Los funcionarios de prisiones denuncian que se enfrentan a los motines sin suficiente protección

El intento de motín del pasado viernes en el módulo de aislamiento del Centro Penitenciario de Las Palmas II ha reactivado las críticas sobre la protección y seguridad a la que se enfrentan los funcionarios de prisiones. Los trabajadores consideran que están “muy desprotegidos”.

Este suceso tuvo lugar cuando los funcionarios iban a trasladar por motivos regimentales a un interno de una celda de aislamiento a otra situada en el mismo departamento. El funcionario le ordenó que recogiese sus pertenencias y, tras desobedecerle, tanto él como los demás reclusos comenzaron a golpear las puertas de las celdas mientras insultaban y amenazaban a los trabajadores.

Tras esta situación, empezaron a romper cristales de las celdas, muros y grifos, e intentaron agredir a los funcionarios que se encontraban presentes. A pesar de que ningún trabajador resultó herido físicamente, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), este tipo de situaciones deja secuelas psicológicas. 

Los trajes de intervención dejan los laterales descubiertos

Para situaciones de emergencia, los funcionarios de prisiones disponen de unos trajes de intervención. Según han señalado desde la APFP a Confidencial Digital, el problema de este vestuario es que tardan 20 minutos en ponérselo porque su mecanismo “es muy difícil”, e incluso se necesita la ayuda de dos funcionarios para enfundarlo. Además, han añadido que han tenido que aprender ellos mismos a colocárselo ya que no han recibido ningún tipo de formación.

Otro hándicap de esta vestimenta de emergencia es que tan sólo está preparada para personas que miden 1,80 puesto que es talla única. Además, una mujer no podría utilizarlo ya que está preparado para el cuerpo masculino.

Los funcionarios han argumentado que el origen de la dificultad para ponérselo es porque está compuesto por varias piezas y se ata con velcros y correas, quedando los laterales completamente desprotegidos. Por ello, han solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que les implanten un traje similar al que utilizan las Unidades de Intervención Policial (UIP), ya que son rápidos de poner y seguros.

A pesar de que tardan 20 minutos en ponérselo, tienen que utilizarlo de forma obligatoria ante una emergencia, ya que si no se lo enfundan y “pasa algo, es motivo de expediente”, han manifestado. Además de esta vestimenta, también disponen de escudo, casco, defensa de goma y esposas.

Protocolo de desescalada para estas situaciones

El protocolo que se utiliza para controlar estas situaciones se denomina “desescalada”, según fuentes de APFP. En un primero lugar, el encargado del departamento de aislamiento intenta mantener una conversación con el interno para que deponga su actitud, pero, si no lo consigue, es necesario avisar al Jefe de Servicios para que evalúe la situación.

Si el Jefe de Servicios no consigue a través del diálogo que el interno cambie de comportamiento, ordena a los funcionarios de servicio que hay en el centro que acudan al lugar del incidente. El número de profesionales que asisten al lugar varía en función de la gravedad del caso y del número de presos implicados, aunque, según han explicado, suelen ser entre cinco o diez. 

Posteriormente, se trata de entrar a la celda, quitarle los objetos peligrosos, esposarlo y llevarlo a otra celda. Una vez retenido, se le realiza un cacheo para verificar que no lleva ningún objeto que pueda utilizar para autolesionarse o incendiar la celda, como, por ejemplo, un mechero o cordones del pantalón o las zapatillas.

El siguiente paso es trasladarle a un aislamiento provisional en el que puede permanecer 24 horas y se puede prorrogar si sigue en estado de agresividad o si lo determina el servicio médico.

Una vez controlada la situación, según han destacado, se realiza un informe de lo ocurrido, que se eleva a Dirección, a Inspección Penitenciaria y al Juzgado de Vigilancia si se han usado medios coercitivos. Los servicios médicos se encargan de ejecutar un parte de lesiones al interno, independientemente de que las tenga o no, que se eleva al Juzgado de Guardia.

Consecuencias disciplinarias

Para los presos, esta situación conlleva una sanción que consiste en el aislamiento en celda, con una salida al patio de dos horas y la privación de paseos, han recalcado desde APFP.

Legalmente, “al interno le sale gratis al ser insolventes”. Por agresión a un funcionario o daños en las instalaciones, al no tener condición de agente de autoridad el Ministerio “suele poner una multa” que paga el Estado.