El Gobierno canario mantiene sanciones a propietarios de apartamentos pese a prometer su paralización
El conflicto en torno a la ley turística canaria vuelve a estar en el centro del debate. Pese a que el Ejecutivo regional anunció en marzo la paralización de las sanciones, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) advierte de que los propietarios siguen recibiendo multas.
Estas sanciones, que pueden alcanzar los 2.500 euros, afectan a quienes usan sus apartamentos para disfrute personal o no los ceden a un explotador turístico. Una situación que, según los afectados, vulnera sus derechos de propiedad y perpetúa un modelo de gestión cuestionado.
La promesa del Ejecutivo frente a la realidad de los propietarios
En marzo de 2025, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto Ley 2/2025, con el objetivo de suspender las sanciones a los propietarios de apartamentos turísticos que no cedieran sus viviendas a empresas explotadoras. El anuncio generó expectativas entre los afectados, pero apenas unos meses después, la ASCAV ha denunciado que las multas no solo continúan, sino que se han intensificado.
El marco legal se apoya en la Ley Turística de 2013, que obliga a mantener un uso turístico en determinados complejos de apartamentos y bungalows. El problema radica en que, para cambiar el uso a residencial, se requiere la unanimidad de todos los propietarios del complejo, una condición considerada prácticamente inalcanzable.
Las sanciones alcanzan hasta 2.500 euros
Según ASCAV, los propietarios reciben sanciones de hasta 2.500 euros simplemente por disfrutar de sus viviendas los fines de semana o en periodos vacacionales, aun cuando no se trate de alquileres vacacionales ni de residencias permanentes. Esta situación ha sido calificada como un "acoso y derribo" contra quienes invirtieron en estas propiedades tras años de esfuerzo.
El malestar crece en zonas turísticas como Playa del Inglés, donde cientos de pequeños propietarios ven limitada la posibilidad de decidir sobre el uso de sus inmuebles. La normativa impide tanto alquilar por larga temporada como residir de forma permanente, dejando como única opción la cesión a empresas explotadoras.
Un decreto que no resuelve el fondo del problema
Para la plataforma de afectados, la decisión del Ejecutivo de aprobar el Decreto Ley 2/2025 no fue más que un parche. A su juicio, la raíz del conflicto está en la propia Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013, que consideran desfasada e ineficaz para dar respuesta a la realidad actual del sector inmobiliario y turístico.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que el modelo de explotación centralizada favorece la competitividad y la imagen del destino turístico. Mientras tanto, los pequeños propietarios denuncian sentirse atrapados en un sistema que limita su libertad de uso sobre sus bienes.
El debate jurídico y social en torno al uso del suelo
El conflicto no solo es económico, sino también jurídico. La exigencia de unanimidad para modificar el uso del suelo ha sido cuestionada por juristas y asociaciones de consumidores. Según ASCAV, esta condición resulta imposible de cumplir en la práctica, perpetuando la dependencia hacia las empresas explotadoras.
En este sentido, los afectados reclaman una revisión normativa que permita compatibilizar la actividad turística con el derecho a la propiedad privada. Mientras tanto, las sanciones continúan llegando, lo que genera una creciente frustración y sensación de indefensión.
Una situación que afecta a miles de familias
El caso de Canarias no es aislado. Otras comunidades autónomas han enfrentado tensiones similares entre el turismo reglado y el uso particular de las viviendas. Sin embargo, en las islas, el peso del turismo en la economía hace que la regulación sea más estricta.
De acuerdo con ASCAV, miles de familias canarias se sienten hoy perjudicadas por una normativa que les impide disfrutar de un inmueble adquirido con ahorros de toda una vida. La asociación insiste en que el Gobierno debe ofrecer soluciones reales y no medidas temporales.
Un debate que sigue abierto
El futuro de los apartamentos turísticos en Canarias depende de una reforma que permita conciliar los intereses de la industria y de los pequeños propietarios. Mientras tanto, el pulso entre el Ejecutivo y las asociaciones vecinales continúa abierto.
La Consejería de Turismo de Canarias mantiene su posición, pero la presión social y jurídica aumenta. El debate sobre las sanciones y la gestión de los apartamentos turísticos seguirá marcando la agenda en los próximos meses.
