Las exigencias de Sumar al PSOE: dieciséis medidas sobre corrupción y ocho leyes sociales
Creación de una agencia independiente para prevenir mordidas, endurecer el Código Penal, impulsar la ley ELA, prohibir la compra de pisos en zonas tensionadas…
- Una ley contra la corrupción
- Endurecimiento del Código Penal
- Creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción
- Endurecer el Código Penal
- Exclusión de indultos
- Bloque de Medidas Sociales
- Propuestas para la Vivienda
- Ley ELA y Derechos de las Familias
- Conclusiones y Reacciones
Sumar ha planteado al PSOE una serie de exigencias como condición para mantener con cierta normalidad el actual Gobierno de coalición: son dieciséis medidas sobre corrupción y aprobar ocho leyes sociales.
Las medidas se plantean para hacer frente al ‘caso Santos Cerdán’, secretario de organización del partido Socialista hasta el mes pasado y ahora en prisión preventiva por el cobro de mordidas ilegales.
Y aborda propuestas para resucitar la legislatura y sacarla de la parálisis en la que ha entrado por la negativa de Junts y Podemos a apoyar distintas iniciativas.
Las medidas deberán ser impulsadas ya en este mes de julio, porque en agosto cierra el Congreso de los Diputados, y continuadas en septiembre con el comienzo del nuevo curso político.
Una ley contra la corrupción
Las normas para luchar contra la corrupción vienen englobadas dentro de una ley que recoge distintas reformas.
Sumar exige: obligar a los políticos corruptos y a los corruptores —las empresas y empresarios— a asumir los costes “directos e indirectos” de sus acciones. “Perjuicios a terceros, costes judiciales, restitución de los derechos lesionados…”
Endurecimiento del Código Penal
El plan prevé también prohibir durante 20 años que las empresas condenadas por corrupción puedan concurrir a un concurso público. El dilema aquí es que rara vez se condena a una empresa, sino que se circunscribe siempre al comportamiento de una persona física integrada dentro del organigrama de una corporación.
También expropiar “bienes o beneficios” adquiridos “mediante prácticas corruptas”. Sumar hace suya la petición de Izquierda Unida y Esquerra Republicana y considera que “debe perseguirse el rol que juegan las empresas corruptoras y sus dirigentes”.
Creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción
Y recoge alguna cuestión que ya se cumple, como realizar un pleno monográfico sobre corrupción —que se celebrará el próximo 9 de julio— pero exige también que el presidente del Gobierno depure “responsabilidades políticas”.
Una demanda clave es crear una “Agencia Independiente contra la Corrupción”. Un organismo que investigue, sancione y colabore con la Fiscalía y que también pueda recibir denuncias anónimas. El texto no especifica en qué se diferencia esto de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por funcionarios expertos en la materia.
Endurecer el Código Penal
La segunda parte del bloque anticorrupción demandado se centra en endurecer el Código Penal. Una tesis que choca con la tradicional postura no punitivista de las formaciones progresistas, que en este caso apuestan por ir un paso más allá.
Sumar pide alargar los tipos penales, para homologarlos con “otros (...) de la misma gravedad”, aunque sin especificar cuáles.
Pretende endurecer las conductas de “pasividad ante la corrupción” en caso de que alguien las conozca y no informe sobre ellas.
Aprovecha también para proponer más pena por el delito de cohecho y por el delito fiscal, ampliando el plazo de prescripción.
Cabe recordar que el novio de Isabel Díaz Ayuso se encuentra inmerso en un caso de esta índole, acusado de defraudar cientos de miles de euros al fisco en una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Exclusión de indultos
También plantean que los políticos condenados no puedan ocupar cargo público durante 30 años y crear un nuevo delito: “Enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos”. Esto es, que, si Hacienda detecta que has tenido un aumento de patrimonio que no eres capaz de justificar, se te castigue. Se fija el límite en 50.000 euros, cuando ahora está en 250.000.
Sumar propone prohibir indultos a condenados por corrupción, aunque no explica qué considera corrupción. Si incluyese la malversación, no se podría indultar a personajes del procès aún pendientes de juicio como Carles Puigdemont —amnistiado solo por el delito de rebelión o sedición—.
También, agilizar las investigaciones —no explica cómo— y que los partidos políticos paguen por los casos de corrupción que haya en sus filas, por su responsabilidad “in vigilando”.
Demanda aumentar el número de jueces y fiscales especialistas, crear una comisión de investigación sobre el ‘caso Cerdán’ —que ya existe en el Parlamento—, fortalecer la independencia y la financiación de la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia, y poner en marca una autoridad independiente de “Protección del Informante” de presuntas corrupciones.
Bloque de Medidas Sociales
Propuestas para la Vivienda
En la parte social, que Sumar insta a acometer después de todas las medidas anteriores, incluye todo tipo de propouestas, algunas ya sabidas como no aumentar “ni un euro” el presupuesto militar.
Pide al PSOE que prorrogue por ley los contratos del alquiler para que no venzan y el casero no pueda subirlos. E imponer por ley que la duración de los contratos sea indefinida, a revisar cada año solo el IPC.
También, impulsar la ley de regulación de los alquileres de temporada y habitaciones —en trámite—, prohibir comprar vivienda en zonas tensionadas —según la ley de vivienda— e invertir el 1% del PIB en el Plan Estatal de Vivienda hasta 2029.
Sumar y PSOE coinciden en que solo solventar el problema de la vivienda puede salvar la legislatura.
Ley ELA y Derechos de las Familias
El texto incluye dotar de recursos y poner en marcha la ley ELA, paralizada por la falta de Presupuestos; y un decreto ley —con obligación de aprobarlo antes de verano— para “garantizar el derecho de las familias a cuidar”:
“Aprobación de la remuneración de 4 de las 8 semanas de permisos parentales de cuidados”; “ampliación de los permisos por nacimiento de las 16 semanas actuales a 20 semanas”; y “equiparar a las familias monomarentales en derechos, reconociendo 34 semanas de permiso por nacimiento”.
Por último, el documento exige “activar la prestación universal pro crianza” comenzando por las edades más tempranas hasta los 18 años. Una de las medidas estrella de Sumar.
Conclusiones y Reacciones
En las filas de Sumar consideran que, solo proponiendo e impulsando medidas, pueden desencallar una legislatura que parece perdida tras la enorme crisis que ha abierto en el PSOE el informe de la UCO incriminando a la mano derecha del presidente Pedro Sánchez.
Los de Díaz, representados en una rueda de prensa con miembros de todos los partidos englobados bajo la marca, calificaron de insuficiente la postura del PSOE y la acusaron de una “parálisis” que demuestra no ser conscientes de “la gravedad de la situación”.
