivo. Hasta ahora, había anunciado que su intención era seguir subiendo el salario mínimo en los próximos años. Incluso, había avanzado que estaba estudiando una nueva subida para 2020.

Ahora ha comenzado a tener en cuenta que, en el último trimestre, la desaceleración ha llegado al empleo y se ha agravado la bajada del crecimiento en el PIB. Un escenario que –reconocen- desaconseja imponer un incremento de costes a las empresas. Admiten que el dato de paro del mes de octubre es el que ha desatado la alarma.

De ahí que algunos miembros del Gobierno hayan comenzado a matizar, en varios foros empresariales, que el SMI puede acabar la legislatura (es decir, en 2023) en el 60% del salario medio, según lo establecido en la Carta Social Europea (unos 1.200 euros anuales). Por lo tanto, han empezado a hablar de un aumento progresivo en cuatro años sin especificar la cuantía del alza en cada ejercicio.

Podemos trata de arrancar una subida “simbólica”

Pese a ello, fuentes de Podemos conocedoras de las conversaciones, explican a ECD que el Gobierno se ha comprometido a negociar con la patronal y los sindicatos, de forma inmediata, un “incremento simbólico” desde los 900 euros actuales. El objetivo sería evitar el desgaste que provocaría que “un Gobierno progresista congelara el SMI”.

Pedro Sánchez no necesita contar con la aprobación de los agentes sociales pese a que considera que esta vez el camino tiene que venir de la negociación entre la CEOE y los sindicatos.

Confía en que las centrales acepten esa práctica congelación del SMI, después de la mayor subida desde 1977 que experimentó el año pasado.

Recuerdan que se trató de un alza del 22%, que benefició a 1,3 millones de trabajadores de forma directa, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, y que ha tenido además un efecto arrastre en los sueldos durante este ejercicio.

Es una decisión exclusiva del Gobierno

Hay que recordar que el Gobierno fija cada año, normalmente en el último trimestre, el salario mínimo interprofesional para el ejercicio siguiente. La decisión la adopta el Consejo de Ministros y se aprueba por real decreto. Esto significa que es una decisión exclusiva del Gobierno y que no necesita el apoyo del Congreso para adoptarla.

Para este ejercicio, el Ejecutivo llegó a estudiar la aprobación de la subida incluso en funciones, ya que el Estatuto de los Trabajadores le habilita a ello por real decreto.

Eso sí, debe hacerlo “en base a indicadores como el IPC, la productividad media, la participación del trabajo en la renta nacional o la mera coyuntura económica”, y aconseja “la previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.