¡Abajo el TC, viva el GAL!

Lo de viva el GAL procede de un buen amigo mío, filósofo, profesor, quien al ver los ataques al Tribunal Constitucional por su sentencia sobre el estado de alarma, y ente el argumento de que lo que debe primar es el bien general por encima del cumplimiento de la ley, comentó: “Eso es tanto como decir viva el GAL”.

En la España de hoy, nadie comprende,  y menos aún justifica, un fenómeno como aquel. Por recordarlo rápidamente, el GAL fue una operación de Estado en la que se dio vía libre, con policías por medio, al asesinato de miembros de ETA como procedimiento para acabar con los actos terroristas que estaban arrasando este país, y que tiene estas cifras finales: 3.000 atentados, 864 muertos y más de 7.000 víctimas.

¿Pero qué dice en realidad el Tribunal Constitucional en su auto? Simplemente que, para aprobar un recorte de derechos fundamentales como el confinamiento era preciso declarar estado de excepción, en lugar de estado de alarma. Y ya está.

Así que habría sido suficiente con que el Gobierno se acogiera a la herramienta jurídica  adecuada, para tener toda la legitimidad. Que, sin embargo, no alcanzó, por no haberlo hecho.

Así pues, se produjo un fallo, un error, a la hora de articular las primeras medidas de urgencia dirigidas a combatir la pandemia.

Por sostener eso, al Tribunal Constitucional le ha caído la del pulpo, como suele decirse.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, que fue quien primero salió a la palestra para criticar la decisión, recurrió a argumentos científicos, políticos, de protección civil, de evaluación de riesgos y de sentido común… pero no citó un solo argumento jurídico y de legalidad.

Hasta Margarita Robles criticó que los magistrados hubieran entrado en "elucubraciones doctrinales", cuando el Ejecutivo -dijo- "hizo lo que tenía que hacer". "Muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social. El TC debería tener un sentido de Estado y saber cuál es la realidad", añadió.

¿Elucubraciones doctrinales, cuando se trata de la protección de derechos fundamentales y del cumplimiento de la ley, una de ellas la mismísima Constitución? No me parece.

Y la tromba que ha caído sobre el Tribunal Constitucional se entiende mucho menos aún cuando resulta que, tal como se ha conocido ahora porque se ha publicado, Carmen Calvo propuso aplicar el estado de excepción al comienzo de la pandemia y lo rechazó Félix Bolaños, hoy ministro de la Presidencia y hombre fuerte de La Moncloa.

La vicepresidenta planteó "dudas" sobre el estado de alarma y apoyó, en las reuniones con Sánchez, una vía "más prudente". Tenía razón, por lo visto, Carmen Calvo, y no Félix Bolaños, que ahora ha quedado tocado.

Vayamos al meollo del asunto, que es este: ¿por qué el Gobierno recurrió a la figura del estado de alarma? Muy sencillo. Porque la alternativa, el estado de excepción, requiere permiso previo del Congreso para ser aprobado, y además otorga al Estado los máximos poderes, en detrimento de las comunidades autónomas, algo que no iban a aceptar los socios vascos y, sobre todo, catalanes. Esa es la clave.

Recordando a la letra lo que ocurrió con la sentencia sobre Rumasa, Pedro Sánchez presionó personalmente al presidente del TC para frenar la decisión contra el estado de alarma. Lo mismo hizo Carmen Calvo. Y lo sufrió en propias carnes la magistrada progresista Encarnación Roca, cuyo voto resultó clave para sentar la inconstitucionalidad del confinamiento

Conde-Pumpido sostiene que la sentencia del Constitucional “desarma al Estado contra las pandemias”. No es cierto. Porque el TC no dice que no hay modo de enfrentarse a esa amenaza. Lo que establece es que el cauce, la herramienta, es el estado de excepción, no el de alarma.

Pero acepta el resto de limitaciones, al rechazar partes del recurso como la que también consideraba inconstitucional la limitación a la actividad económica, algo que habría abierto la puerta a reclamaciones económicas de negocios y empresas al Estado.

Desde el Gobierno y sus epígonos se enfatiza que el estado de alarma era "absolutamente imprescindible para salvar vidas”, y que sin esa herramienta, que le permitió decretar el confinamiento general de todo el país, "no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días". Hablan de que se salvaron 450.000 vidas.

No dicen verdad. Al Gobierno le era igualmente posible recurrir al estado de excepción, porque tenía en su mano convocar un pleno urgente del Congreso y contaba con mayoría suficiente para aprobarlo, como demostró quince días después, cuando ratificó el estado de alarma. Y así habría prevalecido el control parlamentario, es decir, la representación auténtica de la soberanía nacional, de la que, por cierto, ha emanado el Gobierno. Y se habría respetado la Constitución.

La sentencia salió adelante con los votos en contra de dos magistrados conservadores (el presidente, Juan José González Rivas, y Andrés Ollero), y de tres progresistas, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Y desempató el voto de la progresista Encarnación Roca.

¡No quiero ni pensar la que se habría montado si la decisión hubiera salido adelante solo con los votos en bloque de los magistrados conservadores! Vista la virulencia de las críticas, en tal caso habrían sido capaces de movilizar a las turbas y asaltar y pegar fuego a la sede del alto tribunal. Lo de los incendios es una vieja tradición hispana.

¿Por qué esa reacción en tromba del Gobierno, y con él toda la izquierda, incluidos opinadores y tertulianos de su cuerda? El problema no está, por supuesto, en la nulidad, y en su caso obligación de devolución, del millón de multas impuestas por el incumplimiento de aquel primer confinamiento.

Desde mi punto de vista, han estallado, simplemente, porque les han llevado la contraria. Nada más. Y eso es algo que no van a tolerar. No pueden asumir que haya instancias de contrapeso que equilibren poderes y frenen sus excesos. No admiten, en fin, lo que siempre se ha llamado división de poderes. Y eso no deja de ser alarmante.

Alfonso Guerra ha negado repetidas veces que él hubiera pronunciado la frase “Montesquieu ha muerto”, cuando el PSOE consiguió su primera y aplastante victoria electoral, en 1982, que le proporcionó diecinueve años seguidos en el poder. Pero da la impresión que hoy algunos querrían firmar esa defunción.

Porque, al final, ¿de qué estamos hablando? Simplemente del imperio de la ley. De la prevalencia de la Constitución que nos dimos entre todos. Dicho con palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional: "Ni el interés general puede prevalecer al margen de la ley sobre derechos fundamentales".

En caso contrario, en el supuesto del todo vale cuando entra en juego el interés general, entonces habría que concluir con un ¡Viva el Gal! O también ¡Viva las cloacas!, ¡Viva la llamada ‘policía patriótica’!, y hasta ¡Viva Villarejo! Creo que no exagero.

editor@elconfidencialdigital.com

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