Fomento solo tiene el apoyo de Andalucía y Comunidad Valenciana para resolver la crisis del taxi
El traspaso de competencias sobre las licencias VTC a las autonomías cuenta con la oposición de todos los gobiernos del PP y Cataluña
Después de toda una semana de paros y provocando importantes colapsos en ciudades como Madrid y Barcelona, el sector del taxi desconvocó la huelga en la noche del 2 de agosto, a la espera de que Gobierno, al día siguiente, tomara medidas. La propuesta presentada por Fomento en el Consejo de Ministros es vista con buenos ojos por los taxistas, pero no así por las comunidades autónomas.
El ministro Ábalos presentó, hace una semana, un informe en el que proponía una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), según la cual las propias regiones puedan regular sobre las licencias VTC. Una transferencia de competencias que permitiría un mayor control sobre nuevos permisos en los diferentes territorios.
La propuesta, además, incluía otras medidas para corregir el desequilibrio que en los últimos años se ha producido entre el número de autorizaciones de taxi y VTC. Esta modificación legal, no obstante, se ha pospuesto hasta septiembre, a la espera de las diferentes reacciones de los gobiernos autonómicos a la oferta del Gobierno.
Fomento, en este sentido, ya anunció que su proyecto, aceptado por el sector del taxi, no implicaba que las comunidades autónomas “se tengan que ver obligadas” a regular en este ámbito. Así, “si una administración autonómica decidiera no hacerlo, seguiría siendo de aplicación la normativa estatal”, avisaron desde el Ministerio.
Problemas con los gobiernos del PP
Esa “letra pequeña” de la propuesta del Gobierno es, según fuentes de la negociación entre Fomento y el sector del taxi, la que está provocando al Ministerio más quebraderos de cabeza: “El traspaso de competencias a las comunidades es para que éstas las deleguen luego a los ayuntamientos de las grandes ciudades, donde operan Uber y Cabify. Y, a día de hoy, no hay muchos avances”.
Todo ello porque, después de varios días en contacto con diferentes administraciones, en el equipo de Ábalos tienen claro que ningún gobierno regional del PP, ni tampoco la Generalitat de Cataluña, van a asumir cualquier tipo de atribución sobre las licencias. A día de hoy, solo Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde existen problemas con las VTC, apoyan la medida del Gobierno.
Con el respaldo de Díaz y Ximo Puig, y de los ayuntamientos de Sevilla y Valencia, el Gobierno confía en que estas dos ciudades tengan las “manos libres” para administrar sus propias licencias. No obstante, en Málaga, con gobierno municipal del PP, “la cosa está más difícil”.
Lo mismo pasa en Madrid, pese al respaldo del Ayuntamiento de Manuela Carmena a la medida, debido al veto de la Comunidad a asumir las competencias citadas. Una postura que obligará a Fomento a interlocutar directamente con la administración local... y a contrarreloj, ya que los taxistas esperan novedades en septiembre.
La “web de control”, también en duda
El rechazo de Cataluña y de las comunidades del PP a la propuesta del Ministerio tiene, además, otra derivada.
Fomento buscaba la creación de una web que recogiera datos actualizados de las licencias por comunidades autónomas, para que solo el 20% de las nuevas VTC pudieran operar fuera de esas regiones. No obstante, si no hay acuerdo entre las administraciones autonómicas y la central, ese proyecto también está en duda.
Conscientes de esta falta de avances, los taxistas dan como fecha límite al Gobierno el 14 de septiembre para “traernos algo concreto”. Y advierten: “Si seguimos como hasta ahora, Madrid y otras ciudades arderán dentro de un mes”.
