Dinero

Pedro Sánchez concede más dinero a Carmena, Colau y ‘Kichi’ para gastar antes de las elecciones

El pacto con Pablo Iglesias para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria esconde una flexibilización de la regla de gasto para los ayuntamientos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
photo_cameraPedro Sánchez y Pablo Iglesias

El alcance de los primeros acuerdos cerrados entre el Gobierno y Unidos Podemos, más los que se están ultimando para las próximas semanas, anticipan no sólo una nueva etapa política entre las dos formaciones de izquierdas, sino que significará en la práctica un pacto de legislatura entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Las diferencias entre Moncloa y el partido morado son todavía “enormes”. El Ejecutivo no se plantea renegociar el objetivo de déficit con Bruselas, fijado ahora en el 1,8%, y ésta es una de las condiciones que la formación de Pablo Iglesias considera fundamental para abordar el resto de reformas, incluidas las subidas de impuestos.

Sin embargo, la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria sí se encuentra entre las prioridades del Gobierno.

Pero no sólo para saltarse la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria, como ha defendido el Ejecutivo junto a sus socios de Podemos y el resto de formaciones que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Flexibilizar la regla de gasto para los ayuntamientos

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, Sánchez pretende aprovechar también la modificación para flexibilizar la regla de gasto para los ayuntamientos como una concesión a Podemos a cambio del apoyo a los Presupuestos.

El objetivo es sacar la reforma adelante antes de final de año y, por tanto, que los alcaldes puedan disponer de más dinero en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2019.

Es una de las principales reivindicaciones de los denominados “Ayuntamientos del cambio” en los últimos años. Las corporaciones locales, que mayoritariamente tienen las cuentas saneadas, critican que la regla de gasto se aplique tanto para los consistorios que tienen superávit como a los que no. Defienden que ese remanente pueda destinarse a otro tipo de inversiones como políticas sociales, de igualdad o de juventud.

Incluso algunos ayuntamientos, como el de Madrid que dirige Manuela Carmena, llegaron a protagonizar duros enfrentamientos en público con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La regla de gasto es una regla fiscal de contención del gasto y de estabilidad presupuestaria que surge en el marco de la crisis económica que sufrió España y que afectó también a las finanzas públicas, pasando de tener superávits a déficits e incremento de la deuda.

España, a instancias de la Unión Económica Monetaria, incorporó algunas reglas fiscales en su ordenamiento jurídico: en 2011 se modificó el polémico artículo 135 de la Constitución, que salió adelante con los votos de PP y PSOE y que contemplaba que “todas las Administraciones Públicas adecuarían sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.

Este artículo, fue desarrollado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en 2012. Con anterioridad, el Estado ya aplicaba la regla de gasto en sus presupuestos, pero a partir de entonces se incorporó también para las comunidades autónomas y las entidades públicas. 

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