La reforma del mercado eléctrico y la necesidad de un marco regulatorio estable

Transición hacia una economía descarbonizada

La reforma del mercado eléctrico y la necesidad de un marco regulatorio estable.
La reforma del mercado eléctrico y la necesidad de un marco regulatorio estable.

La transición hacia un sistema energético más sostenible y la promoción de las energías renovables son objetivos clave para Europa. Acuciada por el aumento de la inflación y la carestía de un servicio tan esencial como la energía, la Unión Europea acomete el debate sobre la propuesta de reforma del mercado eléctrico como un asunto de absoluta prioridad.

Pero el consenso parece todavía un objetivo lejano en un terreno abonado para el populismo y los intereses patrios. La lucha contra el cambio climático y el impulso hacia la deseada transición energética son objetivos comunes. Básicamente ahí se acaban las coincidencias. En la propuesta de reforma del mercado eléctrico, mientras algunos países, como España aboga por medidas intervencionistas para impulsar el desarrollo de las energías renovables, otros, como Alemania, Países Bajos o Suecia, defienden un enfoque más basado en el mercado y la competencia.

En la propuesta de reforma del mercado eléctrico que hizo el gobierno de España en 2022, rechazada por Bruselas, propone acabar con el actual diseño marginalista del mercado mayorista eléctrico (popularmente conocido como el “pool”) y regular el precio de cada tecnología, como con Franco.

Propuesta de reforma del mercado eléctrico: Un tenso "toma y daca"

En su borrador de reforma europea del mercado eléctrico realizada a mediados de marzo —que está siendo objeto de un tenso ‘toma y daca’ para una versión final que todavía no se vislumbra— la Comisión Europea, rechaza eliminar el sistema de fijación de precios marginalista en el mercado diario, según el cuál las tecnologías disponibles más baratas en cada momento dejen fuera a las más caras, generalmente el gas, asegurando el precio más bajo posible con las tecnologías disponibles en esa hora.

La patronal de reguladores europeos ACER se ha mostrado en contra de la propuesta planteada por España en un comunicado en el que pone de manifiesto la eficiencia del mercado marginalista en los últimos años. La agrupación estima que en la última década el comercio transfronterizo y la integración del mercado liberalizado han generado beneficios anuales de aproximadamente 34.000 millones de euros para los consumidores y ha impulsado el crecimiento de generación de origen renovable.

En el centro del difícil debate se encuentra el equilibrio entre la necesidad de impulsar las energías libres de emisiones y los principios del libre mercado que han determinado hasta ahora en gran medida la transición y que, en el caso de España, nos han llevado a liderar la producción de energías renovables.

Ernst & Young, en un informe reciente que analiza la reforma del mercado eléctrico europea, realiza una serie de recomendaciones a los legisladores y les recomienda “preservar la no retroactividad y los principios esenciales para mantener la seguridad jurídica y confianza legítima de los inversores. necesarios para atraer el importante volumen de inversión exigido para la transición energética”.

La consultora aboga también por una reforma que evite a toda costa la segmentación de los mercados y vele por “medidas homogéneas que no pongan en peligro ni el mercado interior ni el funcionamiento del mercado eléctrico en el conjunto de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, anima a promover el desarrollo de los mercados de capacidad para asegurar el suministro y la flexibilidad del sistema y a consolidar la importancia de las redes de transporte y distribución para afrontar los retos de una mayor descentralización y descarbonización.

 

Transición hacia una economía descarbonizada

La reforma del mercado eléctrico europeo, que previsiblemente se aprobará durante la presidencia española de la UE, es una oportunidad única para fortalecer el sistema energético y la transición hacia la economía descarbonizada bajo un marco legislativo previsible y que favorezca la inversión y la competitividad necesaria para su transformación.

En este contexto, Pablo Dorronsoro, socio de Derecho Público y Sectores Regulados de EY y co-autor del informe considera esencial “el mantenimiento de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, limitando a inversiones e instalaciones nuevas aquellas propuestas que podrían tener impacto en los rendimientos económicos de las instalaciones, sin perjuicio de que sería deseable una mayor concreción en algunos aspectos como la regulación establecida para situaciones de crisis”.

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