Puigdemont puede ser candidato, pero la amnistía no le garantiza tomar posesión
Varios juristas recuerdan que no está condenado y tiene plenitud de derechos, pero será detenido si vuelve a España
- No está condenado
- Podría ser detenido al volver a España para tomar posesión
- La ley de amnistía no garantiza su libertad
El adelanto electoral anunciado este miércoles por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cogido por sorpresa a Junts, socio de Gobierno hasta hace año y media cuando decidieron abandonar el Ejecutivo catalán. El principal rival de Esquerra Republicana dentro del independentismo sospecha ahora que los republicanos han consensuado la decisión con el Partido Socialista de Cataluña para dejar fuera de juego al expresident Carles Puigdemont e impedir que fuese candidato en los comicios aprovechando que la ley de amnistía aún debe recorrer varios trámites para entrar en vigor. Pero los juristas expertos en Derecho Constitucional consultados por Confidencial Digital rechazan que el líder de Junts no pueda presentarse: sí podrá encabezar la lista, pero tendrá más complicado tomar posesión del escaño.
No está condenado
El principal argumento que esgrimen los juristas consultados se basa en que no pesa condena alguna sobre el político catalán. Puigdemont se fugó de España en octubre de 2017 después de que su Ejecutivo organizara un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Para evitar las consecuencias penales de esta consulta y de las leyes de desconexión que culminaron con la declaración de independencia unilateral, el expresident huyó a Bruselas.
Pero, a pesar de que sí cae sobre él una orden de detención, no ha sido procesado y el Tribunal Supremo tampoco ha dictado sentencia condenatoria alguna, de modo que está plenamente habilitado para presentarse en las listas de Junts a los comicios catalanes. Precisamente, los líderes separatistas que sí fueron juzgados terminaron resultando culpables de un delito de sedición y quedaron inhabilitados para ocupar cualquier cargo público. A pesar de los indultos parciales, que pusieron fin a las penas de todos los condenados, y de la rebaja de la malversación —delito por el que también fueron declarados culpables— aprobada por el Congreso de los Diputados, el exdirigente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de líderes procesados continúan inhabilitados.
Podría ser detenido al volver a España para tomar posesión
Puigdemont podrá, en opinión de los expertos consultados, ejercer de candidato de Junts en los comicios del próximo 12 de mayo. Hasta ahí parece no haber dudas jurídicas, pero a partir de entonces el futuro del expresident se complica. “La orden de detención que pesa sobre el político catalán se ejecutaría en el mismo instante en que Puigdemont pisara suelo español”, afirman los constitucionalistas a ECD.
Una situación semejante a la de Clara Ponsatí, que fue detenida a las pocas horas de llegar a España. El líder de Junts pasaría a disposición judicial y, dados los delitos de los que se le acusa, lo más probable sería que el juez decretara prisión provisional, al igual que sucedió con el resto de dirigentes catalanes detenidos en 2017. Una situación que le impediría poder tomar posesión del acta en el Parlament si obtuviese escaño. De modo que, de facto, aunque pudiese presentarse a los comicios, tendría muy difícil poder hacer uso de su condición de diputado.
La ley de amnistía no garantiza su libertad
En todo este proceso irrumpe la ley de amnistía aprobada este jueves en la Cámara Baja. La norma impulsada por el Grupo Socialista busca poner fin a todos los procesos judiciales abiertos por el procès. La medida, exigida por Junts, afectaría también al propio Puigdemont y dejaría sin efecto las acusaciones que pesan sobre el expresident. Pero la iniciativa legislativa aún debe pasar por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta y no solo vetará la norma sino que podrá demorar su tramitación hasta dos meses. Por eso en Junts creen que tanto el PSC como ERC planearon el adelanto electoral para impedir que la amnistía hubiese entrado en vigor antes de los comicios autonómicos.
Tras pasar por la Cámara Alta, volverá al Congreso, donde se aprobará definitivamente. Pero incluso si la norma entrase en el Boletín Oficial del Estado antes de que se constituya el Parlament y los diputados tomen posesión, los expertos consultados explican que, “es más que probable” que los jueces eleven una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional para que dictamine si la amnistía cumple o no con la Carta Magna —un debate jurídico sin resolver que ha inundado todo el proceso de elaboración de la norma—. Mientras el Alto Tribunal avala o tumba la ley, el juez tendría vía libre para ejecutar la orden de detención y mantener al expresident en prisión provisional. De modo que, incluso llegando a tiempo, la amnistía no garantiza a Puigdemont poder tomar el acta de diputado en el Parlament.
