El PP podrá retrasar dos meses las leyes de un Gobierno de Sánchez
La mayoría absoluta que lograron en el Senado le permitirá vetar normas que solo podrán aprobarse si el PSOE consigue después 176 síes en el Congreso
- Vetar las leyes
- La importancia de la mayoría en el Congreso
- Dos meses de plazo
- Objetivos de estabilidad presupuestaria
El Partido Popular podrá vetar temporalmente las leyes de un hipotético Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares sacaron mayoría absoluta en el Senado el 23-J con 120 escaños, más otros 20 que serán designados por las comunidades autónomas. En consecuencia, los senadores populares podrán bloquear las leyes que salgan del Congreso de los Diputados. Si todos los parlamentarios del PP votan en contra, la norma volverá a la Cámara Baja y solo podrá seguir adelante si se aprueba por mayoría absoluta en menos de dos meses.
Vetar las leyes
El sistema parlamentario español no da la misma importancia a ambas Cámaras. El Congreso de los Diputados tiene mayor 'rango' que el Senado y, como tal, puede legislar a pesar de que los senadores intenten bloquear las iniciativas legislativas que salgan de la Cámara Baja.
Las normas se aprueban primero en el Congreso para después pasar por el Senado. Este puede introducir enmiendas, es decir, reformar el texto legal o directamente vetar la ley: para lo que se necesita mayoría absoluta. Los populares la obtuvieron el pasado 23 de julio. El resultado no fue favorable al bloque de la derecha. PP y Vox no obtuvieron la mayoría absoluta en la Cámara Baja y el actual presidente socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez, podría reeditar un Gobierno de coalición con el apoyo de las formaciones a su izquierda.
Pero el PSOE se ha encontrado un escollo en el Senado. A pesar de que consigan la investidura, la tramitación de todas las normas puede quedar bloqueada por el PP. Si los populares deciden poner las cosas difíciles a un hipotético Gobierno de Sánchez, votarán en contra de todas las leyes que salgan del Congreso, aprovechando la posibilidad que les da el reglamento.
Sin embargo, el bloqueo tiene una solución que puede servir a los socialistas: la norma volverá a la Cámara Baja. Si vuelve a ser aprobada en un plazo de dos meses —debe serlo por mayoría absoluta—, el veto se elimina y la ley queda aprobada.
La importancia de la mayoría en el Congreso
Aunque el veto pueda levantarse con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, los socialistas no tienen garantizados los números. La suma de izquierda les deja a cuatro diputados de los 176 escaños y necesitarán a Junts per Cataluña no solo para la investidura, sino para la aprobación de cada ley.
Si el Senado rechaza las normas que sean aprobadas en el Congreso, el Gobierno deberá reeditar una mayoría pactando con el partido independentista de Carles Puigdemont. Una aritmética que se antoja complicada y puede ser un palo en la rueda si esta práctica se prolonga durante los cuatro años de legislatura.
Dos meses de plazo
Al volver al Congreso, las leyes rechazadas en el Senado deben aprobarse en menos de dos meses. Si se supera el plazo, la norma no entraría en vigor. Esto supone que, como mínimo, retrasaría la entrada en el BOE de todas las propuestas legislativas del Gobierno. Otro obstáculo más en la agenda legislativa de una supuesta coalición progresista.
En la pasada legislatura, el Ejecutivo ya tuvo problema para aprobar algunas normas de vital importancia a pesar de que estuviesen en vigor gracias al uso del Real Decreto Ley —que permite la entrada en el BOE de las leyes tras tener la luz verde del Consejo de Ministros y sin necesidad de pasar primero por el Congreso de los Diputados—. Un ejemplo fue la reforma laboral, que llevaba varias semanas en marcha cuando estuvo a punto de decaer por el voto en contra de socios habituales del Gobierno como Esquerra Republicana o EH Bildu.
Objetivos de estabilidad presupuestaria
El Senado no tiene poder de veto permanente. Las normas pueden seguir adelante, pero hay una iniciativa sobre la que sí tiene poder de bloqueo absoluto: los objetivos de estabilidad presupuestaria. Se trata de establecer la "capacidad o necesidad de financiación y el objetivo de deuda pública" del conjunto de Administraciones Públicas. Incluyendo municipios. Un mecanismo para regular la deuda y cuya dependencia del Senado fue incluida por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012.
El PP en 2018 ya aprovechó su mayoría absoluta para vetar los objetivos fijados por el Ejecutivo.
