Los guardias civiles de Tráfico de Navarra no saben qué va a ser de ellos a dos días del traspaso de la competencia
Desconocen cuándo se pondrá en marcha exactamente la pasarela para ingresar en la Policía Foral y cuáles serán las condiciones
El próximo 1 de julio está marcado en las agendas de la Guardia Civil y la Policía Foral de Tráfico como el inicio de la etapa de cambio de forma efectiva y oficial. Sin embargo, el traslado a la Comunidad Navarra de la Competencia de Tráfico -que se barruntaba “más ordenado y tangible” según agentes de la Benemérita-, está viviendo momentos convulsos en vísperas de la absorción por parte del cuerpo autonómico.
Dicha transferencia implica que la Policía Foral asumirá todas las responsabilidades que hasta ahora recaen en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, principalmente las funciones de vigilancia y el control de las carreteras.
Todo ello, se efectuará de forma progresiva y teniendo en cuenta los plazos y condiciones pese a que, al parecer, aún no han sido determinados de manera concluyente por ningún organismo público en detrimento de la tranquilidad de los agentes.
Confidencial Digital ha podido hablar con organizaciones relacionadas con el cuerpo de la Guardia Civil, que a falta del venidero anuncio oficial de la transferencia, solo desean que “no se alargue esta agonía” que comenzó mediante un acuerdo con el Gobierno en 2018.
Discordia en el traslado
En primera instancia, cabe destacar que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) presentó en abril un recurso al Tribunal Supremo alegando que no se siguió el procedimiento normativo, unido a una solicitud de suspensión cautelar de la norma. No obstante, fue rechazado.
Uno de los postreros intentos de la larga lista de críticas que ha habido desde el cuerpo. Dado que, según ha podido saber ECD, hace años una de las asociaciones que velan por los intereses de la Benemérita trató de frenar a toda costa esta transferencia. El resultado, sin embargo, también fue en vano.
Así pues, invita a pensar que los motivos que llevaron recientemente al portavoz y vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez a hablar de "hostilidad hacia el régimen foral" eran argumentados, a tenor de las discrepancias que han tenido lugar en los últimos meses.
Adaptarse o abandonar
La tesitura que tendrán que afrontar los guardias civiles pasará por un ejercicio de reflexión de su futuro. Tendrán que elegir, una vez asumida la titularidad por parte de la Comunidad Navarra, entre adentrarse en el colectivo de la Policía Foral -con los condicionantes morales, económicos y profesionales que suponen un procedimiento de adaptación-, o bien solicitar la mudanza a otra comandancia.
Una decisión que obliga al cuerpo a estar en el limbo. Conforme a la normativa, el Gobierno de Navarra estableció en 149 el montante de efectivos que requieren este nuevo servicio, algo que de acuerdo con los testimonios que ha podido recoger Confidencial Digital, “no parece que se alcance la cifra”.
Por otro lado, esta “medida propagandística fruto de un acuerdo político” -así es como definen el traslado de la competencia ciertas fuentes internas del cuerpo-, ha desembocado también en un "perjuicio al resto de agentes" que acarreen un determinado tiempo en una ubicación y quieran pedir el traslado a otra por las ventajas que dispondrán aquellos que abandonen Navarra.
"Buenas intenciones"
'Martirio', 'incertidumbre' o 'cansancio' son las palabras más repetidas por las organizaciones cuando son consultadas acerca de la transferencia. Añaden también que en la Guardia Civil solo han recibido "buenas intenciones" y que durante el último cuatrimestre de 2023 "se habilitará la pasarela", aunque a día de hoy "no hay nada verdaderamente tangible".
Todos parecen conscientes de la dificultad que evidencia una transferencia de este calibre. No obstante, siguen rogando algo más que "mensajes de ánimo" y reclaman a Interior su escasa implicación en el proceso.
Asimismo, pese a que los afectados todavía depositan su optimismo en el correcto funcionamiento de la pasarela, han recibido la instrucción de que no deben hablar con los medios con el fin de "no obstaculizar la negociación" que está en marcha y, por ende, ésta "pueda llegar a buen puerto".
