Fraude de ley en la Comunidad de Madrid
El atolladero político en que ha entrado la Comunidad de Madrid no parece tener, por el momento, una solución clara desde el punto de vista jurídico.
Han entrado en colisión, como resulta bien conocido, dos actuaciones enfrentadas: la disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones anticipadas, aprobada por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; y la interposición de sendas mociones de censura, por parte del PSOE y de Más Madrid.
Al principio de que, existiendo moción de censura presentada, no es posible disolver la Cámara, se opone el argumento de que, cuando se entregaron las dos citadas, ya se había acordado, firmado y anunciado oficialmente, el final de la legislatura. A lo que los primeros responden que la resolución de la presidenta no había sido publicada en el diario oficial de la Comunidad (cosa que se produjo ayer), y por tanto no había entrado en vigor.
El asunto está siendo estudiado por los especialistas, sobre todo en derecho administrativo, sin que exista un parecer unitario, dado lo insólito de la situación, nunca producida hasta ahora, de que al anuncio de una disolución se respondiera inmediatamente con la interposición de mociones de censura precisamente para impedirla.
Un amigo mío, abogado prestigioso, me destaca una circunstancia chocante, aunque no por eso menos esperada: los juristas de derechas, y por tanto se supone que a favor de Díaz Ayuso, consideran en su mayoría que la disolución prevalece sobre las censuras; los de izquierda, se supone que cercanos a las posiciones de socialistas y Podemos, defienden casi unánimemente que las mociones bloquean y anulan la convocatoria anticipada de elecciones.
No deja de tener su aquel, el hecho de que el color político de cada uno provoque también un determinado alineamiento jurídico. Y eso en ambos bloques, por llamarlos así.
Algo parecido ocurre, por cierto, en muchos medios de comunicación, y entre periodistas y opinadores: ven esta realidad según el color de su cristal, azul o rojo.
Reconozco que no tengo una opinión técnica sobre tan particular contencioso, en el que, sin embargo, está en juego nada menos que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, que cambiaría de color si se impone la tesis de que las dos mociones de censura prevalecen.
Eso afectaría, de rebote, al futuro del Partido Popular, de su líder Pablo Casado, y hasta al resultado de las siguientes elecciones generales, porque las consecuencias de gobernar o no en Madrid van mucho más allá del simple ámbito autonómico.
Pero, volviendo al asunto concreto, desde el simple sentido común, se me ocurre una reflexión. En el caso de que lo prevalente fueran las mociones de censura, el resultado sería que nunca cabría una disolución y convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Porque, en cuanto se tuviera noticia de la decisión, y puesto que la publicación en el diario oficial no es automática, no es inmediata sino que cumple unos pasos, los contrarios siempre tendrían la opción de interponer entretanto la susodicha moción, que bloquearía el anticipo electoral.
Y, si es así, a lo mejor estaríamos en un caso claro de lo que se llama fraude de ley.
Dicho lo cual, asumo que alguno me atribuya que yo miro igualmente las cosas desde mi particular cristal. ¡Qué le vamos a hacer! Aunque, por cierto, se trata de una opinión que también he leído en un artículo de El País. No sé si eso me ‘salva’.
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