¿Se podrá paralizar la amnistía? Juristas explican en qué situación quedaría sin efecto
No se puede dar marcha atrás una vez los jueces la apliquen, pero los magistrados pueden frenar su ejecución hasta que el TC se pronuncie sobre su constitucionalidad
- Una vez aplicada es irreversible
- Cuestión de inconstitucionalidad
- El texto de la amnistía busca que se aplique inmediatamente
La ley de amnistía se encuentra en trámite para su debate después de que la Mesa del Congreso diera luz verde a la proposición presentada por el Partido Socialista la semana pasada. Los letrados del Congreso de los Diputados señalan en su informe que no ven inconveniente para que el Hemiciclo aborde la iniciativa legislativa que eliminaría todas las causas judiciales abiertas por el procès. Previsiblemente, la norma saldrá adelante con el apoyo del PSOE, EH Bildu, Sumar, PNV, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y el BNG. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si esta ley va en contra de la Carta Magna.
Expertos en Derecho Constitucional consultados por Confidencial Digital ven difícil que la norma decaiga si ya ha sido aplicada por los jueces, pero sí observan una posibilidad: que los magistrados decidan no ejecutarla hasta que se pronuncie el TC.
Una vez aplicada es irreversible
El exletrado del TC y uno de los redactores de las propuestas de amnistía presentada por Sumar el pasado octubre, Joaquín Urías, considera que "no se puede dar marcha atrás" una vez se haya amnistiado a los encausados. "Si el Congreso aprueba la norma y los magistrados deciden aplicarla, no se puede revertir aunque el Constitucional diga a posteriori que no cumple con la Constitución.".
Una opinión compartida por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional: "Si los jueces amnistían a los encausados, lo lógico es que no se les pueda 'desamnistiar' después", afirma. Sin embargo, sí apunta que no es una cuestión meridiana, sino que el TC podría actuar de forma excepcional dada la propia peculiaridad de la ley, aunque lo considera "poco probable".
Cuestión de inconstitucionalidad
Los juristas consultados señalan que lo más plausible es que los propios jueces eleven una consulta al TC antes de aplicar la ley de amnistía y cerrar todas las causas abiertas. Una petición que se produciría incluso antes del recurso que pretende presentar el PP y que dirimiría si la ley incumple algún precepto de la Carta Magna.
"Los jueces pueden no aplicar la norma y esperar a ver qué dice el Constitucional", afirma Urías. Una opción que también resalta Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional.
Esta vía permitiría a los magistrados pausar la aplicación de la ley. Si el Tribunal, finalmente, dictamina que viola la Carta Magna, entonces los jueces no la aplicarían.
El texto de la amnistía busca que se aplique inmediatamente
Los redactores de la ley, conscientes de esta posibilidad, establecieron en el texto de la norma que su aplicación debía ser "inmediata". De esta forma se intenta evitar que los magistrados paralicen la amnistía y no puedan esperar siquiera a elevar una cuestión de inconstitucionalidad.
"El órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión", señala el artículo 4.1 de la proposición legislativa presentada por el PSOE y acordada, previamente, con Junts. La intención que persigue este redactado es que, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, los magistrados amnistíen a los afectados sin poder pausar dicha ejecución.
Sin embargo, De Carreras considera que esto es "inconstitucional" y que no se puede impedir a los jueces consultar al Constitucional por la legalidad de una norma.
La ley de amnistía impulsada por el grupo socialista supone el primer 'olvido' desde 1977. Una iniciativa que persigue eliminar todos los procesos judiciales abiertos a líderes y políticos independentistas desde la consulta ilegal de 2012 hasta la actualidad, pasando por el referéndum de 2017 y las protestas por la sentencia del Tribunal Supremos a los organizadores de dicha convocatoria.
