¿Quo vadis Pedro Sánchez?

Premisa mayor: si el derecho de gracia, como residuo legal de una figura medieval del derecho, no es permitido que sea general, ni incluso al Rey, y en meros indultos, ¿cómo se puede mantener que la amnistía está permitida, aseverando que es una pretensión viable para generalizarla a casi mil incívicos, unos condenados y otros pendientes aún de juicio? Tampoco la Constitución dice nada de la violación, pero obviamente está prohibida.

El Constituyente, hubo dos proyectos de regular la amnistía, que fueron sucesivamente rechazados, lo cual ya indica que no se encuentra ni siquiera en su espíritu.

¿Realmente es cierto que nada dice la Constitución?: Por el art. 10.2,  por esta especial técnica de una de las aún más modernas cartas magnas del planeta, adapta todo el derecho internacional en que España sea parte, y obviamente, es una medida excepcional para casos traumáticos especiales y excepcionales ( guerras civiles…)

En absoluto puede ser susceptible de aplicar con el mero fin de hacer un gobierno con intereses contrarios al propio Estado, en cuanto a negociar con delincuentes huidos de la justicia por intentar alterar el mismo orden constitucional. Obsérvese, que la mera ubicación de los Títulos e instituciones que regula, el gobierno, queda relegado respecto de la institución del Estado  (Corona, Título II, gobierno Título IV) y  que tiene su lógica en la mayor objetividad del primero, respecto a los posibles intereses partidistas de un concreto partido y de sus intereses particulares, que podrían no coincidir con los generales de la nación y el interés general cual es el caso.

La amnistía, obviamente no procede, más cuando está a punto de reactivarse una orden internacional de extradición, respecto a fugados de la justicia, actualmente sin inmunidad, a quienes se les pide precisamente ahora que rijan, como primeras autoridades los destinos del país, todo ello, pese a no haber sido elegidos y atentar salvajemente contra la Constitución, como queda de manifiesto con los delincuentes ya condenados, aunque indultados.

El atentado contra la división de poderes es más que evidente, la burla del poder judicial, obvia.

No procede decir que es para pasar página y dar tranquilidad a Cataluña, en cuanto que la mayor parte de esa región está en contra del separatismo. Lo que procede es aplicar lo que aplicó el Tribunal Supremo, la pena normativa imperativa en toda su extensión del filósofo Immanuel Kant, más con unos sentenciados, que se cansaron de repetir que lo volverían a hacer. Prueba de su efecto en Cataluña, son los casi dos millones menos de votantes separatistas, y que en absoluto es fruto del cacareado apaciguamiento que dice el PSOE ha logrado al respecto concediendo,  lo que previamente su secretario general negaba.

Otorgar la amnistía, equivaldría de facto a declarar a España un estado no de derecho (al igual que se declaró internacionalmente el régimen franquista); significaría violar la seguridad jurídica, y la tutela judicial efectiva, lo que implicaría un grave retroceso en la posición constitucional mundial ( la vigésima tercera actualmente).

Conceder la amnistía, equivaldría a un peligroso precedente internacional para las constituciones escritas, en cuanto abriría la puerta a centenares de regiones propensas al separatismo en la misma Europa. En otras palabras, sería jugar a reeditar la historia sangrienta de los nacionalismos.

Crearía una “distopía” con un fin maquiavélico ( el afán de poder particular),  a través de unos medios inmorales, con una justificación infantil y efímera dado la previsible “brevísima” duración del gobierno ante otras inminente posteriores peticiones aún más inviables de los nacionalismos, cual sería un referéndum de independencia, aun sin tener las 2/3 partes del Congreso, en un adicional posible  intento de prescindir del Rey en caso de negarse a la sanción y firma, tendente a nombrar un “regente” y con ello, intentar finiquitar la época de la transición española tan ejemplar en los anales de la Historia.  Tensión social en suma en contra de la paz social.

Crearía un tratamiento contrario al principio de solidaridad y contra la igualdad al condonar deudas de una comunidad respecto al resto, todo ello igualmente inconstitucional en suma.

Ya hay precedentes de “realización arbitraria legislativa” tal como desaparecer el delito de rebelión y sustituirlo por sedición, en aras a una supuesta inexistente menor penalización de dicho delito en Europa ( aprovechando el mero tipo diferente como están redactados), cuando en realidad notoriamente no era así.

Igual precedente que el anterior, sería la modificación de delito de la malversación de caudales públicos, con la excusa (como en el caso anterior) que Europa era más liviana su penalización, lo que motivó incluso recientemente la notoria llamada de atención de Europa en el sentido de “restablecer el delito y las penas anteriores”, más en un país con una gran propensión a la corrupción política que se constata anualmente en los tribunales. 

¿Qué puede llevar a un dirigente a jugarse más aun su imagen, prestigio, y el futuro de su propio partido en una obcecación de seguir ostentando el poder sin viabilidad alguna y en contra de los intereses de España y de los españoles? - recuérdese que hasta su propio partido está fraccionado, y que quienes le votaron, -que no le permitió superar al PP- muchos no estarán de acuerdo con la amnistía, ni traer con honores a un evadido de la justicia dándole plena y máxima autoridad, que persiste en la separación a la brava. Algo incluso más esperpéntico, como si el presidente en su momento de EE. UU, llamase a Al Capone para formar gobierno y marcar las directrices del país.

¿Esa irracionalidad podría estar basada en el río de dinero a fondo perdido procedente de Europa, de los cuales, salvo error, el gobierno sorpresivamente solo ha repartido el 10%? (Fuente: La Voz de Galicia, agosto de 2023). ¿Podría tener relación directa con los extraños pactos secretos en política exterior respecto a Marruecos y el Sahara Occidental?

Lo lógico legal y moralmente, sería volver a convocar elecciones, más ahora que sabemos las secretas intenciones de Pedro Sánchez, que no las expuso en la convocatoria de elecciones, ni en su programa, ni eran conscientes los afiliados de su propio partido, y que hasta incluso él,  dichas posibilidades las había negado por activa y pasiva en público.

Una cosa es cierta, de persistir esta obcecación, y la consiguiente tensión político social que generará,  el resultado a corto plazo, será la desintegración y posterior “larga travesía del PSOE por el desierto”.