El plan de Mónica García de eliminar Muface, Isfas... cuesta mil millones al año
Sindicatos de policías, inspectores de trabajo y guardia civiles alertan de que obligará a disparar el presupuesto en sanidad, se perderán prestaciones y crecerán las listas de espera
- "Dejar morir" a las mutualidades
- Medida heredada de la anterior legislatura
- Duro revés en el inicio de legislatura
En medio de un panorama polémico, la recién nombrada Ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que una de sus medidas estrella en esta legislatura será suspender las mutualidades destinadas a los funcionarios públicos. Esta propuesta ha desatado una ola de críticas por parte de sindicatos de funcionarios, incluyendo la Policía Nacional, la Guardia Civil y los inspectores de trabajo.
La medida propuesta por García, de acuerdo con el programa electoral de la formación política Sumar en las pasadas elecciones generales, busca eliminar la dependencia de las mutualidades para los funcionarios públicos y redireccionar los recursos hacia el sistema sanitario general. Sin embargo, esta acción traería consigo un coste adicional de aproximadamente 400€ por persona en promedio, según estimaciones del Ministerio de Sanidad.
"Dejar morir" a las mutualidades
Esta decisión afectaría a casi 3 millones de personas, quienes ya han experimentado una reducción en sus prestaciones sanitarias desde la firma del último convenio sanitario en 2022. Los funcionarios temen que esta suspensión resulte en un aumento significativo en las listas de espera en los centros sanitarios, empeorando aún más la situación actual.
Los sindicatos han alzado su voz en rechazo a esta propuesta, argumentando que la medida planteada no busca mejorar la sanidad para los funcionarios, sino, en palabras de algunos representantes sindicales, "dejar morir" a los seguros privados. Además, han expresado su preocupación por el posible impacto negativo en la calidad de la atención médica que reciben los empleados del sector público.
Medida heredada de la anterior legislatura
La reciente propuesta de la Ministra de Sanidad, Mónica García, para suspender las mutualidades destinadas a funcionarios públicos, como Muface, Mugeju e Isfas, no es una novedad en el ámbito político español. Esta iniciativa, ya planteada en la anterior legislatura , se vuelve a debatir, desencadenando un intenso debate y reavivando preocupaciones entre los afectados.
Los sindicatos de la Policía Nacional han sido claros sobre la disminución significativa de los servicios sanitarios para los funcionarios. Una encuesta realizada a más de 5 mil afiliados reveló que más del 50% de los encuestados señaló una notable reducción en la calidad de los servicios de salud, con casos extremos donde tratamientos médicos fueron interrumpidos dejando a los propios policías con la carga económica.
Esta situación preocupa a los funcionarios, quienes ya han sufrido las consecuencias de un sistema sanitario que, según ellos, ha ido en detrimento. El sistema actual de salud, según los propios respresentantes sindicales, podría verse desbordado al acoger a una cantidad masiva de funcionarios públicos si se elimina la opción de las mutualidades, generando un impacto directo en la atención y servicios médicos disponibles para la ciudadanía en general.
La Ministra García, hasta el momento, no ha ofrecido más detalles sobre la implementación de esta medida o cómo abordará las preocupaciones planteadas por los sindicatos y los afectados. Se espera que en las próximas semanas se profundice en este tema candente y se busque un diálogo más amplio que contemple las inquietudes y necesidades de los funcionarios públicos, así como del sistema de salud en su conjunto.
Duro revés en el inicio de legislatura
En el inicio de su mandato, la recién nombrada Ministra se encuentra enfrentando un significativo golpe a una medida que, tal y como aseguran fuentes ministeriales, es uno de los principales retos. Lo promovido por la, hasta ahora, líder de Más Madrid, de eliminar las mutualidades para funcionarios públicos ha desatado críticas y malestar entre diversos sectores de la sociedad.
La controvertida iniciativa, considerada como una medida "anti popular", se presenta como el primer obstáculo significativo al que se enfrenta la Ministra desde su juramento al cargo. La eliminación de estas mutualidades, que ofrecían beneficios a los funcionarios públicos en áreas como salud y bienestar, ha generado un clamor de descontento por parte de los afectados, quienes consideran que esto impactará de manera negativa en su calidad de vida y seguridad social.
