El retraso de los 11.000 millones para las empresas esconde una clave política: no dar una baza a Díaz Ayuso

Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes con un solo asunto en el orden del día: las ayudas a las empresas. Moncloa se decanta porque el Estado gestione el fondo de 11.000 millones para no dar una baza a las autonomías, especialmente a Madrid.

La vicepresidenta Nadia Calviño se ha mostrado reticente a dar ayudas directas a las empresas más afectadas por la crisis, pero se ha topado con la oposición de Podemos y otros miembros del Gobierno, y hasta con el plante de última hora de La Moncloa.

Esa división ha retrasado unos días el plan, que debía aprobarse este martes. Aparecen así dos frentes en el Ejecutivo: serias diferencias entre Calviño y Podemos, pero también con otros ministros del área económica por la participación de las autonomías en la gestión de las ayudas.

De hecho, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretenden que sean las autonomías quienes gestionen el fondo destinado a dar transferencias no reembolsables a las empresas. Pero Podemos y otros ministros sostienen que debe ser la Administración del Estado quien controle ese capítulo.

“Se debe a una cuestión claramente y puramente técnica”. Con estas palabras, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha justificado el retraso en la aprobación del plan de ayudas para las empresas previsto para este martes. La también ministra de Hacienda ha rechazado en todo momento que la demora se deba a “presiones” o “dificultades de entendimiento” con su socio de Gobierno.

Moncloa valora la clave política

Pese a ello, frente a la tesis de las ministras económicas, Moncloa también ha tomado parte en el conflicto. Explican que hay empresas que operan en todo el territorio nacional, aparecen problemas relativos a la unidad de mercado y surgen dudas acerca de la gestión que han hecho las autonomías de las ayudas directas que han gestionado hasta ahora por unos 2.000 millones.

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la cúpula económica del Gobierno, el retraso del decreto sobre el reparto de los 11.000 millones esconde una clave política: no dar una baza a las autonomías, especialmente a Madrid que recibiría una buena parte de los fondos, de colgarse la medalla por rescatar a empresas del turismo, el comercio y la hostelería en apuros.

No dar una baza a Isabel Díaz Ayuso

En el equipo de Pedro Sánchez y en Podemos -algo en lo que Moncloa y Pablo Iglesias sí están de acuerdo-, consideran que la Comunidad de Madrid cuenta con los recursos facilitados por el Gobierno de España para destinar ayudas directas a las empresas y “no tiene excusa para no hacerlo”.

“Porque las palabras de apoyo al comercio y a la hostelería de Ayuso deben acompañarse con medidas contantes y sonantes, y pretender que esos sectores afronten por sí solos la crisis ampliando los horarios no es justo ni eficiente”, añaden.

Explican además que, como España es un estado autonómico, el Gobierno ha facilitado a las autonomías para hacer frente a la crisis 39.000 millones (procedentes del Fondo Covid-19, del déficit asumido por el Estado y del React-EU), de los que a Madrid le corresponden 7.000 millones de euros. También recuerdan que el 54% del Fondo de Recuperación de la UE de 155.000 millones será ejecutado por las regiones.

Con esos recursos, todas las autonomías han activado ayudas directas para el mantenimiento del tejido productivo, ejerciendo sus competencias y su conocimiento sobre el terreno. “Todas menos la Comunidad de Madrid, que todavía no ha aprobado ninguna”, critican en Moncloa.

Recuerdan que el compromiso del Ejecutivo central con Madrid es claro: las prestaciones por ERTE desde abril 2020 a enero de 2021 suman cerca de 2.000 millones de euros percibidos por 635.000 personas distintas; las ayudas por cese de actividad a autónomos han llegado a 255.000 por un montante de 1.535 millones entre prestaciones y cotizaciones.

Además, los créditos avalados por el ICO han alcanzado en enero 134.000 operaciones, 81.000 empresas y 18.000 millones en avales solicitados (el 20,3 % de toda España). En conjunto, calculan que todo el montante movilizado representa un presupuesto anual de la región.

Que las autonomías asuman el riesgo

En cambio, Calviño y Montero siguen con un ojo puesto en el déficit y la deuda -son partidarias de acometer solo los estímulos imprescindibles- y recelan del daño reputacional que puede tener ese tipo de medidas si no salen bien.

Advierten además de que en otros países se han concedido ayudas directas a empresas y después han cerrado, por lo que defienden que ese riesgo lo asuman los Ejecutivos regionales.

Destacan que el Gobierno ya les ha transferido a las autonomías, de hecho, 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y también tienen los 8.000 millones del fondo europeo REACT-UE, del que las propias comunidades autónomas han decidido destinar un 25% o 2.000 millones a ayudas para empresas y autónomos.

En una de sus últimas intervenciones Calviño había dejado además abierta la puerta ampliar dicha dotación o dar un soporte adicional desde el Gobierno. “Para algunas puede que las ayudas por parte de las comunidades autónomas sean suficientes, en otros territorios puede ser necesario que el Estado complemente o refuerce esa acción”, deslizó.

Los sectores más golpeados por la crisis

Las autonomías más dependientes del turismo han sido las más golpeadas, y los sectores más afectados por las restricciones, asfixiados ante la lentitud de la recuperación, han venido reclamando ayudas directas para salir adelante.

Exceltur ha cifrado en algo más de 5.300 millones la cantidad que el sector turístico precisa para los próximos seis meses. Pero el grueso se lo lleva la hostelería y comercio, que también han hecho sus cuentas y solicitan 12.500 millones en transferencias para aguantar.