Ayuso rechaza impulsar una ley de concordia como las de Aragón, Valencia y CyL
Las autonomías populares que no dependen de Vox se resisten a aprobar normas contra la memoria democrática
El Gobierno de la Comunidad de Madrid descarta elaborar una ley de concordia como la aprobada por Las Cortes de Aragón y la impulsada por el Govern de la Comunidad Valenciana. Estas medidas buscan revertir las normas de memoria histórica implementadas por anteriores Ejecutivos regionales dirigidos por el Partido Socialista, y hacer frente a la ley de memoria democrática aprobada por el Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura y en vigor desde octubre de 2022.
Los gobiernos autonómicos del Partido Popular solo han elaborado estas medidas en ejecutivos de coalición con Vox. Ninguna administración regional capitaneada, en exclusiva, por los populares ha decidido dar la batalla legal a las leyes de memoria histórica o democrática desarrolladas por el Partido Socialista. El Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, y vicepresidido por Juan García-Gallardo, líder de Vox en el territorio, también anunció la creación de una ley de concordia en cuyo texto se afirma que el golpe de Estado militar que derivó en el conflicto civil y la dictadura no obedeció a tal hecho, sino a "dinámicas de enfrentamiento de años anteriores".
Ayuso no la impulsará en Madrid
Ayuso ni se plantea impulsar una norma de estas características. El gobierno regional no entrará a dar la batalla con otra ley que aborde el pasado de España desde el inicio de la guerra civil, en 1936, e incluso desde el comienzo de la segunda república, en 1931, como hace la norma impulsada por el Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana.
La presidenta, sin embargo, ha peleado en otros ámbitos la ley nacional de memoria democrática. Ya pidió su derogación, algo que no hará el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, si llega a la Moncloa, como ha adelantado este jueves ECD. Además, también planea proteger la cruz del Valle de Cuelgamuros —anterior Valle de los Caídos— por si el Gobierno central decidiese desmantelarla, aunque Moncloa no ha anunciado que tenga esta idea en mente.
La presión de Vox
La presencia de Vox en distintos gobiernos autonómicos, coincide con que son estos mismos ejecutivos quienes han impulsado medidas que revisan el pasado histórico. La presión del partido liderado por Santiago Abascal ha servido para que los populares se abran a estudiar estas medidas, pero, por ahora, ningún ejecutivo regional dirigido por el PP, con mayoría absoluta, va a elaborar una medida por el estilo. Ni en Madrid, ni en Galicia, ni en Andalucía.
Esta decisión coincide en parte con la adelantada por este digital. Como ya hizo con la ley del aborto, Feijóo no va a tocar la ley de memoria democrática aprobada hace año y medio por el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El dirigente popular considera que estas batallas "solo engordan a Vox" y "derechizan" el partido, y así se lo ha transmitido a su Comité Ejecutivo. “No tendremos mayoría en el Gobierno para hacerlo”, ha argumentado también. Feijóo prefiere centrar su estrategia en mostrar "gestión" y en hacer de la economía su principal arma.
El Gobierno estudia llevarlas al Constitucional
El Gobierno de la nación, liderado por Pedro Sánchez, ha anunciado que batallará estas normas impulsadas por PP y Vox desde us entrada en vigor. De momento, la única autonomía que ha dado luz verde a la ley de concordia es Aragón. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto un proceso de negociación con el ejecutivo que dirige Jorge Azcón para llegar a un acuerdo antes de recurrir ante el Alto Tribunal. De no llegar a un consenso, el conflicto se elevaría para dirimir qué norma prevalece: si la ley nacional de Memoria Democrática o la nueva norma aprobada por Las Cortes aragonesas.
En las otras dos regiones que han redactado una ley semejante —la Comunidad Valenciana y Castilla y León—, el Ejecutivo no va a actuar hasta que sean los parlamentos quienes aprueben la ley. Pero sí lo hará si esto sucede. En ambos territorios, populares y Vox suman mayoría absoluta.
