El Chivato

Denuncias cruzadas entre la Policía Local de León y un comandante de la Guardia Civil que defendió a su pareja

Policía Local de León.
photo_camera Policía Local de León.

Un altercado en un bar de León ha acabado enfrentando a la Policía Local de esta ciudad con un comandante de la Guardia Civil. El encontronazo ha derivado en un cruce de denuncias en el que se han visto involucrados una comandancia provincial de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de León y la Agencia Española de Protección de Datos.

El Chivato ha consultado una resolución con la que la Agencia Española de Protección de Datos archiva la reclamación presentada por el comandante de la Guardia Civil contra el Ayuntamiento de León. En esa resolución se relata lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar hace un año en un hotel de la calle Ancha de León, concretamente el 25 de octubre de 2020. El comandante estaba en el establecimiento fuera de servicio, vestido de paisano, tomando café junto a su pareja. Cuando se marchaban, la mujer volvió dentro a recoger un paraguas que se había olvidado.

Según el relato del comandante de la Guardia Civil, cuando su pareja fue a salir de nuevo, “tres personas que se encontraban en la puerta de acceso al mismo la rodearon e impidieron la salida en varias ocasiones a la vez que se dirigían a ella repitiendo la siguiente expresión en varias ocasiones ‘Rubia chúpanos la polla’”.

El oficial se acercó a defender a su pareja y a recriminarles los comentarios a aquellos hombres. Éstos reaccionaron de forma violenta: uno le pegó una patada en la espinilla y un puñetazo en la cara, y otro le golpeó con una silla en la cabeza. Según la encargada de la cafetería del hotel, se encontraban ebrios y ya habían molestado a otros clientes.

El comandante llamó al teléfono 091 para denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional. Pero al lugar de los hechos acudieron patrullas de la Policía Local de León. Ante los agentes, el oficial se identificó como comandante de la Guardia Civil y les mostró su Tarjeta de Identidad Profesional.

Según el comandante, ahí comenzó otro incidente, en este caso con los policías locales: “Desde su llegada, a voces, se me ordenó callar, refiriendo las siguientes expresiones, ‘aquí somos todos iguales’, ‘cállate’, ‘sepárate’, todo esto mientras mi pareja lloraba de los nervios que nos había provocado la situación. Especialmente ella, que había sufrido una ‘agresión verbal’ de índole sexual muy grave y que es susceptible de ser considerada como delito”.

En ese momento el guardia civil llamó de nuevo al 091 para intentar que acudiera la Policía Nacional. Eso no sentó nada bien a los policías locales, que lo consideraron una falta de respeto e incluso resistencia a la autoridad.

El episodio no se quedó ahí. Los policías de León que participaron en la intervención enviaron una queja a los superiores del comandante, a la Comandancia de la Guardia Civil en la que estaba destinado, relantando el incidente en la cafetería de un hotel de León.

 

Cuando el comandante se enteró de que los agentes locales habían dado parte de él ante sus superiores de la Guardia Civil, decidió contratacar. Presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación contra el Ayuntamiento de León, como primer responsable de sus policías locales.

El oficial se quejó de que los agentes hubieran utilizado los datos que obtuvieron en la actuación policial –su empleo y destino en la Guardia Civil- para remitir una queja a los superiores, pese a que “los hechos se desarrollaron cuando yo me encontraba fuera de servicio, por lo tanto en el ámbito exclusivo de vida privada”, y que además “no fui investigado ni detenido por ningún delito”.

Por eso consideró “que se ha realizado una utilización referente a mis datos personales para hechos ajenos a la función policial y con un interés evidente de perjudicarme”, y se quejó por ello ante la Jefatura de Policía Local de León.

La Agencia Española de Protección de Datos ha analizado el caso y ha destacado que “el reclamante se identificó expresamente, sin que fuese solicitado”, y que los policías actuantes podían presentar una queja si lo estimaban oportuno.

La investigación ha terminado en archivo. La agencia concluyó que los hechos encajaban en lo que establece el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que permite el tratamiento de datos personales si “es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

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