El problema de la okupación en España: soluciones legales para estos conflictos

El problema de la okupación se ha convertido en una de las grandes inquietudes de los propietarios de inmuebles en España. En los últimos años, las noticias sobre personas que acceden ilegalmente a pisos o casas y no quieren irse se han incrementado. 

Esto ha hecho que la demanda de Abogados desahucios haya crecido exponencialmente. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2022 se produjeron 16 726 denuncias relativas a allanamientos de morada y derechos de usurpación de inmuebles, dos realidades muy relacionadas con el fenómeno de la okupación.

En este contexto, es muy normal que la gente se pregunte qué herramientas hay para dar solución a este tipo de escenarios desde la vía legal. En Forcam Abogados, especializados en este tipo de casos, trabajan a través de tres fórmulas: procedimiento amistoso, lanzamiento judicial y conflictos penales, vías distintas que ayudan a hacer frente a la okupación ilegal.

Procedimiento amistoso para solucionar la okupación

Para Forcam Abogados Barcelona es una de las grandes ciudades españolas donde la okupación está experimentando un mayor crecimiento desde la pandemia. En esta ciudad, sus letrados operan diariamente para encontrar la solución más fácil al problema: el procedimiento amistoso.

¿En qué consiste? Ante un allanamiento inesperado, lo primero es apelar a la conciencia de las personas que se encuentran de manera ilegítima en la vivienda.

El objetivo es pactar una salida rápida y sin conflictos de la propiedad. Un abogado puede acudir al domicilio y entablar un diálogo con estas personas, donde se exponen las complicaciones legales a las que se verán expuestas en caso de no abandonar el hogar.

Con mucha mano izquierda, explican en Forcam Abogados, los letrados se ponen en la piel de las personas que han okupado para comprender su situación e incluso ofrecerles opciones para mejorar sus perspectivas de futuro, sin que sigan haciendo daño a los propietarios que cuentan con los ingresos que les produce ese piso o que quieren hacer uso y disfrute del mismo.

En muchos casos, este procedimiento amistoso es más que suficiente para lograr resultados. Ante la presencia de un especialista en el campo, las personas que han okupado comprenden que el asunto puede complicarse y que más vale abandonar la vivienda de manera rápida y sin causar grandes problemas.

Procedimiento judicial de desahucio

La ley española y el Código Civil reflejan fórmulas para que un juez evalúe cualquier caso de okupación y determine el lanzamiento de quienes han ocupado ilegalmente una vivienda. Obviamente, y aunque han de darse una serie de requisitos y plazos, la ley siempre está de parte del propietario de las viviendas.

Desde 2018, el marco legislativo nacional cuenta con la llamada Ley del Desahucio Exprés o Ley Antiokupas. El principal objetivo de este texto es ofrecer un protocolo que agilice los desahucios de quienes han entrado a habitar el espacio de forma no tolerada por el propietario.

Esta Ley 5/2018, del 11 de junio, está completamente adaptada a la realidad de la ocupación de inmuebles tal y como la conocemos hoy y, por tanto, recoge una gran cantidad de escenarios en los que el juez debe propiciar la inmediata recuperación de la plena posesión de la propiedad usurpada.

El proceso comienza con una denuncia ante la policía y tras iniciar una acción de desahucio en los tribunales. Los abogados especializados logran acortar los tiempos todo lo posible para que el juez dicte sentencia con un auto de lanzamiento en el menor tiempo posible.

Procedimiento penal de desahucio

Más allá de acudir a la vía civil, los propietarios tienen derecho a recurrir a la vía penal para que el castigo que reciban los okupas sea ajustado al perjuicio que están causando al verdadero poseedor del inmueble. En estos casos, se ha de denunciar por allanamiento de morada o usurpación de vivienda, dependiendo de si se trata de una vivienda habitual o no habitual.

Si no han pasado más de 48 horas, la policía puede incluso desalojar sin orden judicial, aunque no es algo que se dé habitualmente.

El punto más interesante de utilizar esta opción, además del señalado, es que las penas para los que han cometido la acción ilegal son más altas, con sentencias de hasta cuatro años de prisión, dependiendo de las circunstancias.

Dependerá de cada caso optar por una u otra solución a la hora de recuperar una propiedad que ha sido okupada de manera ilegal.

En todo caso, lo recomendado es contar siempre con ayuda especializada para no dar ningún paso en falso y que la situación pueda volverse en contra. Contacta con los abogados más especializados en este tipo de casos de desahucio para que el proceso sea limpio, legal y que recuperar la casa sea lo más rápido y sencillo posible para todos.