España confederal... y por la puerta de atrás
Pedro Sánchez tiene un plan para convertir España en un Estado confederal, una especie de “nación de naciones” con distintas soberanías, que no cabe en la Constitución. Y pretende hacerlo con disimulo, intentando que no se note. Es decir, por la puerta de atrás.
Así lo revelan algunas fuentes políticas, y lo denuncia José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores y eurodiputado, en el libro que está ultimando junto con el economista Fernando Eguidazu, miembro del Comité Ejecutivo del Banco de España hasta febrero, cuando finalizó su mandato.
Con ello, el líder socialista trata de complacer a los nacionalismos vasco y catalán, transformando la España constitucional en una “España de las autonomías” o “nación de naciones”, organizada como un Estado confederal. Es el precio a pagar por garantizarse su apoyo en la investidura ,y después.
Dado que esa España confederal no cabe en el marco de la Constitución, y que no hay consenso para abrir un proceso constituyente y modificar la Carta Magna, Margallo sostiene que “lo van a hacer por la vía de atrás”.
Sánchez lo pondrá en marcha de forma que no haya que recurrir a una reforma de la Constitución, algo muy complicado, y en principio inviable porque recibirá la frontal oposición del Partido Popular.
La España plurinacional, confederal, figura en las negociaciones que ha tenido y está teniendo con los nacionalistas vascos y catalanes. Seguramente, esa promesa ‘explica’ los apoyos que sigue ofreciéndole el PNV a pesar de las veleidades del presidente del Gobierno con sus rivales de EH Bildu.
El procedimiento para esa ‘reforma constitucional en la sombra’ consiste en aprobar unos Estatutos de Autonomía para Euskadi y Cataluña profundamente modificados, apelando a los derechos históricos de ambos territorios como supuesta fuente de legitimación.
Los nuevos Estatutos incluirán, entre otras reformas, restricciones a la capacidad de intervención del Estado a la hora de limitar las leyes regionales: no podrá actuar ni siquiera a efectos de coordinar la legislación, salvo con el recurso de casación para la unificación de doctrina.
Además, las dos autonomías tendrán una agencia tributaria propia, lo mismo que sendos Consejos Generales del Poder Judicial, que nombrarán libremente sus propios jueces, sin intervención de Madrid.
España solo conservaría una “soberanía nominal”, que permita a esos territorios permanecer en la UE y tener acceso al Banco Central Europeo.
Los nuevos textos autonómicos recogerán, en fin, lo principal del fracasado Plan Ibarretxe, rechazado por el Congreso de los Diputados, y del Estatuto de Autonomía aprobado en Cataluña y que fue reformado por el Tribunal Constitucional.
España confederal por la puerta de atrás.
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