Jueces y fiscales piden que la ley de confidentes proteja mejor a quienes colaboren contra en yihadismo
Fue diseñada para combatir el narcotráfico y resulta insuficiente para el caso de testigos sobre terrorismo islamista
La lucha judicial contra el yihadismo tiene un gran obstáculo por delante: la ley de protección a testigos, una normativa con más de 20 años de antigüedad que “ya no sirve” para los actuales casos de terrorismo. Jueces y fiscales han solicitado al Gobierno su reforma.
Según fuentes judiciales consultadas por El Confidencial Digital, los funcionarios que investigan el fenómeno yihadista han solicitado al Gobierno y al Ministerio de Justicia herramientas jurídicas más eficaces para luchar contra el terrorismo.
Explican que la actual ley de protección de testigos, la Ley Orgánica 19/1994, es “insuficiente” a la hora de trabajar con confidentes que colaboren con las Fuerzas de Seguridad y los agentes jurídicos.
La LO 19/1994 delimita claramente el concepto de testigo protegido, pero no el de confidente: la persona que aporta una pista fundamental para evitar un ataque terrorista, o informa de la existencia de una red de captación que opera en su comunidad. En algunos casos, explican, son jóvenes –o familiares de éstos- que han sido tanteados por estos grupos, y que al no querer unirse a ellos están dispuestos a hablar.
Sin embargo, los mecanismos que establece dicha ley, con más de 20 años de antigüedad, no contemplan la protección de la figura del confidente. Por tanto, los agentes de la los distintos cuerpos policiales se encuentran a veces con una pared: no pueden ofrecer protección a un confidente que la exige como condición indispensable para colaborar.
Además, explican, en los últimos años se ha reducido considerablemente la capacidad económica que disponen para poner en marcha los mecanismos de protección a testigos e informantes, pese a que la cantidad de personas dispuestas a colaborar ha crecido. Sobre todo, aquellos dispuestos a delatar a presuntos terroristas islamistas.
Se trata, dicen, de una legislación “deficiente” que está provocando retrasos en investigaciones. Según ha sabido ECD, un grupo de juristas y fiscales está elaborando una propuesta de reforma que será presentada al Gobierno en los próximos meses.
