El Comité de la Verdad debe vigilar a La Moncloa
Pedro Sánchez ha engañado a los españoles en numerosas ocasiones, por ejemplo a propósito de distintos comités de expertos que, según él, se estaban ocupando de gestionar algunos desafíos relacionados con el coronavirus, y que luego se ha demostrado que no existían.
Y, cuando se anunció la puesta en marcha del Comité de la Verdad, encargado de vigilar todo lo que se difunde en los medios de comunicación, teóricamente contra la desinformación, los bulos y las fake news, se levantó una buena ventolera.
Más aún cuando se concretó que estará liderado por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
El mismísimo Antonio García Ferreras arremetió contra el Gobierno. "No creo que a la Unión Europea le haga mucha gracia que los gobiernos de los diferentes países europeos estén dedicados a montar comités de la verdad para controlar lo que dicen las televisiones, los periódicos o las radios”.
Ferreras preguntó: “¿Quién decide? ¿Algún ministro? ¿Algún colega?”.
El Gobierno intentó apagar la hoguera afirmando que se había creado únicamente para combatir las noticias falsas que llegasen desde fuera de las fronteras.
Aseguró que solo iba a cuidar de que determinadas potencias extranjeras no interfirieran en nuestros asuntos con noticias falsas. En ningún caso -dijo- el Gobierno quería controlar lo que publican los medios de comunicación españoles.
Carmen Calvo insistió, en rueda de prensa, en que tendrá como objetivo proteger a España de injerencias extranjeras que pretendan atentar contra la democracia española.
“No tiene nada que ver con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de nuestro país”, afirmó, a pesar de que uno de los encargados de vigilar a los medios es el dircom de Pablo Iglesias, el vicepresidente que dijo que existen medios de comunicación que amenazan la democracia.
El problema es que era mentira. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aclaró que sí, que “los medios están bajo vigilancia”.
“Aquí -reconoció- no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población y que pueden causar un gran quebranto a nuestra democracia”.
Pero, además, el problema es que el Gobierno desinforma sobre la desinformación.
Según un artículo publicado por FAES, que resumo a continuación, no es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga un plan para luchar contra la desinformación. Primero, porque confunde los conceptos de desinformación y de fake news. Segundo, porque no dice la verdad cuando afirma que su plan toma como punto de partida el Final Report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation de la Comisión Europea.
Sobre esto último, el Comité de la Verdad no cumple con ninguna de las cinco recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Europea, que explícitamente exigen la no interferencia de las autoridades públicas en las políticas editoriales de los medios de comunicación y en la libertad de expresión.
El hecho de que la Secretaría de Estado de Comunicación y el director del Gabinete del presidente del Gobierno sean los coordinadores de este plan resulta en sí mismo escandaloso. Si se desarrolla como está previsto, se convertirá en el marco legal para valorar como “desinformación” cualquier noticia que contraríe al Gobierno.
Lo que sí sorprende -añade el artículo-, es que los expertos que asesoran al presidente no distingan entre conceptos tan básicos como fake news y desinformación.
Una fake news es un “bulo”, una noticia falsa, una mentira. Pero, cuando detrás de una noticia falsa hay una estrategia política, esta se convierte en desinformación.
La desinformación se emplea en las operaciones especiales de influencia política. No es la simple divulgación de mentiras, sino la difusión de mensajes, tanto verdaderos como semi verdaderos o falsos, para engañar a sus receptores.
El concepto de desinformación se lo debemos a los revolucionarios rusos, en particular a Lenin. Cuando, solo unos días después de la Revolución de Octubre, ordenó el cierre de la prensa “contrarrevolucionaria” (es decir, de los periódicos antibolcheviques), Lenin afirmó que “la información es un arma no muy diferente de las bombas”.
Por cierto, añado yo, queda bastante claro de dónde ha sacado el súper líder de Podemos, Pablo Iglesias, convertido hoy en vicepresidente del Gobierno, sus ideas sobre lo que es la libertad de prensa e información.
La desinformación -continúa el artículo- formó parte desde entonces de las “medidas activas” del Gobierno soviético, que la definía como una acción cuyo fin es “desacreditar y debilitar a los oponentes y distorsionar su percepción de la realidad”.
Desde Lenin, la militarización de la información fue habitual en la estrategia soviética, y el actual régimen ruso conserva esa tradición. Recientemente hemos vuelto a oír hablar de desinformación a propósito de la injerencia de Rusia en los procesos electorales de países europeos y de EEUU.
El carácter de esta “Guerra de Nueva Generación” lo explica Valery Gerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, como una “estrategia de influencia, no de fuerza bruta”, porque su objetivo trascendental es “romper la coherencia interna del sistema [político, económico, militar] del enemigo, y no aniquilarle”.
Todas las campañas de desinformación empiezan en casa, porque las potencias totalitarias que la impulsan pretenden explotar nuestras vulnerabilidades y dividir nuestras sociedades.
Lo insólito ahora -concluye el artículo- es que el Gobierno de un país miembro de la UE imite a los peores en la pretensión de control de los medios de comunicación y en la restricción de la libertad de expresión como medidas para reforzar sus posiciones de poder a costa del pluralismo.
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