La reforma fiscal prevista por el Gobierno de Pedro Sánchez dará “la puntilla” al sector del transporte en España
El “Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria” que ha preparado un Grupo de expertos amigos del Gobierno del Presidente Pedro Sánchez, hace del Sector del Transporte una de las dianas favoritas para incrementar la tributación en España.
Dicho informe aprobado recientemente y que se puede consultar en el siguiente enlace https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf debería ser ya objeto de mucha atención por parte del colectivo de transportistas en huelga, al objeto de que además de sus futuras reuniones con la Ministra de Transporte, vayan pidiendo también reunirse con la Ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, con el fin de discutirlo y promover su revocación antes de que se den pasos en ese sentido.
Son infinidad los textos alarmantes para el sector del transporte que se contienen en dicho informe, de los cuales sólo destacaré unos pocos para que se comprenda que, con la excusa del medio ambiente, imposiciones de la Unión Europea, la salud y la transición ecológica, entre otras, este Gobierno va a vaciar las huchas de los transportistas, si es que les queda algo ya.
El sector transporte contribuye a los principales problemas medioambientales españoles, siendo el principal causante de las emisiones de GEI y de los episodios recurrentes de contaminación local en muchas ciudades. Por esta razón y para cumplir con algunos de los compromisos medioambientales concretados en la Tabla II.1 es necesario extender e intensificar la tributación correctora vigente sobre vehículos y combustibles, promoviendo aquellos modos de transporte más favorables en términos medioambientales y fomentando el desarrollo y la adopción de alternativas tecnológicas limpias.
El sector del transporte es fuente de importantes externalidades negativas que deben ser reconocidas y corregidas a través de la intervención pública. Entre ellas destacan las emisiones de GEI y de muchos de los contaminantes recogidos en la Tabla II.1, todos sujetos a compromisos de reducción por parte del Estado español.
Es también particularmente relevante la contribución del transporte rodado a los importantes fenómenos de contaminación local que sufren las zonas urbanas y que generan elevados daños sobre salud humana. En este sentido y con el objetivo de reducir los siete millones de muertes anuales asociadas estos fenómenos en el planeta, la OMS (2021) ha endurecido recientemente los indicadores de calidad del aire para los principales contaminantes asociados a la combustión fósil en el transporte.
En cualquier caso, las externalidades negativas asociadas al transporte van más allá de las causadas por los contaminantes atmosféricos e incluyen los costes asociados al ruido, congestión o accidentes. El conjunto de externalidades negativas del transporte puede así situarse alrededor del 5% del PIB para los países desarrollados (Van Essen et al., 2019), por lo que su corrección ha de ser prioritaria.
Aunque existen numerosas alternativas regulatorias para el control de los problemas asociados al transporte, desde la planificación infraestructural a las políticas tecnológicas, este es un sector en el que las medidas tributarias pueden jugar un papel fundamental. En particular, la incentivación económica al cambio de comportamiento y a la inversión en alternativas limpias ha de tener un gran protagonismo en este campo. Además, en línea con lo apuntado en los apartados iniciales del capítulo sobre tributación medioambiental, la abundancia de agentes heterogéneos y la disponibilidad de un amplio conjunto de alternativas tributarias conforman un contexto propicio para la aplicación de estos instrumentos.
En general, las propuestas que se presentan en esta sección buscan incorporar las externalidades negativas medioambientales asociadas al transporte y facilitar el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles a mínimo coste. Las medidas consideradas se refieren tanto a la modificación de figuras existentes como a la creación de nuevos tributos que favorezcan una estructura modal, un equipamiento y una movilidad más sostenibles. En particular, el cambio modal ha de jugar un papel fundamental, favoreciendo alternativas menos gravosas ambientalmente (transporte público frente a privado, ferrocarril electrificado frente a aviación o vehículo privado, etc.) a costes mínimos (Economics for Energy, 2021).
En el mencionado “Libro Blanco” contra los transportistas hay al menos localizadas dos propuestas que les afectan de lleno, como son:
-La Propuesta 6: Aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos.
Donde se recoge una revisión de la fiscalidad de hidrocarburos que se traduce en una subida sustancial de la tributación sobre los hidrocarburos, en particular sobre los carburantes de automoción.
La estrategia a este respecto se relata con la siguiente literalidad: “La fuerte intensificación de la tributación medioambiental asociada a esta propuesta tiene el efecto de generar reducciones significativas de emisiones contaminantes y de un importante aumento de la recaudación. Sin embargo, sus impactos distributivos y sobre la competitividad son también más elevados que en las propuestas anteriores, lo que recomienda una estrategia de implantación gradual y la introducción de compensaciones distributivas y sectoriales para mitigar sus efectos negativos”.
-La Propuesta 10: Consideración de mecanismos tributarios para el pago por uso de determinadas infraestructuras viarias.
Es decir, que los transportistas tendrán que pagar un peaje (los socialistas prefieren llamarlo eufemísticamente “una tarificación”) por el uso de las autovías y autopistas, tal y como pasa por ejemplo en Portugal.
En cuanto a las cuantías económicas que supondrán para los transportistas estas medidas conviene analizar el siguiente cuadro contenido en el Libro Blanco de la Reforma Fiscal.
Podríamos estar hablando de unos 10.000 millones de euros aproximadamente en términos redondeados, lo cual es una cifra sin duda muy a tener en cuenta ahora mismo por el colectivo de transportistas en conflicto, insisto, con la finalidad de que cuando hayan acabado con la Ministra de Transportes se dirijan a la Ministra de Hacienda, porque no tendría ningún sentido negociador aceptar unas condiciones con la primera, mientras que la otra, mucho más peligrosa, mantiene en el horizonte de los transportistas un impuestazo que sería para ellos “la puntilla” definitiva.
Guillermo Rocafort Pérez
Profesor y Doctor en Fiscalidad
