Peugeot y Citroën, señaladas por un fraude que podría costarles millones: ya hay fecha clave
La Fiscalía de París ha solicitado la apertura de un juicio contra Peugeot y Citroën por un caso que remite directamente al escándalo del Dieselgate. Las acusaciones afectan a millones de vehículos vendidos en Francia y podrían tener implicaciones severas para el grupo Stellantis.
Según documentos judiciales, ambos fabricantes habrían calibrado sus motores para reducir las emisiones contaminantes solo durante los ensayos de homologación, violando así las normas medioambientales europeas.
Una acusación que reabre viejas heridas en la industria
La Fiscalía francesa ha presentado una solicitud formal para que se celebre juicio contra las automovilísticas Peugeot y Citroën, pertenecientes al grupo Stellantis, por supuesta manipulación de emisiones en motores diésel. La petición ha sido presentada ante el juez de instrucción, quien tiene la competencia exclusiva para decidir si procede la apertura del proceso judicial.
Los hechos se enmarcan en la venta de vehículos diésel homologados bajo la normativa Euro5 entre los años 2009 y 2015. La investigación sostiene que estos automóviles superaban los límites legales de emisiones de óxidos de nitrógeno cuando eran conducidos fuera de las condiciones específicas de laboratorio utilizadas para la homologación.
El método: una calibración selectiva de los motores
El expediente judicial, citado por la agencia AFP y el medio francés L’Informé, describe cómo los motores fueron “especialmente calibrados” para reducir sus emisiones únicamente durante las pruebas oficiales. Fuera de esos contextos, los sistemas de depuración operaban de manera ineficiente, lo que derivaba en altos niveles de contaminación ambiental.
La Fiscalía considera que esta práctica no solo constituye un fraude, sino que también agrava la acusación al poner en riesgo la salud pública. Se argumenta que los vehículos así modificados “favorecen la aparición de enfermedades respiratorias en el ser humano”.
Imputaciones previas y nuevos informes contundentes
Ambas marcas ya fueron imputadas en junio de 2021 por estos hechos. En paralelo, se encuentran en curso recursos legales ante la Corte de Apelación de París. Este nuevo impulso del caso podría marcar un antes y un después en la respuesta judicial europea frente al fraude medioambiental en la industria del motor.
Documentos oficiales revelan una estrategia premeditada
Un informe de 2017 de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) detalla que PSA —la antigua matriz de Peugeot y Citroën— implementó una política sistemática de comercialización de vehículos manipulados. Aproximadamente 1,9 millones de unidades Euro5 habrían sido vendidas con tecnología diseñada para engañar los controles de emisiones.
Según ese informe, se trató de una “estrategia global destinada a fabricar motores fraudulentos, y después a comercializarlos”, lo que derivó en una sanción económica severa para la compañía.
El coste humano y ambiental de las emisiones ilegales
Un análisis reciente del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) estima que entre 2009 y 2024 se han producido unas 124.000 muertes prematuras en la Unión Europea y Reino Unido como resultado de las emisiones contaminantes liberadas por vehículos manipulados. Este estudio refuerza el argumento del ministerio público sobre los efectos sanitarios del caso.
Un nuevo capítulo del Dieselgate en Europa
La causa contra Peugeot y Citroën se suma a otros procesos abiertos en Francia, como el iniciado en marzo contra Volkswagen por prácticas similares. En todos los casos, se acusa a los fabricantes de haber utilizado software o dispositivos que reducían artificialmente las emisiones solo en condiciones de laboratorio.
Si se abre el juicio, este proceso podría convertirse en uno de los más relevantes en la historia reciente del derecho medioambiental europeo, con consecuencias tanto legales como reputacionales para el grupo Stellantis y toda la industria automotriz.
