¿Amnistía? Indignados por los 15.000 millones
La concesión de la amnistía a los implicados en el intento de golpe de estado en Cataluña constituye un mensaje demoledor.
Que aquellos que protagonizaron un referéndum unilateral e ilegal para romper España, y que pusieron en armas las calles de Barcelona, con altercados que la justicia califica como actos de terrorismo, se vayan de rositas, no lo aguantan fácilmente los ciudadanos.
Por mucho que se empeñen desde el Gobierno, desde su partido y desde los medios amigos, en repartir calificativos, todo indica que no es la derecha irredenta la que estos días se ha echado al monte a lo largo y ancho del país. Porque las manifestaciones que han sembrado España se han visto nutridas principalmente por españoles normales, que se sienten y saben españoles. No por el facherío, aunque, por supuesto, no haya estado ausente. Españoles enfadados.
Sánchez seguramente no imaginó que se podía montar esa hoguera, o al menos no tan amplia y generalizada. Aunque, como es bien sabido, sus anchas espaldas pueden soportar eso y bastante más.
El problema es que las movilizaciones iniciadas una semana antes se han visto multiplicadas estos días, en número de actos y en asistentes. Con una intensidad de enfado como hace tiempo no se veía. Y eso parece harina de otro costal: algo mucho más preocupante para el inquilino de La Moncloa.
¿Por qué está ocurriendo eso?
Los analistas más ponderados apuntan a una circunstancia nueva, que se esconde detrás de las concentraciones, y hasta algaradas, de las últimas jornadas: lo que está indignando al españolito medio son los 15.000 millones que va a perdonar el Estado (el Gobierno, siendo precisos) a Cataluña.
Es decir, ha entrado en escena un factor especialmente delicado: el dinero.
Que el personal de a pie, que se las ve y desea para sostenerse con cierta dignidad; que afronta impuestos cada vez más elevados; que no sabe cómo va a pagar este mes la hipoteca del piso; que se ha endeudado para poder ir de vacaciones en verano; que ha retrasado hasta no sabe cuándo el cambio del coche; que ha reducido el presupuesto de alimentación, renunciando a productos hoy inalcanzables... Que a ese españolito le digan que una comunidad autónoma no va a pagar 15.000 millones... eso le llega al alma. O más bien al hígado. Y hasta a los riñones.
Se entiende que se haya sulfurado, tras escuchar que Pedro Sánchez conseguirá continuar en La Moncloa a cambio de esa cantidad de millones. Que es, por supuesto, dinero de todos.
“Nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”, dijo un día una ministra de Cultura de Zapatero llamada Carmen Calvo, después ministra de Presidencia y finalmente vicepresidenta con Pedro Sánchez. Por lo visto, es también lo que opina el presidente del Gobierno (en funciones) y por eso ha decidido, graciosamente, perdonarlo a Cataluña.
Pero tan enorme cantidad no sale de su bolsillo, ni de los presupuestos de su partido, sino de las arcas del Estado. Y el problema es que la gente, los españoles de a pie, insisto, no parecen dispuestos a tragar.
De poco ha servido que, inmediatamente después de anunciar el acuerdo con Oriol Junqueras, el negociador y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmara que eso mismo, la condonación parcial de la deuda, se iba a aplicar a las demás comunidades autónomas.
No ha servido, primero, porque con Cataluña el compromiso está ya firmado y rubricado. Segundo, porque no creen que tal privilegio se vaya a extender al resto. Y tercero, y sobre todo, porque eso de perdonar dinero, sin más y por las buenas, no se compadece con las apreturas económicas que sufren tantas familias en este país, con lo que ganan y con los impuestos que pagan.
Y tampoco se admite fácilmente que comunidades autónomas que han hecho los deberes, porque han administrado con acierto, y que por tanto no acumulan deuda, o es muy baja, reciban el mismo tratamiento que las que han manejado el dinero, si no con alegría, sí con irresponsabilidad. Y, desde luego, con incapacidad y torpeza.
El famoso ‘café para todos’ no es muy admisible en este terreno. Menos aún en los casos en que ha habido irresponsabilidad. Por ejemplo, dedicando los fondos públicos a crear supuestas (y carísimas) embajadas. O subvencionando organizaciones radicales independentistas. Y adjudicándose sueldos siderales. Por citar un caso, que viene muy a cuento: el presidente de la Generalitat de Cataluña es el que más cobra de todos los presidentes autonómicos: 132.856 euros al año.
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