La Ley de la vivienda o El caballo de Atila

Se decía que Othar- el legendario caballo de Atila-, tenía la propiedad de arrasar la hierba que pisaba y que esta nunca más volvía a crecer. Sería un buen símil para intentar compararlo con la nueva normativa de la vivienda a punto de salir por la vía rápida – como ya parece es lo habitual- para poder así esgrimirla en las inminentes próximas elecciones.

  Diría incluso jocosamente, si no fuera que, con ello, se incrementa extraordinariamente la ya latente “alarma social” de los propietarios y arrendadores; por lo que mejor sería decir “jorobadamente” puesto que además con ello, se afecta la precisa y necesaria seguridad jurídica, vital en un estado social democrático en ese ataque a un derecho que, sin ser fundamental, si reza en el Art. 33 de la CE. y debe respetarse en sus propios términos: 1º Se reconoce el derecho de la propiedad privada y de la herencia. 2º La función social de estos derechos, delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. 3º Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por casusa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto con las leyes.

 Que no sea la propiedad un derecho fundamental, no quiere decir que no tenga relación directa con otros que sí lo son (y con los cuales obligatoriamente hay que ponderar en un estricto, exigente y obligatorio “balancing”); así, por ejemplo, el Art. 14 de “la igualdad de todos los españoles” ante cualquier discriminación por cualquier condición o circunstancias personales o sociales. Igualmente, con la precisa “tutela judicial efectiva” del Art. 24 respecto al derecho de obtener resoluciones efectivas de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que se pueda producirse indefensión.

  Una cosa es intentar racionalizar un bien escaso y vital como es la vivienda, con las consiguientes repercusiones positivas que tiene en independizarse las nuevas generaciones, incrementando así la necesaria población, trabajo, impuestos y cotizaciones, evitando con ello, tener que recurrir desesperadamente a la inmigración como está sucediendo en prácticamente toda Europa (y aún a pesar de hacerse de lejos, más política social y de vivienda en el resto del Continente desde siempre); pero otra cosa es atribuir una obligación habitacional -que es función exclusiva del gobierno-, para trasmitirle la carga a los ciudadanos con sus propias propiedades supuestamente amparadas en una plena democracia liberal en la que habitan; puesto que lo contrario, llevaría a pensar que se ha instaurado un semi-comunismo por parte de unos supuestos partidos que se curiosamente se autodefinen como  progresistas, o en último extremo, deberemos pensar,  que se está interviniendo el mercado al más puro estilo franquista en los años 60 con la congelación de rentas, dictador del cual reniegan, pero que parece que al mismo tiempo se ven obligados a hacer mención por haber creado en pocos años cuatro millones de viviendas sociales,  a diferencia de los más de cuarenta años que llevamos de democracia, y donde la cifra debe ser tan ridícula, que se oculta. Viviendas del franquismo, que en vez de permitir la venta indiscriminada de las mismas para “exclusivo beneficio del estado”, si se hubiesen preservado para la función social, a día de hoy, no estaríamos a un escaso 3% de vivienda social, respecto al 13% de media europea. ¿Que está fallando y quienes son verdaderos responsables? La respuesta creo que es obvia e innecesaria.

Distopía legal y humana

 Hasta ahora, y a través  de los sucesivos Reales decretos de medidas para paliar el Covid, se legisló en aras a la protección del inquilino, al que se acopló la figura del okupa, que sin título alguno, y más bien con la patada en la puerta de la vivienda  ajena (es decir por la proscrita fuerza del derecho), tiene la  ventaja, en que puede a diferencia del inquilino, llegar a usucapir la propia vivienda en los plazos legales previstos, quien además, puede apelar una sentencia de desahucio a la Audiencia Provincial, (prolongando extraordinariamente los plazos y sin tener que depositar lo adeudado a diferencia también del inquilino legal), privilegios sin base alguna, que equivale a crear una distopía indeseable para el mismo derecho de raíz romana y contra la misma razón humana, alarma que se incluso se incrementaba, puesto que en los juicios leves de ocupación, el Estado, aun sin ser preciso en dichos procedimientos, pone a disposición de los okupas “un abogado y como extra a un procurador” ambos del turno de oficio y costeado por los impuestos del propio propietario, que ahora además tiene que pagar de su bolsillo a dichos profesionales para la defensa de su propiedad, mejor dicho al abogado, pues el procurador ya hemos dicho es innecesario y superfluo, puro lujo en definitiva del  supuesto estado de derecho.

 Las medidas restrictivas para el propietario para recuperar la vivienda tanto frente al inquilino incumplidor, como por supuesto del superior okupa, pese a haber pasado hace mucho tiempo la pandemia, continua en vigor hasta finales de julio, y está previsto que no se prorrogarán nuevamente,  pues de forma inminente entrará la nueva ley de la vivienda pactada por PSOE, UP, ERC, MÁS PAÍS, BNG y PDCAT., quienes al proyecto inicial, incorporarán ahora enmiendas en el sentido de crear aún más emoción y distopía:

1.- Así el demandante propietario, tendrá que “certificar” si es o no un gran tenedor (actualmente sería la persona física o jurídica con 10 o más viviendas que la ley permitirá a las Comunidades autónomas rebajar incluso a 5). La pregunta sería ¿cómo tendrá que probar que no es gran tenedor?, ¿con un certificado del Registro de la Propiedad de toda España, o en el mejor de los casos, de todas las propiedades que tuviese en esa zona tensionada de alquileres, pagándolo de su bolsillo? Antes para la okupación, ya valía más un simple” tique” de una mera pizza que un auténtico título de propiedad que exhibiera el dueño, pero es que ahora, invirtiendo la carga de la prueba (antes solo se permitía justificar el pago de renta al demandado en ese especial procedimiento sumario), tendrá que justificar que no tenga muchos otros títulos que invaliden ese (algo así como el “Monopoly” pero  en versión bolchevique) donde a todo dueño, se le presupone burgués en una aparente nueva lucha de clases al más propio estilo Orwell.

2.- Asimismo, deberá acreditar que no es la vivienda habitual de los okupas a través de los servicios de vivienda autonómicos y locales “y previa autorización” de los propios ilegales moradores. ¡Sí, han leído bien!, ahora como salsa final, añádanle la “ley de protección de datos” y ya tendrán el guion del “contratante de la otra parte contratante”, ¿pues creen Uds. que el okupa va a colaborar en participar remotamente en perder ese autentico privilegio de auténtica realeza que ahora le otorgan sobre el resto de comunes plebeyos supuestamente terratenientes? La historia, ha girado más que con Copérnico, y una autentica pócima de magia, ha permitido que el supuesto poderoso se someta al hipotético pobre, donde el libre mercado, ser relega a tontería y sandez, locura y sueño capitalista, en definitiva.

3.- No queda aquí el disparate, además el Juez o Tribunal, no podrá admitir la demanda, si no previo intento de conciliación o intermediación a través de organismos que establecerá la Administración Pública, que se deja a criterio de cada Comunidad autónoma, es decir, más inseguridad jurídica.

 Al respecto, recuerden la subjetividad de determinadas administraciones como la de la Generalitat, (ejecutando las ilegales leyes emanadas del Parlament, que no gozaban ni siquiera de la  aprobación de los Letrados de la Cámara); leyes y decretos respaldados con multas administrativas (independientes y sin control de los tribunales con potestades en el desahucio) que superaban incluso los cien mil euros de sanción (caso por ejemplo de no ofrecer el gran tenedor un alquiler social a los inquilino moroso), sucesivas normativas afortunadamente tumbadas total o parcialmente  por el Tribunal Constitucional a raíz de los sucesivos recursos de amparo, resultado de la extraordinaria inseguridad jurídica creada.

 La diferencia, es que ahora, se incorpora a la Ley de Enjuiciamiento Civil en su Art. 439 la cual modificará en dos apartados. Es decir que ya no se limitará al mero ámbito administrativo y atará al juez de pies y manos.

Supuesta estrategia electoral

 Eso dicen los partidos que la han creado, aunque no sabemos realmente en que parámetros en “lógica jurídica y humana” se deben basar, pues van hasta contra la misma ley de la gravedad,  pues ya indiqué en algún artículo anterior, que en un país, donde la propiedad privada en la vivienda, asciende a casi un 75%, no parece realmente muy inteligente de cara a unas elecciones,- máxime con los antecedentes de la “alarma social” de los propietarios y arrendadores de todos estos años-, practicar dicho suicidio electoral, pues no se corresponde con la realidad ni con los deseos de la inmensa mayoría del electorado.

   Ello equivale a su vez, en poner jaque mate a uno de los más importantes sectores industriales generadores de PIB como es  la construcción, pues no es una mera hipótesis de riesgo, sino toda una realidad ya verificada si vemos la política de “intervencionismo” de la alcaldesa Colau, observaremos que en cinco años que dura su normativa de entregar el constructor un 30% de viviendas para fines sociales, ha dado como resultado la construcción de apenas “52” viviendas en Barcelona en ese lustro, y que ya se entreveía al desaparecer literalmente  las grúas de toda la ciudad.

  Mezclar ideologías con la realidad de la  libre empresa,- a diferencia de lo imanes, o incluso amores, tienden a  repudiarse-, aspecto que también se aprecia en la reducción del “mercado de alquiler” en una comparativa Barcelona-Madrid,- esta ultima de libre mercado-, donde el incremento de los precios de los pisos en la capital catalana, - como efecto contrario al buscado en una legislación populista, retrógrada y sancionadora del Parlament- que incluso supera la época del franquismo que dicen rechazar y renegar, pese a que la filosofía de las dictaduras las llevan en las venas. Es notorio, por ejemplo, que muchos de los cargos institucionales y líderes del separatismo son de descendencia de altos cargos franquistas, por ejemplo. Será aquello del que tuvo retuvo, razones entre otras por las que legislan contra la mayoría del pueblo que dicen representar, cuando son clara minoría que practican esa clara exhibición de “tiranía democrática” y aprovechando las instituciones que indignamente ostentan, pero donde la machacona realidad, -superior a su propia obcecación- los barre y supera constantemente, dejándolos en permanente evidencia.

 Los 50.000 pisos del Sareb

Deberíamos recortar los periodos legislativos, pues es obvio que los lideres, solo se acuerdan del pueblo cuando viene el examen de las urnas, cual es el caso de la vivienda, por ejemplo, que, en toda la legislatura actual, apenas el Gobierno central se ha preocupado del tema- exceptuando lo referido del COVID-, y solo ha ido a la rueda de sus socios radicales de gobierno. La realidad, de nuevo nos deja patente, que la cifra está más que abultada, y que a duras penas superan los 16.000 pisos y no todos precisamente en las zonas urbanas tensionadas, siendo buena parte, locales, pisos ocupados, precisados de grandes reformas, sin terminar….

 Actitud de la oposición

   Tampoco destaca por una especial sensibilidad al respecto, las recetas que da el PP, por ejemplo, no solucionan tampoco el problema habitacional, pues, en definitiva, no se toma en serio el gran problema. De hecho, la posición ni va a plantear debate dentro del micro debate que apenas dejará el gobierno en el Congreso; sencillamente como estrategia dejará hacer, sabedores del derecho que tiene cada partido de hacerse su propio nudo para colgarse, algo así como decía Felipe González en los años 90 respecto a las grandes inversiones que requería la fibra óptica (aunque en este caso el pronóstico fallo): “todo el mundo tiene derecho a arruinarse”.

 Paternalidad de las medidas habitacionales que reclama Podemos

 Finalmente, puestos a reclamar, recordarle a dicho partido que el primero en insinuar esas medidas, tanto al saliente gobierno de Zapatero, como al entrante de Rajoy, fue precisamente el que escribe este artículo, todo ello documentado con sendas cartas de recepción de los respectivos Ministerios de Vivienda (cuando Podemos aún era un mero proyecto), ministerios ( por no decir misterios) donde tuvieron entrada primero como “Caballo de Troya” (para el PSOE), y después como proyecto “Ulises- Sofía”(readaptándolo a la ideología del PP), donde se deduciría precisamente la idea de evitar el banco malo (Sareb, que terminó proyectando el PP), y donde se pedía poner esos pisos en mercado de alquiler, por lo que los 60.000 millones de rescate -que después costó al ciudadano de sus impuestos-, se irían dando a medida que dicha actividad habitacional bancaria fuese dando resultados. Las estadísticas, realizadas en su día por mi buen amigo Juan Parcerisas, (Economista de profesión) se estimaban en 10.000 millones de beneficio el primer año, al margen de volver a reactivar el mercado de la construcción de aquella en mínimos (año 2009, después de explotar la burbuja inmobiliaria), proyecto que se envió a múltiples instituciones y partidos, incluyendo el naciente de Colau y de Podemos, -sin respuesta de ninguno, por cierto-, quienes si se lo apropiaron. Así que, en supuestas paternidades y padres putativos, no se admiten originalidades. ¿Oído cocina? Pero eso como es grano de otro costal, un día entraremos en detalles, incluyendo un “leve y sutil “toque de atención de Hacienda a raíz y como resultado de la queja remitida finalmente al Parlamento europeo de aquel proyectado despropósito de banco malo, donde, por cierto, curiosamente el PSOE no dijo “ni mu” ni emitió queja alguna y que sin duda verificaran Uds. en las hemerotecas. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios- decía nuestro poeta-