José Apezarena

¿Y si desimputan a la infanta Cristina?

El sábado se cumplirá uno de los objetivos del juez Castro: la declaración de la infanta Cristina ante su juzgado, como imputada, para responder de la doble acusación de delito fiscal y blanqueo de dinero.

En buena lógica jurídica, esta escena no tendría que haberse producido porque, según opinión de un amplio número de especialistas, el hecho de no existir acusación del fiscal, ni de la Agencia Tributaria, ni del Abogado del Estado, y de que sólo la sostenga la acusación popular (que no es directamente afectada por los hechos), tendría que haber llevado a archivar la acción contra la infanta.

Pero las cosas han llegado donde han llegado, y en este momento esa hipótesis resulta ya implanteable e inaplicable.

En vísperas de la declaración, hay que decir que, desde el punto de vista de la Casa Real, todas los desenlaces posibles a la comparecencia del sábado constituyen auténticas alternativas malditas.

La peor de ellas consistiría en que la infanta pasara de imputada a acusada, ya con acusación formal por parte del juez, y por tanto con el horizonte de sentarse un día en un banquillo de los acusados. Resultaría demoledor.

A la vista de los fundamentos que expresó el instructor en el extenso auto de imputación, y por supuesto del previsible contenido de la declaración de la hija del rey, tal posibilidad parece relativamente remota. Aunque, todo hay que reconocerlo, el juez Castro ha demostrado ser un personaje bastante impredecible.

Pero es que la otra previsión, es decir, que al final la infanta Cristina resulte desimputada, con lo que quedaría fuera de la causa de forma definitiva, también provoca dolores de cabeza intensos en La Zarzuela. ¿Por qué? Porque no faltarán quienes, honestamente algunos, torticeramente otros, según los casos, proclamarán que, visto el desenlace, ha habido trato de favor a la duquesa de Palma.

Saldrán a la palestra protagonistas que aducirán que la justicia se ha plegado ante 'los poderes', que no es igual para todos, y que la voluntad del juez Castro ha resultado al final doblegada.

En La Zarzuela espanta que pueda instalarse la insinuación de que el rey, o sus gentes, han intervenido, mediado o condicionado el normal desempeño de la justicia. Porque se trata de una acusación grave y de largo y delicado recorrido.

 

Una última reflexión. A la vista de un pronunciamiento judicial, ¿por qué, si coindice con lo que uno piensa o desea, entonces se trata de una decisión ajustada a derecho y tomada libremente por el magistrado; mientras que, si va en contra de la previa posición propia, entonces se concluye que ha habido manipulación y presiones?

¿Validamos la actuación de los jueces dependiendo de que sus conclusiones nos plazcan? No parece muy defendible.

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