Protesta de apoyo a los policías y guardias civiles investigados por disturbios en Cataluña
Un sindicato y una asociación profesional se manifestarán ante los juzgados de Barcelona contra la amnistía a los independentistas implicados en delitos
El proyecto del PSOE para amnistiar a cientos de independentistas catalanes investigados, procesados y condenados por delitos cometidos con ocasión del proceso secesionista suma una nueva convocatoria de protesta en su contra.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se concentrarán el 10 de noviembre ante los juzgados de Barcelona, para mostrar su apoyo a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que declararán en calidad de investigados por los disturbios protagonizados por independentistas radicales en octubre de 2019, en las protestas contra las condenas de cárcel para los líderes del 1-O.
El acto convocado tiene distintos objetivos. No sólo expresarán su respaldo a los agentes imputados, sino que también mostrarán “su total rechazo a ser humillados ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC para la investidura de Gobierno de Pedro Sánchez”.
Señalan que van a apoyar “a los 45 miembros de la Policía y Guardia Civil que prestaron servicio en uno de los momentos más difíciles para nuestra democracia”.
Desde AUGC y SUP denuncian que los policías nacionales y los guardias civiles están siendo “utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno”, y por ello “la Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta comunidad autónoma”.
Ambas organizaciones lamentan que “nos apedrearon el 1-O del 2017 y ahora nos “apedrean” institucionalmente”.
Destacan que “poniendo en riesgo nuestra propia integridad física, los policías y guardias civiles dimos cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional, y ahora vemos como desde el Gobierno central se trata de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de derecho para negociar y blanquear lo gravemente ocurrido aquel día y tratar de condenar judicialmente y humillar a policías y guardias civiles que actuaron con total seriedad y profesionalidad el 1-O”.
“Desmantelamiento en Cataluña”
Las críticas del Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles va más allá de criticar el plan para dejar impunes a quienes agredieron a los agentes de las Fuerzas de Seguridad en distintos episodios de altercados callejeros.
También denuncian que el acuerdo pactado para la investidura entre PSOE y ER lleva “al desmantelamiento de la seguridad ciudadana en Cataluña”.
Explican que “se aumenta la plantilla de los Mossos d’Esquadra, se aumenta la partida presupuestaria para esta policía autonómica mientras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nos niega el reconocimiento del complemento de Zona de Especial Singularidad, se entregarán inmuebles cuya titularidad corresponde al Estado a la Generalitat de Cataluña [la Jefatura Superior de Policía en Vía Layetana], cuestión que afectará a edificios de Policía y Guardia Civil, y esto parece ser tan solo el principio”.
Además, critican que “es este Gobierno quien ha incumplido la cláusula tercera y octava del Acuerdo de equiparación salarial que, precisamente, se refiere al aumento de plantilla para la Guardia Civil y la Policía y aprobar las iniciativas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda reproducir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Es inaceptable este trato discriminatorio y negativo hacia guardias civiles y policías”.
Ante lo expuesto, señalan que no pueden “permanecer impasibles por lo que consideramos un claro ataque a nuestros derechos profesionales, donde no solo fuimos utilizados en el 1-O, para después ser “moneda de cambio” según conveniencia, sino que ahora también tenemos que ver como este el Gobierno riega económicamente a los Mossos y culmina así la expulsión definitiva de guardias civiles y policías de Cataluña”.
