Las cajas sospechan que se está intentando, con la ayuda del Gobierno, bajar su precio para facilitar su compra por terceras entidades, españolas o de fuera

El ambiente en las cajas es de desconcierto. Con el proceso de reformas puesto en marcha desde el Gobierno y el Banco de España, convenientemente aireado por medios nacionales e internacionales, se sienten víctimas de un fuego cruzado.

Según fuentes de la CECA, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, tienen indicios de que se está jugando a bajar los precios de las cajas, para ponerlas al alcance de entidades competidoras, de dentro y fuera de España. “Crece la sospecha, y hay datos, de que el objetivo es que puedan comprar barato. Y para eso es crucial crear un ambiente determinado”, dicen las fuentes citadas. 

Las últimas actuaciones y manifestaciones del Gobierno habrían ayudado, con o sin intención,  a crear ese ambiente. Publicar en la web del ministerio de Economía las cartas a la CECA y la AEB, con las nuevas exigencias de capital  del 10% a cajas y el 8% a bancos, antes de sacar el decreto de reforma,  es un hecho insólito.

Los sectores consultados consideran esa actuación como “una advertencia en toda regla”. Y no hay precedentes de haber recurrido a este sistema para resolver un tema en negociación.

La CECA se ve en el peor de los escenarios. Esta es la semana decisiva en la negociación del decreto de reforma, con dos interlocutores, Gobierno y Banco de España, en teoría alineados pero que tienen distinto grado de responsabilidad política. “Los decretos los hace el Gobierno, pero los números los sabe el regulador, que es quien tiene experiencia en saneamientos bancarios”. No obstante, las decisiones son políticas y aparecen en el BOE: el regulador bancario no tiene el BOE.

El Gobierno ha decidido tirar por la calle de en medio, ya que su obsesión es la imagen de España en los mercados internacionales de deuda y quiere abaratar el coste de la financiación del Estado. Zapatero ha pasado de ignorar a los mercados a estar pendiente de ellos a diario.

El rechazo de las cajas, la semana pasada, al borrador de decreto al Gobierno, ha obligado a que el texto se negocie letra a letra. Está obligando a aclarar las ambigüedades del decreto. Ahí están la definición de lo que es “core capital” (capital de máxima calidad), “instrumentos convertibles”, fondos de mercados mayoristas y otros conceptos.

Tampoco son indiferentes los plazos para alcanzar el nuevo capital. Si se acortan, tendrá consecuencias. Habrá entidades con problemas añadidos, mientras que las más saneadas pueden aceptar cualquier plazo.

La Caixa, IberCaja o Unicaja, no pasarían ningún problema, porque tienen solvencia y medios para salir airosos. En circunstancias apretadas están la fusión liderada por Caixa Cataluña, CajaDuero-Caja España o CaixaNovaGalicia. En estos últimos casos, los gobiernos regionales no han dicho la última palabra: mueven recursos para reforzar sus capitales con socios locales,  para que “sus” cajas no salgan de sus órbitas de influencia.  

Las entidades de ahorro dan por hecho que les van a exigir el 10% de capital, mientras a la banca solo el 8%, pero el procedimiento, los conceptos, la técnica jurídica, los tiempos, no son algo menor.