Viticultores alertan: “Pagan uva por debajo del coste, es el principio del fin”

La vendimia 2025 en la Ribera del Duero comienza con signos de alarma entre los viticultores. El precio ofertado para la uva —alrededor de 0,50 €/kg— queda muy lejos de los costos mínimos estimados (0,75 €/kg), lo que, según las organizaciones agrarias, podría amenazar la viabilidad del sector.

De confirmarse como práctica habitual, esta anomalía podría constituir un quebrantamiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta norma obliga a no realizar transacciones “a pérdidas”, además de exigir que las entregas primarias vayan amparadas por contratos escritos que recojan elementos esenciales como el precio pactado. BOE – Ley 12/2013

Contratos formales y prohibición de ventas a pérdidas

Según el propio articulado de la Ley, las relaciones comerciales agrícolas están sujetas a varios requisitos esenciales: formalización por escrito del contrato, inclusión del precio, inscripción previa al Registro de Contratos Alimentarios —antes de la entrega del producto— y prohibición expresa de pagar por debajo de los costes de producción.

En el caso del sector vitivinícola, organizaciones como ASAJA exigen que estas reglas se cumplan de manera rigurosa. Recuerdan que el comprador debe emitir factura en un máximo de 15 días tras la entrega, y pagar lo pactado dentro de los 30 días siguientes. 

Denuncias históricas y sanciones parciales

Este tipo de quejas no son nuevas. Grandes bodegas como Félix Solís y García Carrión han sido acusadas en el pasado de pagar precios inferiores al umbral de rentabilidad para los viticultores.

No obstante, los resultados de las inspecciones no siempre arrojan sanciones concretas. En La Rioja, por ejemplo, de 27 inspecciones realizadas, ninguna concluyó en una sanción firme relacionada con precios bajos; sí se multaron incumplimientos en plazos de pago.

Recientemente, la justicia ha confirmado una sanción contra García Carrión por retraso en pagos a proveedores: la multa, inicialmente de 100.000 €, fue reducida a 95.000 €. El fallo reconoce la infracción como grave, aunque no afecta directamente al precio de compra.

Casos tratados por AICA

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es el organismo estatal encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa, especialmente en operaciones que trascienden fronteras autonómicas. 

En 2023, AICA impuso 382 sanciones en diversos sectores agrícolas, entre ellas 23 en el ámbito vitivinícola, por temas como incumplimiento de plazos, ausencia de contratos o modificaciones unilaterales no pactadas.

Factores estructurales que agravan la situación

Los viticultores responsabilizan parte de la crisis a un exceso de oferta. Según ASAJA, cada año se están plantando alrededor de 1.000 nuevas hectáreas de viñedo en la zona. Esta expansión descontrolada podría generar una saturación del mercado que presiona los precios hacia abajo.

Casos similares se han observado en denominaciones históricas como Rioja o Rueda, donde se han aplicado restricciones en rendimiento o incentivos de poda en verde para contener la producción y evitar colapsos en el mercado. 

Respuestas solicitadas al sector público

• Aumento de inspecciones autónomas y estatales para detectar contratos que vulneran la normativa.
• Aplicación efectiva de sanciones graves cuando se detecten ventas a pérdidas.
• Diálogo permanente entre bodegas y viticultores para fijar precios referenciales basados en costes reales.
• Revisión de los permisos anuales de plantación para moderar el crecimiento de la oferta.
• Mecanismos de protección frente a posibles represalias por denunciar prácticas ilegales.

Viticultores aseguran que suelen abstenerse de denunciar por “temor a represalias”. Las organizaciones del sector, sin embargo, defienden que pueden actuar como denunciantes colectivos y solicitar que su identidad quede confidencial, conforme a la Ley de Contratos Alimentarios.

¿Qué puede pasar en los próximos años?

Si prácticas como pagar por debajo de los costes se normalizan en la Ribera del Duero, el riesgo no es solo coyuntural: podría socavar la estructura misma del cultivo de viñedo en la zona. Las bodegas que opten por autoabastecerse, sin depender del viticultor local, podrían desplazar a quienes no puedan producir a escala rentable.

En ese escenario, los viñedos centenarios característicos de la Ribera, y la economía rural que los sustenta, podrían entrar en un círculo de degradación territorial y pérdida de diversidad de productores.

El futuro inmediato dependerá de la capacidad de las administraciones para activar inspecciones efectivas, sancionar infractores con contundencia y equilibrar el poder de negociación entre bodegas y viticultores. Solo así se puede evitar que una práctica puntual derive en el fin del modelo agrario de una de las regiones vinícolas más emblemáticas de España.