Pena de telediario

Tenemos que hacernos mirar esto de las filtraciones judiciales. Lo dice el director de un medio confidencial que basa su trabajo en conseguir exclusivas e incentivar a sus redactores para que logren fuentes de información no publicada. Por eso, porque estoy aludiendo a algo que me puede perjudicar, puede tener más valor aludir a ello. Y lo hago.

Les voy a poner un ejemplo: se acaba de saber que la fiscalía sostiene que el Rey Emérito era comisionista internacional. Se ha filtrado un escrito donde la fiscalía del Tribunal Supremo asegura que, indiciariamente, don Juan Carlos I amasó su fortuna mediante el cobro de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.

Se ha cursado una comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas. Y este escrito ha llegado a la prensa.

Esto es gravísimo. Por dos motivos principales: a) no significa que el investigado sea culpable de nada, en absoluto (¡y lo parece!); y b) la fiscalía tiene el deber, insisto el deber expreso, de no revelar sus actuaciones. Sin embargo, desde hace algunos años (esto no es nuevo, no es un caso puntual) se están radiando sus movimientos. Este organismo es un coladero.

Los grandes perjudicados somos los ciudadanos. No sólo Juan Carlos I, no. Mañana puede ser usted, su padre, su amigo, su vecino… y perder, en un instante, su presunción de inocencia. Es de las cosas más sagradas que uno debe preservar pero, en un minuto de telediario, puede quedar destruida.

Es un tema muy grave y relevante, insisto. Podemos destruir mucho en poco tiempo. Después, es prácticamente imposible llenar el vaso con toda el agua derramada, como se suele decir tan gráficamente. Por más que uno se empeñe es prácticamente imposible restaurar del daño realizado.

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