Los tres millones de funcionarios no cobrarán la subida de 100 euros prometida para julio

La subida de sueldo del mes de julio prometida a tres millones de funcionarios se encuentra en peligro. El Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra en funciones desde que se celebraron las elecciones generales el pasado 28 de abril, está encontrando obstáculos para tramitar el incremento.

En principio, Hacienda tiene que subir el sueldo de los funcionarios un 0,25% adicional a partir del próximo 1 de julio. Una cifra que supone un aumento de entre 70 y 150 euros anuales en función de la escala del empleado público.

Esta mejora se suma al 2,25% que ya subieron los sueldos anuales de los funcionarios a principios de año. Es fruto de la negociación que los sindicatos iniciaron con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que asumió después el Gobierno del PSOE.

El acuerdo estableció un incremento variable del 0,5% anual, del que la mitad, esto es, el 0,25%, quedó ligado a la evolución de la economía y se aplicaría en la nómina de julio. El Producto Interior Bruto (PIB) debía crecer concretamente un 2,5% el pasado año. Como la cifra final de contabilidad nacional ha elevado el avance de la economía al 2,6%, los funcionarios deben ver incrementado su sueldo anual en un 0,25% el mes que viene.

Acuerdo del Consejo de Ministros

Sin embargo, según reconocen a Confidencial Digital fuentes gubernamentales, el procedimiento exige que el Ejecutivo habilite esa subida a través de un acuerdo del Consejo de Ministros.

Para ello, el Gobierno tendría que llevar a cabo la aprobación del incremento de gasto en la reunión de este viernes o en la del próximo, como muy tarde, para que entrara en vigor el 1 de julio. El motivo de esta urgencia es que las nóminas se cierran en la primera quincena del mes anterior.

A día de hoy, según los técnicos consultados por ECD, los responsables de la confección de las nóminas en los diferentes ministerios, consejerías autonómicas, ayuntamientos no han ejecutado esta subida.

El Gobierno se encuentra en funciones

Por lo pronto, Hacienda no ha dado instrucciones para incluir el aumento en los pagos del próximo mes.

En el Ministerio han comenzado a surgir dudas sobre que el Consejo de Ministros pueda dar luz verde al incremento, encontrándose el Gobierno en funciones, porque la financiación de la medida exige un incremento del gasto de casi 400 millones.

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD advierten de que, sólo en el caso de que se forme un nuevo Gobierno antes del 15 de junio -algo que a día de hoy parece poco probable-, habría tiempo para que un Ejecutivo con plenas facultades dicte la subida para que tenga efectos a 1 de julio.

Hacienda da por hecho que habrá retrasos

Por eso en la cúpula económica del Gobierno comienza a darse por hecho un retraso en el cobro del incremento salarial.

Esto se traduce, según las estimaciones de los sindicatos y calculado sobre un año completo, que un trabajador del personal administrativo o un policía que pertenezcan al grupo C dejarán de ingresar el 1 de julio unos 70 o 75 euros por año.

El perjuicio para el personal técnico superior del grupo A será mayor: alcanza casi los 150 euros.

Montero no aprobó a tiempo el decreto

Fuentes de la Administración recuerdan a ECD que el Gobierno podría haber evitado este escenario con la aprobación de un decreto antes de la celebración de las elecciones generales y de que el Ejecutivo entrase en funciones.

De hecho, los sindicatos venían reclamando al Ejecutivo que aplicara la subida salarial adicional del 0,25% para los empleados públicos desde el 29 de marzo, cuando se conoció el dato definitivo del PIB de 2018.

Pero la petición no fue atendida por Hacienda ni por el Ministerio de Función Pública. Se justificó entonces afirmando que la subida podía ser calificada de “electoralista” antes de las generales, pese a que sí aprobó otras medidas en el marco de los polémicos “viernes sociales”.

Tres millones de funcionarios están en vilo

Ahora, el retraso va a perjudicar a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado -funcionarios, personal laboral y eventuales-. Es decir, a aquellos que prestan servicio en los diferentes ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También afectará a los funcionarios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Todos ellos están a la espera de la decisión definitiva del Estado para poder aplicar los incrementos salariales en los organismos locales, lo que tiene en vilo a más de tres millones de empleados públicos en todo el país.