Los otros Estatutos problemáticos: el de Extremadura indigna a los nacionalistas catalanes, el de Castilla La Mancha divide al PSOE dentro y fuera del Congreso

Rodríguez Zapatero prometió, en su discurso de investidura de 2004, avanzar en la reforma de los Estatutos de Autonomía. Desde entonces, se han reformado o están en proceso de reforma doce Estatutos. Pero no sólo el de Cataluña ha planteado problemas. También los provocan, ahora mismo, los Estatutos de Castilla La Mancha y Extremadura.

El de Extremadura ha sido el último en llegar a sede parlamentaria, y la Mesa del Congreso ha arbitrado una solución jurídica para tratarlo sin las dilaciones que supuestamente iba a encontrar por la situación de estancamiento en que se halla el Estatuto de Castilla La Mancha, también en el Congreso.

En el Estatuto extremeño no preocupa su aprobación parlamentaria; en cambio, sí ha servido para generar polémica entre los nacionalistas catalanes porque lo comparan con lo que ha ocurrido con el suyo, con el Estatuto de Cataluña, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, entre otros actores.

El reproche que hacen los nacionalistas catalanes es que se aceptan artículos para Extremadura que otros artículos de igual contenido que han sido recurridos en el Estatuto de Cataluña. La aceptación por parte del PP de esos artículos en un texto y no en otro es algo que ya ocurrió, por ejemplo, con el Estatuto de Andalucía, también por comparación con el de Cataluña.

En concreto, entre las cuestiones recurridas en el caso catalán que sí han salido adelante en el extremeño se encuentran:

-- La inversión del Estado en la Comunidad Autónoma según el PIB.

-- Potenciación del Tribunal Superior de Justicia autonómico en detrimento del Tribunal Supremo.

-- El papel de Extremadura en sus relaciones internacionales en lo que afecta a Portugal. CiU, por ejemplo, considera un agravio comparativo el hecho de que no haya quejas por el establecimiento de un órgano extremeño específico encargado de las relaciones con Portugal, por la participación orgánica en las reuniones bilaterales o por las actividades de difusión y promoción del portugués y la cultura portuguesa en territorio extremeño. Los nacionalistas catalanes indican que el Estatuto de Extremadura consagra la asimetría entre Comunidades Autónomas sin que el PP haya alzado la voz.

El Estatuto de Castilla la Mancha hace aguas por el Tajo-Segura

El Estatuto de Castilla La Mancha, por su parte, conoce problemas de índole distinta. Hace casi dos años que se presentó en el Congreso de los Diputados y, desde los primeros debates, quedaron claras las posiciones: los nacionalistas aprobarán lo que los partidos de implantación nacional acuerden, y el acuerdo entre estos, según fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial Digital, alcanza más de un 95% del texto legal presentado.

 

Igual proporción alcanzan las enmiendas, donde el consenso es prácticamente total, por ser casi todas ellas de carácter técnico. El Estatuto, por tanto, estuvo a punto de ser aprobado en febrero y abril de este mismo año, pero no se logró salvar el escollo que aún causa su retraso: la alusión, en el preámbulo del texto, a la “caducidad del trasvase Tajo-Segura”.

En este punto, el PP y el PSOE tienen posiciones enfrentadas, al tiempo que la alusión a la caducidad del trasvase implica un problema interno para el PSOE, por ocasionar roces entre los socialistas manchegos y los socialistas murcianos y valencianos, así como entre los socialistas manchegos y los diputados socialistas del Congreso de los Diputados.

Pedro Saura, jefe de filas del PSOE murciano, acaba de hacer declaraciones públicas en las que deplora el tratamiento que el Estatuto castellano-manchego otorga al trasvase, al tiempo que, según fuentes parlamentarias consultadas por ECD, los diputados socialistas de Murcia y Comunidad Valenciana son los que están haciendo presión para impedir la llegada a buen puerto de un Estatuto impulsado de modo muy personal por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, José María Barreda, quien ha llegado a asegurar en privado que “si el Estatuto gusta en Murcia y en Valencia, es que es un fracaso”.

En este sentido, y tras la congelación de las negociaciones previstas entre los portavoces ‘popular’ y socialista, Soraya Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso, para desbloquear el Estatuto, fuentes del grupo popular informan a ECD de que el PP ha hecho llegar al PSOE el mensaje de que, antes de sentarse a negociar sobre el Estatuto, los socialistas deben alcanzar una posición unitaria dentro de su grupo. Desde que se hizo llegar ese mensaje, afirman estas fuentes, “no hay ninguna novedad”.

Con todo, la retirada del Estatuto por parte de las cortes castellano-manchegas, es algo que ya no se contempla. De retirarse, seguirían el precedente jurídico aplicado en primer término por el Estatuto canario, devuelto a las cortes de dicha Comunidad. Esta retirada tendría efectos políticos muy nocivos para Barreda, quien quedaría así como perdedor de una batalla con sus propios compañeros y superiores en el partido.

Desde el Partido Popular se ha criticado la expresión “caducidad del trasvase”, afirmando que se trata de “un puro brindis al sol” ya que, al estar en el preámbulo, no tiene valor normativo, pero “si no sirve para nada, ¿para qué darles la bofetada a Murcia y a Valencia? Si se quiere corregir el trasvase, que se haga en la ley del trasvase”.

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