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Sanidad establece medidas comunes en toda España para las poblaciones confinadas por rebrotes

Ha planteado a las autonomías el uso obligatorio de la mascarilla en terrazas y elevar a los 600 euros las multas por incumplir las restricciones en las zonas perimetradas

Los Mossos d'Esquadra controlan el confinamiento de la comarca del Segrià.
photo_camera Los Mossos d'Esquadra controlan el confinamiento de la comarca del Segrià.

Dos semanas después del estado de alarma, casi 300.000 personas viven confinadas en sus comarcas, en Lleida y Lugo; unas 80.000 han retrocedido a fase 2 en Aragón; dos edificios, uno en Santander y otro en Albacete, están precintados por culpa del coronavirus. Sanidad busca dar cierta uniformidad a las medidas en los confinamientos.

Se calcula que existen medio centenar de brotes bajo vigilancia repartidos prácticamente por todo el país. Solo se libran por ahora de nuevos contagios Asturias y La Rioja.

El Gobierno defiende que las comunidades autónomas son ahora las que deben gestionar, decidir y resolver los problemas que van apareciendo en el camino hacia el control de la epidemia.

Pero las soluciones que van ofreciendo cada una de ellas son variadas. No hay un número mínimo de casos para decidir un confinamiento, tampoco está tasada el área que es necesario acotar y todo ha quedado en manos de lo que los expertos en salud pública consideren necesario para contener al virus.

En comunicación con Sanidad

Los Gobiernos autonómicos son los que, con asesoramiento y en comunicación con Sanidad, deciden qué medidas toman, cuándo y dónde. Hay que recordar que los técnicos del Ministerio contaban con ir detectando brotes tras la desescalada y daban por hecho que serían necesarias cuarentenas concretas cuando comenzaran a crecer. 

El ministro Salvador Illa ha insistido en esta idea en más de una ocasión: “Si hay que tomar acciones más contundentes en el sentido de obligar a confinamientos muy quirúrgicos, habrá que hacerlo”, advirtió hace varias semanas.

Se buscan ciertos criterios comunes

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Sanidad, pese a que la gestión corresponde a las autonomías, el Ministerio considera conveniente buscar ciertas medidas comunes para aplicar en todas las poblaciones donde se tome la decisión de dictar un confinamiento selectivo para cortar la transmisión del virus.

Entre las medidas que se plantean se encuentran el refuerzo de la vigilancia policial para imponer el uso obligatorio de la mascarilla, por ejemplo en terrazas y lugares de ocio especialmente concurridos, como se ha hecho en el confinamiento dictado en Galicia.

También se propone elevar las sanciones por incumplir las restricciones hasta los 600 euros en esas zonas concretas.

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No hay mapa riguroso de los rebrotes

También son las autoridades regionales las que informan sobre los brotes. Aunque tienen la obligación de notificar al Gobierno central cada uno (entendido como tres o más casos vinculados, o uno solo si se trata de una residencia), el Ministerio de Sanidad no lo hace público. 

Tampoco hay comunicación oficial de cuándo se consideran extinguidos, algo que en términos epidemiológicos sucede tras dos periodos de incubación del último caso detectado, es decir, 28 días. Estas circunstancias hacen prácticamente imposible tener un mapa riguroso de los brotes en España.

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