El decreto del Gobierno para la aprobación exprés de parques solares y eólicos contradice sus propias recomendaciones y las europeas

El Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre el nuevo paquete de medidas anticrisis, entre las que se incluía la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad o un bono de 200 euros para las familias vulnerables. Sin embargo, el Ejecutivo también coló en el decreto una nueva normativa sobre energías renovables con la intención de aligerar los trámites necesarios para la construcción de plantas eólicas y fotovoltaicas: elimina la evaluación de impacto medioambiental para casi todos los proyectos, lo que contradice no solo las recomendaciones del propio Ministerio de Transición Ecológica, sino las directrices europeas en las que se ampara el Ejecutivo para justificar la nueva normativa.

El estudio Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables, elaborado por el Ministerio, señala los terrenos donde pueden instalarse este tipo de parques y clasifica dichos lugares en cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Sobre las de máximo peligro, apunta que "son aquellas en las que, a priori, no sería ambientalmente recomendable implantar parques eólicos o plantas fotovoltaicas, debido a la presencia de elementos ambientales de máxima relevancia (indicadores de exclusión)". Sin embargo, el nuevo Decreto Ley permite la construcción de parques energéticos, incluso en zonas calificadas en el informe del Ejecutivo como áreas de “máxima sensibilidad ambiental”. Es decir, la categoría más alta en el escalafón. De modo que también se extiende a territorios con niveles bajos, moderados, altos y muy altos.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan a Confidencial Digital admiten que se ha eliminado la conocida como "Declaración de impacto ambiental", pero que, a su vez, ha sido sustituida por un "Informe de determinación ambiental". Desde Teruel Existe, el único partido que ha denunciado el cambio legislativo introducido en el decreto anticrisis, señalan que estos informes son “mucho menos rigurosos” que la evaluación medioambiental. “Si antes se elaboraban 10.000 páginas, ahora se quedan en 40”, señalan a ECD.

Fuentes del Gobierno aseguran a este medio que Transición Ecológica no pretendía impulsar estas medidas, pero que replican las directrices europeas anunciadas el pasado 22 de diciembre. “No son agradables, pero responden a un objetivo mayor, que es hacer frente a la crisis energética por la guerra de Ucrania”, afirman desde el Ejecutivo. Pero el reglamento de la Unión Europea (UE) señala que, a causa de la guerra de Ucrania y la crisis energética que está provocando por la falta de suministro de gas procedente de Rusia, se permiten “exenciones” en los procesos de evaluación, pero en proyectos muy concretos. El Ministerio, en cambio, lo aplica para todos, con la única condición de que estén fuera de zonas protegidas o de la Red Natura 2.000 (establecida por la UE). No obstante, la nueva legislación aprobada por el Consejo de Ministros, también da luz verde a construir parques eólicos o fotovoltaicos en el límite de la Red Natura 2.000, sin estudios que midan la afectación que esto puede tener sobre la fauna y la flora de los espacios protegidos.

Además, la norma comunitaria exige que “para que se introduzcan tales exenciones deben cumplirse dos condiciones (...) Que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables y que dicha zona se haya sometido a una evaluación medioambiental estratégica”. El Decreto Ley del Ministerio de Transición Ecológica no exige ninguna de ambas. El texto aprobado en Bruselas añade una última condición que el Gobierno tampoco exige: “Para garantizar la protección de especies, deben adoptarse medidas de mitigación proporcionadas o, a falta de tales medidas, medidas de compensación”.